El empresario Francisco Gayá se ha querellado contra Madrid Network y sus máximos responsables por uso fraudulento de fondos públicos. Según informa elDiario.es. se trata de una querella criminal ampliada por posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de subvenciones y ayudas públicas, estafa agravada e imposición de condiciones abusivas que conllevan la administración desleal, cohecho o exacción ilícita, organización criminal y blanqueo de capitales.
Gayá considera que los denunciados de la entidad originaron la quiebra de su empresa, en la que también participaron otros accionistas. El acuerdo entre el empresario y Madrid Network consistía en sustituir en el contrato de préstamos los avales personales del primero por la garantía de un avión construido por su compañía, Flightech Systems -firma que fabricó con éxito el primer avión matriculado en Europa para volar sin contacto humano-, cuando la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) concediese todos los permisos de vuelo y operaciones del avión, tal y como pasó.
El quid de la cuestión se encuentra en que, en vez de liberar las garantías patrimoniales que Gayá puso para conseguir 1,5 millones de euros del préstamo a su empresa y cambiarla por la prenda del activo del vehículo, que estaba valorado en 2,6 millones de euros, Madrid Network no habría liberado la carga del empresario y, además, habría añadido la garantía prendaria del avión, siempre según denuncia el empresario y recoge el medio mencionado. Ello habría llevado finalmente a la empresa a la suspensión de pagos y, en última instancia, a Flightech Systems a la quiebra.
“Posición de asfixia patrimonial injustificada”
La denuncia señala que los querellados “utilizaron de forma desviada poderes de representación otorgados” tanto por la empresa como por Gayá “abusando de su posición dominante”, con el fin de “actuar en nombre de ambas partes de la relación jurídica simultáneamente”
El texto indica que “bajo un flagrante conflicto de intereses” los denunciados “firmaron unilateralmente” una escritura y que “lejos de cumplir el compromiso de liberar las garantías personales de la familia Gayá, dicha escritura se instrumentalizó para imponer una carga adicional sobre la aeronave EC-LYG (tasada en más de 2 millones de euros), manteniendo al querellante atrapado en una posición de asfixia patrimonial injustificada”.
En el mismo documento, la parte denunciante expresa un fin “puramente cosmético e institucional” cuando se refiere a la “ampliación de garantías”. “Solo pretendía aparentar una gestión eficiente del crédito que, contrario sensu, condujo a la mercantil a la declaración voluntaria de concurso (…) En lugar de ayudar a Flightech Systems en la contratación de sus aeronaves contra incendios con los servicios de bomberos de la Comunidad de Madrid como estaba inicialmente previsto como pilar de la viabilidad de la compañía”, emite.
Gayá acusa a Madrid Network -que habría emitido facturas de contenido falso- y a sus responsables, concretamente a seis directivos, de contribuir “a una estructura de Organización Criminal” en una querella que alcanza también a funcionarios y políticos del Partido Popular que, a juicio del empresario, habrían ayudado en la fraudulenta gestión.
La persona que denuncia considera oportuno practicar diligencias adicionales para aclarar mejor los hechos que podrían ser susceptibles de delito tras la revocación de un auto anterior en el que la jueza consideró que la querella no estaba lo suficientemente fundada. Asimismo, los abogados de Gayá reclaman no abordar el asunto por la vía civil, ateniéndose al carácter material público de los fondos europeos, por lo que solicitan que se lleve a la Fiscalía europea.
Presuntas comisiones para pagar sueldos de personas vinculadas al PP
Según la querella, se llevó a cabo un procedimiento delictivo en el cual Madrid Network cobraba un 6% de cada desembolso de los préstamos a los prestatarios. Los préstamos se concedían, según este relato, en tres tramos, si bien ese 6% no se estipulaba -siempre atendido al texto- en el propio contrato, sino en una adenda que se incorporaba después del acuerdo entre las partes; un tiempo que coincidía con el momento en el que estaba previsto el primer desembolso. El proceso conduciría a la nulidad del contrato, atendiendo al documento del que habla elDiario.es.
Las comisiones podrían superar los cinco millones de euros si se tiene en cuenta el conjunto de los préstamos y servirían, siempre atendiendo a la información del medio señalado, para pagar los sueldos de personas vinculadas al Partido Popular que trabajaban para el bautizado como ‘chiringuito’ creado por Esperanza Aguirre, entre ellas Isabel Díaz Ayuso, quien se encargaba de la Comunicación.
La cantidad sobre la que se efectuaba el porcentaje procedería de los fondos europeos y el pago del 6% se justificaba en concepto de servicios y asesoría de gestión, atendiendo a la querella. El origen es importante porque la Comunidad de Madrid lleva años negándose a dar información sobre el destino de los fondos de más de 80 millones de euros que recibió por parte de la Administración General del Estado procedente de la Unión Europea.
La denuncia solicita, como ya se ha señalado, que se eleve el asunto a la Fiscalía de la Unión Europea, y pide también que testifiquen los líderes antiguos y actual de la Comunidad de Madrid -Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, Pedro Rollán y la propia Ayuso-, así como los consejeros de Economía y Hacienda de la región durante el periodo investigado, a saber Antonio Beteta, Percival Manglano, Enrique Ossorio, Engracia Hidalgo, Manuel Giménez Rasero, Javier Fernández-Lasquetty y Rocío Albert.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.