La asociación El Defensor del Paciente ha elevado este lunes el tono ante las sospechas que pesan sobre la gestión del Hospital de Torrejón, administrado por Ribera Salud. A través de una carta remitida a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, la organización exige que se abra una investigación formal sobre unas supuestas prácticas que, de confirmarse, comprometerían la seguridad y los derechos de los pacientes atendidos en las Urgencias del centro.

La denuncia parte de una información emitida por laSexta, que destapa el contenido del correo electrónico de una trabajadora del hospital. En el mensaje, la profesional advierte de que la dirección les habría ordenado modificar el nivel de prioridad de determinados pacientes, rebajando casos clasificados en amarillo - urgencias no inmediatas, pero que requieren seguimiento rápido - a verde, un nivel que corresponde a dolencias menores cuya atención puede retrasarse sin riesgo vital, al menos en teoría.

Según esa comunicación, esta práctica no sería puntual ni excepcional. De hecho, un segundo correo fechado el 20 de noviembre perfila una situación aún más preocupante: varios pacientes habrían sido “retriatados” sin pasar por la evaluación previa de un médico, es decir, sin una revisión clínica que justifique el cambio del nivel de urgencia. La trabajadora sostiene que estas instrucciones venían dadas desde arriba.

Evitar ingresos

Las dudas no terminan ahí. Un documento interno elaborado por el personal de Enfermería y publicado por eldiario.es revela que ya en abril parte de la plantilla trasladó a la dirección su preocupación por órdenes que supuestamente buscaban evitar ingresos en Medicina Interna. En ese texto se denuncia que pacientes con patologías serias estaban siendo derivados o clasificados como leves para reducir la presión asistencial o maquillar indicadores internos.

A estas presuntas irregularidades se suma otra queja presentada por El Defensor del Paciente en la misma carta enviada a la Fiscalía. Una usuaria del Hospital de Torrejón asegura que el centro envió pruebas genéticas a un laboratorio de Valencia gestionado también por Ribera Salud sin su consentimiento expreso. La mujer explica que en el formulario de autorización nunca se mencionó que sus muestras serían derivadas a un centro privado, y que solo lo descubrió al recibir los resultados.

La presidenta de la asociación, Carmen Flores, solicita que estos hechos se unan a la denuncia presentada el pasado viernes, cuando la organización pidió investigar informaciones relacionadas con la reutilización de material sanitario de un solo uso en ese mismo hospital.

Todo este cúmulo de sospechas estalla en plena polémica por la filtración del audio de Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud, en el que el directivo instaba a “rechazar pacientes o prácticas no rentables” dentro del Hospital de Torrejón. Un mensaje que ha levantado una oleada de críticas y ha alimentado el debate sobre la gestión privada de servicios públicos esenciales.

Mientras tanto, las voces que reclaman transparencia y acción judicial crecen. El Defensor del Paciente exige respuestas y una investigación en profundidad que determine si la prioridad asistencial, la seguridad de los usuarios y su derecho a la información han sido vulnerados de forma sistemática.

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