El choque entre el Gobierno central y el madrileño continúa con el foco sobre los menores migrantes en la Comunidad de Madrid. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha acusado este viernes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de “boicotear cualquier medida” que venga a plantear “oportunidades” para estos menores extranjeros no acompañados.

En estos términos, ha venido reprochando al Ejecutivo de la Puerta del Sol su postura de “confrontación” ante las propuestas que ha venido trasladando Moncloa en este ámbito, exigiendo así a que preste atención “a la realidad” de estos menores y, en consecuencia, tome “soluciones concretas para las personas más vulnerables”.

Del mismo modo, el delegado del Gobierno ha señalado a su vez al Partido Popular madrileño por estar colocándose “en una posición en la que no está la sociedad madrileña”: “La única que se ha colocado en la posición contraria no solo a la humanidad, a la solidaridad, sino también a la realidad socioeconómica de nuestra región, es la señora Díaz Ayuso, y solo porque su único objetivo en la vida es confrontar con el Gobierno de Sánchez”, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.

En este sentido, ha defendido que el objetivo debe centrarse en garantizar itinerarios de inclusión que permitan a estos menores desarrollar su proyecto vital, con acceso a formación, empleo y recursos sociales, alejando el foco de la confrontación política.

Pero estas no han sido las únicas palabras de Martín al respecto, puesto que este jueves lo tachó de “irresponsable, desleal e insolidaria” a través de sus redes sociales, acusando a Ayuso de estar dando “la espalda a quienes más lo necesitan”.

 

El Gobierno llevará a los tribunales el reparto de migrantes

Esta postura del delegado del Ejecutivo central en Madrid se produce tras conocer que la Comunidad de Madrid trasladó a Moncloa que no aceptará el reparto de menores migrantes y que recurrirá Real Decreto-ley 2/2025, considerando que se trata de un mecanismo extraordinario de reubicación que no cuenta con cobertura jurídica al haber caducado los plazos previstos, según defendió la consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, a través de una carta enviada al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

“La aplicación del real decreto y su desarrollo posterior han derivado, en la práctica, en un sistema de traslados que ha ignorado la necesaria coordinación con las entidades públicas de protección, la valoración individualizada de cada menor y, lo que es más preocupante, su propia voluntad y su situación familiar”, manifestó la consejera del Gobierno madrileño.

En el Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves, la propia Ayuso se postuló en contra del decreto del Gobierno central, reclamando “orden y ley” y cargando contra un reparto que considera “ilegal”, diciendo que va acompañado de la “inmigración irregular” que intensifica, según esgrimió, “el desorden”. “Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos. Y por eso, otra vez este Gobierno va a recurrir, en este caso este Real Decreto. (...) No son decisiones que adopta este Gobierno, así que si nosotros denunciamos que no vamos a estar a favor de ese desorden y esa ilegalidad, al menos únanse por una vez a nosotros”, defendió y aludió a la par hacia Vox.

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