Con la cuestión de la inmigración en España totalmente candente, tanto por los disturbios violentos y racistas de Torre Pacheco como por el reparto entre comunidades autónomas de aquellos cientos de personas que llegan en patera a Canarias, son muchas las diferencias de abordar esta cuestión por parte de algunos dirigentes regionales, como es el caso del Madrid de Isabel Díaz Ayuso.
En lo que concierne a la segunda cuestión, al reparto de menores migrantes no acompañados, en los últimos años se ha dado la circunstancia de un doble rasero. Por un lado, en 2023, con el estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia, muchas familias ucranianas partieron hacia distintos puntos de Europa, siendo España uno de ellos, para huir de las bombas de Putin. Similar situación que llevan viviendo desde hace décadas distintos países africanos, desde donde llegan cientos de pateras a las costas españolas con gente, jóvenes, mayores e incluso bebés, huyendo de otras guerras, hambruna y pobreza con la esperanza de encontrar un futuro mejor.
Con este escenario de fondo, en lo que se refiere a la gestión de acogida y prestación de ayuda por parte del Ejecutivo de la Puerta del Sol se han dado dos situaciones dispares pese a las similitudes de las tragedias. Por un lado, Madrid acogió a cerca de 19.000 refugiados ucranianos brindándoles atención médica y plaza escolar; por otro, a los menores llegados en patera y el reparto que se está llevando a cabo actualmente, el Gobierno de Ayuso responde con obstáculos.
“Reparto falso”
En palabras del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior del Gobierno madrileño, Alejandro Novillo, este jueves, los de Díaz Ayuso han mostrado su rechazo a la política migratoria “errática” del Gobierno central, dando portazo así, al igual que otras comunidades del Partido Popular, al reparto de menores instaurado por el Estado.
"Hace 30 meses le dijo a la alcaldesa que apenas iba a ser 200, 300 como mucho, y que iba a ser para unos pocos meses. Hay 1.700 ahí ahora, han pasado casi 10.000. Por tanto, no vamos a participar en ningún reparto falso que quiera hacer este Gobierno, porque lo que busca es la convivencia con una política completamente errática e irresponsable", ha defendido el consejero.
Sobre la situación del centro de acogida de migrantes de Alcalá de Henares, que se inauguró a finales de 2023, en un primer momento iba a acoger a decenas de estas personas, pero el Gobierno de Ayuso ahora muestra su desconfianza con las cifras asignadas al reparto migratorio entre todos los territorios de España. Asimismo, serían 400 los menores migrantes los que están destinados a instalarse en el centro de acogida de Pozuelo de Alarcón, lo que desde el Ejecutivo madrileño ya tildaron de “arbitrario”.
La cita interterritorial con el Ministerio de Infancia y Juventud que se iba a celebrar este jueves ha contado con la ausencia de los barones territoriales del PP, lo que ha declinado en el reproche del resto de autonomías presentes, quienes han tachado este gesto de “insolidaridad” mientras, a la contra, los populares adelantaron su “no” al considerar que éste convocatoria era “ilegal”.
Las ayudas del Gobierno de Ayuso a los refugiados ucranianos
En paralelo, con una forma de actuación distinta a la descrita y mirando atrás en el tiempo, la ayuda que brindó el Gobierno de Ayuso a los refugiados ucranianos que venían huyendo de la guerra de Putin fue bien distinta. Más de un año después de estallar el conflicto, el 24 de febrero de 2022, Madrid ya había acogido en agosto de 2023 a cerca de 19.000 ucranianos - 18.776, para ser exactos-, cuando facilitó a su vez los trámites para escolarizar a menores, dándoles tarjeta sanitaria y de transportes, cursos para aprender español y recursos laborales.
De la misma manera, y de cara a las víctimas de la guerra que se quedaron en su país, el papel de ayuda de España también fue más que relevante enviando ayuda humanitaria y material logístico. En este caso, la solidaridad de Madrid se volcó con la campaña ‘Ucrania te necesita’ y un envío de 950 toneladas de recursos gracias a la organización de hasta 2.000 puntos de recogida en la región.