Ariete Seguridad es una de las empresas con nombre propio dentro del Partido Popular (PP). La compañía pertenece a Silvia Cruz, concejala de la formación conservadora en Alcorcón entre 2011 y 2017, quien también mantiene vínculos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Una de la relación más palpable entre las dos políticas encuentra su origen en el Curso Superior de Estrategia de Comunicación para equipos políticos que la ahora responsable de la administración Sol impartió entre enero y junio de 2014, aunque fue hace poco, cuando se supo la presencia como estudiante de la antigua política de la localidad del sur madrileño precisamente por informaciones de ElPlural.com.
Por aquel entonces, Cruz fue alumna de una titulación que tampoco estuvo exenta de polémica, y es que el curso, de 950 euros, serviría en la práctica para inflar el currículum de cargos ‘populares’.
Más allá del ámbito educativo, y mucho más reciente, la exconcejala ha recibido al menos más de 75 millones de euros distribuidos en un total de 286 contratos, según las cuentas de este periódico.
Otro contrato bajo sospecha
Uno de estos es el que protagoniza las presentes líneas y tiene que ver con unos trabajos en el Metro de Madrid, adjudicado por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. Más detalladamente, el objeto del contrato, según aparece en el Portal de Transparencia de la Autonomía, es el “servicio de vigilancia para la seguridad de las instalaciones que constituyen el patrimonio de Metro de Madrid: los recintos, la sede social, dependencias y edificios singulares (museos).
El montante de la adjudicación fue de 66.158.116,09 -con impuestos- y de 54.676.129 euros -sin impuestos-, si bien solamente una parte de ella se corresponde con Ariete; el lote 1 -recintos-. En su caso, el importe de adjudicación fue superior a los 38 millones de euros -31.658.067,83 sin impuestos-.
El contrato se rubricó el año pasado, pero a día de hoy la región mantiene el oscurantismo sobre él, haciendo gala nuevamente de un ejercicio de oscurantismo al que el gobierno de Ayuso acostumbra. La firma ha levantado sospechas dado que la empresa no obtuvo ni de lejos la mejor puntuación, pero ganó el concurso público dado lo ínfimo del precio. Hay quienes, ante esta situación han querido preguntar a Metro de Madrid por el informe económico que justifique el coste, pero han obtenido la negativa por respuesta.
La explicación que llega desde el suburbano es que la petición “contiene datos relevantes sobre estrategia comercial, costes internos, capacidad de competir en el mercado, etc”, por lo que la información, en caso de recaer sobre un tercero, podría suponer un “riesgo evidente” para la firma “superior al perjuicio que genera para el solicitante el no darle acceso al documento requerido”.
Contratada habitual de la Comunidad de Madrid
La firma ha sido una habitual en la contratación de la Autonomía, que le ha concedido 41.256.793,24 euros mediante adjudicaciones solo hasta el año 2024, 3.975.138,81 euros mediante modificaciones de contratos y 30.498.668,97 euros mediante prórrogas de contratos públicos. De este número total de contratos, 155 fueron menores y se ejecutaron por el conocido como procedimiento de urgencia, es decir sin acudir a concurso público.
La compañía de Cruz ha prestado sus servicios principalmente en centros educativos, pero también en otros espacios como el hospital Isabel Zendal. De ese modo, Ariete Seguridad se ha hecho, por ejemplo, con cuatro de los seis lotes del contrato para la vigilancia de universidades y otros relacionados con el estudio en la comunidad madrileña; por esto recibió 1.188.027,59 euros.
En el escenario sanitario, además del proyecto faraónico que la presidenta abrió durante la pandemia y que resultó ser un pufo, aparecen otros nombres entre los que destacan el hospital Clínico San Carlos, el Infanta Leonor, el Puerta de Hierro de Majadahonda, el Gregorio Marañón, el Ramón y Cajal o La Princesa.
En lo que al Zendal se refiere, Ariete comenzó a acordar formalmente para operar aquí en noviembre de 2020, pero desde entonces y hasta agosto de 2023 le siguieron varias renovaciones, todas ellas a dedo y sin sacar la oferta a concurso.
A finales de 2022, cuando la gerencia del hospital La Paz asumía la gestión del centro -por lo que depende de ésta que hacer con la seguridad del sitio- y reduce el presupuesto por cada seis meses (baja a 410.000 euros). Con ello, las renovaciones comenzaron a principios de 2023, continuaron en julio y se ampliaron hasta agosto de ese año.
El ‘modus operandi’ se mantuvo a través del fraccionamiento de contratos todavía en 2024, cuando la Consejería rubricó varios contratos menores para el “servicio de vigilancia” y “seguridad”.
Fuentes de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, ante las preguntas de ElPlural.com, han señalado que es “ilegal” facilitar esa información. “La legislación vigente en materia de contratación y transparencia prohíbe hacerlo”, han indicado, apoyándose en una resolución del tribunal administrativo central de recursos contractuales o el tribunal administrativo de contratación pública.