Antes de que estallara el escándalo del ático de Chamberí y surgieran numerosos interrogantes en torno a las intenciones que Isabel Díaz Ayuso podría tener a la hora de hacer uso de inmuebles que sean propiedad de la Comunidad de Madrid, un chalet ubicado en la sierra de la capital española despertaba también una importante polémica en torno a la presidenta madrileña. Un año casi exacto ha pasado de aquella controversia que, sin todavía haber terminado de caer en el olvido, hallaba ahora una segunda parte este mismo verano, aunque siendo el presente un capítulo notablemente más intenso.

Más de 400 metros cuadrados, un importante número de habitaciones y cuartos de baño, diversas terrazas más grandes que muchos pisos en los que viven buena parte de los madrileños, un valor superior a los seis millones de euros y una ubicación un tanto curiosa, al estar frente a la vivienda de los padres de Ayuso. Fueron estos una serie de elementos los que llevaron este ático de Chamberí comprado por la Comunidad de Madrid, y sin incluir la adquisición en los portales de transparencia, a la portada de numerosos medios de comunicación. Polémica que fue adquiriendo todavía más notoriedad al conocerse que se había puesto en venta el piso en el que la presidenta madrileña vivía con su pareja, Alberto González Amador, y acudiendo al recuerdo del pasado año, cuando el Ejecutivo madrileño aprobó el Estatuto de expresidentes con el que se ha dado paso a que los exdirigentes de la comunidad, entre otras cuestiones, tengan derecho a tener a su disposición "medios materiales y personales" para el desarrollo de sus actividades. 

El chalé de Rascafría, su teórico uso para reuniones y una falta de transparencia en torno a una información que "no existe"

El asunto del ático de Chamberí sigue siendo uno de los temas más candentes de este verano a nivel político. Una polémica que se mantiene viva por la negativa de Ayuso a responder a las preguntas de la prensa sobre este tema, la reducción al mínimo de su agenda institucional para evitar encuentros con los medios de comunicación, los choques vividos en estos últimos días con los periodistas cuando hablan sobre el inmueble y la manera en la que ha usado a Pedro Sánchez como escudo para esquivar la vivienda de más de seis millones de euros. Ahora bien, ocupando todavía esta controversia buena parte del foco mediático, surge ahora otro tema como es del chalé de Rascafría y la falta de transparencia que, según denuncian desde el PSOE de Madrid, hay en torno al mismo.

El pasado verano, Ayuso y una vivienda rural, de destacadas características, se tornaban protagonistas al conocerse que la presidenta madrileña había pasado un fin de semana de ocio junto a su familia en un chalé propiedad de la Comunidad de Madrid y ubicado en la sierra de la capital española. Un asunto que generó controversia al tener lugar escasos días después de que la presidenta madrileña cargara contra el presidente del Gobierno por hacer uso de las viviendas oficiales del Estado durante sus vacaciones. 

Concretamente, la finca, de unas 453 hectáreas, que había sido adquirida en 2023 por unos 4,3 millones de euros, generó debate en torno al uso que le dio Ayuso al denunciar la oposición que una cosa es que la presidenta pueda utilizar instalaciones institucionales por motivos oficiales y otra que emplee un chalé público, con piscina, como alojamiento privado durante un fin de semana.  En este sentido, la Comunidad sostuvo que la vivienda podía utilizarse para actividades institucionales. Sin embargo, la oposición señaló que originalmente se había hablado de otros usos vinculados al Parque Nacional y cuestionó que acabara sirviendo como alojamiento privado de la presidenta. Cuando diputados de PSOE y Más Madrid acudieron posteriormente a la finca, pudieron recorrerla pero no se les permitió entrar en el chalé, alegando la Comunidad motivos de seguridad y su carácter institucional.

Ahora, un año más tarde, desde el PSOE de Madrid denuncian una falta de transparencia en torno a este inmueble. Así lo comunicaba en sus redes sociales Tatiana Jiménez, diputada en la Asamblea, quien señalaba en 'X' que "el Gobierno de Ayuso dice que reunir la información sobre sus visitas es una tarea 'imposible'". La socialista se muestra especialmente crítica con el Ejecutivo madrileño, ya que, tal y como explica, tras meses preguntando su formación política por el uso del inmueble y tras varias negativas, decidieron presenta una solicitud de acceso a la información pública por la cual conocer las reuniones celebradas allí desde su compra, con fecha, duración y asistentes. "Respuesta: ¡esa información no existe!", remarcaba Jiménez.

"No puede facilitarse la información solicitada, al tratarse de información inexistente, pues la instalación no cuenta con un registro de visitantes", señalaban al PSOE tras socilitar la agenda de este chalé. En este sentido, la socialista detallaba en sus redes sociales que el hecho de que el inmueble no cuente un registro específico no significa que la información no exista. "Cualquier actividad en un inmueble público deja rastro: agendas, emails institucionales, órdenes de mantenimiento, sistemas de control de acceso...", afirmaba Tatiana Jiménez. Así, indicaba también que, ante esto, su partido pasó a reclamar ante el Consejo de Transparencia.

Es aquí cuando, según la diputada de la Asamblea de Madrid, se produce un cambio por parte del Ejecutivo en sus respuestas, ya que, tal y como explicaba, le señalan que podría existir la información, pero dispersa. Así, Jiménez presentaba en 'X' como el Gobierno madrileño le señalaba que "recopilarla supondría una tarea de 'reelaboración' que no están obligados a hacer y que les supera". 

 

En conjunto, la socialista denunciaba una falta de transparencia por parte del Ejecutivo en torno a esta vivienda propiedad de la Comunidad de Madrid y el uso que se le otorga. De esta manera, Tatiana Jiménez remarcaba que las respuestas recibidas corresponden a "una argumentación jurídica que no se sostiene y colisiona con el derecho de acceso a la información pública", así como también subrayaba que "no es creíble que el responsable de un inmueble público, desconozca quien lo utiliza, cuándo y para qué". 

Hemos vuelto a reclamar, y ahora estamos pendientes de que resuelva el Consejo de Transparencia

 

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