El Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, no escapa a la polémica por su gestión de los público y los servicios y cuidados sociales. La última cruzada del consistorio de Cibeles ha llegado contra la mendicidad vía consulta ciudadana y, previsiblemente, la creación de una nueva ordenanza de Convivencia.
Para poder formalizar lo segundo, es necesario lo primero. Es decir, es obligado preguntar a los madrileños qué quieren y de qué manera esta normativa a la que el PP, aprovechando su mayoría absoluta, quiere dar forma. La consulta ciudadana, sin embargo, ha generado controversia dado que, tal y como ha podido comprobar ElPlural.com accediendo a la web en la que ésta aparece colgada y que es de acceso público, Decide Madrid, hay una cuestión referido directamente a las personas indigentes.
En concreto, desde Cibeles enumeran una serie de aspectos a tratar para que la capital “siga siendo la gran ciudad para vivir, trabajar y visitar” que pasan por el endurecimiento contra el consumo de alcohol en la calle, la acampada en la vía pública, los grafitis, o la “mendicidad coactiva u organizada”. El Ayuntamiento da la posibilidad a la ciudadanía de valorar del 1 al 5 la gestión sobre estos temas y de añadir otras decisiones que “puedan favorecer la convivencia”.
En blanco y negro
En este contexto, Más Madrid lamenta que la formación conservadora “nos quiere devolver a la ley de vagos y maleantes”. “Hay que ser muy cínico para hacernos creer que el problema de convivencia en Madrid son los mendigos”, emite en declaraciones a este medio la portavoz del grupo municipal, Rita Maestre.
La política progresista afea que el edil primero “no se quiere sentar con el delegado de Gobierno a hablar de los problemas de seguridad de la calle Cullera o de San Blas” y que “fomenta que los barrios e vacíen de familias y se llenen de pisos turísticos ilegales” para “venir ahora a presentar una consulta pública para una ordenanza más propia de hace 60 años”. “Esperamos que no quiera ser un alumno aventajado del exministro franquista y fundador se su partido, Manuel Fraga, cuando dijo aquello de ‘La calle es mía”.
La formación asegura que “va a estudiar sus propias propuestas para evitar cualquier regresión” en la misma semana que ha acusado al Ayuntamiento de “echar de un albergue a una niña con cáncer” a tenor de los nuevos criterios de acogida difundidos desde el Ejecutivo local para familias con grandes necesidades médicas llegadas de países extranjeros.
Este último caso se convertía en mediático después de que el pasado fin de semana una niña de seis años enferma de cáncer tuviera que irse del centro de emergencia social de titularidad municipal Las Caracolas, en Vallecas, como consecuencia de los cambios perpetrados en la materia por el equipo de Cibeles.
Respecto de la cuestión que centra las presentes líneas, destacar que la mendicidad en Madrid se rigió hasta 2021 por una ordenanza que la prohibía y cuyo origen se encuentra en la década de los 40, en plena dictadura franquista. Se denominaba Ordenanza Municipal de Policía Urbana y evitaba este ejercicio “bajo cualquier forma y en todo lugar”, de manera que pedir una limosna en la calle ya era motivo de castigo. En pleno siglo XXI esto se mantuvo; las personas implicadas podían “ser amonestadas por primera vez y conducidas, si reinciden, a los Albergues de Mendigos”, donde se procedía “a su clasificación y a la incoación de expediente”.
Por otro lado, La Ley de Vagos y Maleantes a la que hace referencia Maestre se instauró en España en 1933 para regular el tratamiento de personas vagabundas, sin hogar, proxenetas y aquellas cuyo comportamiento fueran considerados antisociales. Fue en el franquismo cuando la normativa se modificó para incluir en el texto a los homosexuales.
El Ayuntamiento defiende que con la medida pretende “mantener y mejorar la calidad de vida” de la ciudad y el “bienestar presente y futuro”, así como “proteger el derecho de todos a disfrutar del espacio público y de los bienes y servicios de titularidad pública en sus condiciones de seguridad, tranquilidad, dignidad y adecuada conservación”, y que, para conseguirlo, se llevarán a cabo “mecanismos y medidas de intervención municipal encaminadas a evitar conductas incívicas”.
En última instancia, recordar que la vigente normativa municipal ya contempla castigos para otras actividades sobre las que el consistorio pone otra vez el foco. Por ejemplo, el consumo de alcohol en la vía pública, que ya está penado con multas de entre 100 y 600 euros (500 para menores de edad) o la realización de grafitis (entre 2.000 y 3.000; 6.000 en el caso de los reincidentes).
