Casi dos semanas también de desatarse la crisis de Isabel Díaz Ayuso por el escándalo del ático de Chamberí, la presidenta de la Comunidad de Madrid sigue sin responder a las preguntas clave de la polémica operación. En su lugar, la líder del Partido Popular en la región ha descargado toda la responsabilidad en su número dos, el portavoz de su Gobierno, Miguel Ángel García Martín.

"Les tengo que remitir a la Consejería", dijo Ayuso el pasado miércoles, "porque, entre otras cosas, es quien tiene no solo la información detallada, sino los canales de comunicación a tal efecto". La baronesa se quitó de encima la responsabilidad por la compra de un ático de lujo en Chamberí por 6,3 millones de euros en abril, que se iba a destinar a que ella lo utilizara de oficina durante las obras de la Real Casa de Correos, sede de su Gobierno.

Esto a pesar de que el inmueble solo se puede utilizar como vivienda, y en una operación que permaneció oculta hasta que se publicó en los medios, a finales de julio. Tras destaparse este y otros escándalos inmobiliarios que rodean a Ayuso, su portavoz anunció su puesta a la venta junto a otros cuatro inmuebles propiedad de la Administración regional, para destinar la venta a los afectados por los incendios en la Sierra Oeste de Madrid. El Ejecutivo regional reculó a la desesperada, dejando sin efecto las justificaciones que habían dado y desatando una guerra interna en el PP con la presidenta madrileña como objetivo. 

Ahora, la pelota está en el tejado de la Consejería de Presidencia, que dirige García Martín, y de la que depende Planifica Madrid, la agencia autonómica que comercializa suelo público en la región. A día de hoy, el número dos de Ayuso, presidente del Consejo de Administración de la entidad, sigue sin responder a ninguna de las siguientes preguntas.

¿Por qué las cifras se siguen conociendo por los medios?

Casi todos los detalles que se han ido conociendo sobre la compra del ático se han publicado en los medios, y no en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Se sabe, porque lo publicó El País, que la Administración regional pagó 6,3 millones de euros por el ático de 481 metros cuadrados, 200 de terraza, en un noveno piso del barrio de Chamberí, uno de los más privilegiados de la capital.

Se sabe que la operación supuso el pago de 378.000 euros por el ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales), y que se abonó una comisión inmobiliaria de 189.000 euros que, según LaSexta, pagó la parte vendedora. Se sabe también por los medios que la Comunidad de Madrid exigió la firma de un acuerdo de confidencialidad a los vendedores, según Eldiario.es, y que el piso era propiedad de la escritora Astrid Gil-Casares.

Todo esto se conoce por medios de comunicación, y no por la Consejería de Presidencia en la que Ayuso deposita todas las responsabilidades. Como le piden a Planifica las distintas denuncias que ya hay en los tribunales por la operación, los detalles se podrán conocer una vez se hagan públicos los costes de notaría, registro, asesoramiento, tasación, informes técnicos u otros gastos asociados a la adquisición, si los hubo.

¿Por qué se compró una vivienda de lujo?

Esta documentación también permitiría entender cómo se desarrolló el proceso de elección del piso. Aún es un misterio por qué Planifica decidió comprar, y no alquilar, un inmueble que, según la justificación que ellos mismos dan, era para un uso temporal. No se conocen informes técnicos, ni memorias justificativas, ni ningún documento que responda a la cuestión de quién decidió, quién planificó, y quién ejecutó la operación, y en qué criterios se basaron todos ellos.

Es por eso, por lo que tampoco se sabe por qué eligieron un piso sin licencia de oficina, según la normativa municipal, para ponerlo "al servicio de las necesidades" de la Comunidad, como dijo García Martín. Estas necesidades eran, según ellos mismos, "recibir visitas" durante las obras en su despacho, en la Puerta del Sol, para lo que tampoco se entiende aún si de verdad hacía falta un ático de lujo de casi 500 metros cuadrados en pleno Chamberí. De todo esto surge inevitablemente una pregunta: en caso de saber que el inmueble solo tenía licencia de vivienda, ¿por qué se siguió adelante con su compra?

Tampoco hay respuesta para lo que tiene que ver con el acuerdo de confidencialidad que Planifica le exigió a Promora, la inmobiliaria, para una operación de 6,3 millones de dinero público. Ni por qué la agencia, ante todas las incógnitas que podrían haber previsto allá por abril, decidió aprobar como oficina de Ayuso este ático, y no alguna de la decena de propiedades que tiene.

¿Por qué ese ático, y no otro?

Conocer los informes técnicos, esencial para una operación de estas magnitudes, permitiría también conocer los criterios a la hora de elegir este piso, en el paseo del General Martínez Campos, para Ayuso. Tampoco si se barajaron otros o qué visitas se realizaron. Según la Consejería, la documentación aparecerá en transparencia cuando esté "cerrado" el expediente, pese a que la compraventa se formalizó ante notario hace ya casi cuatro meses.

Hasta entonces, los únicos datos que se conocen sobre la conveniencia del ático como oficina las publicamos los medios. Y entre ellos, está que el inmueble está justo enfrente del piso que Ayuso tiene en nuda propiedad, y que la presidenta recibió como donación de sus padres justo cuando una empresa familiar no podía hacer frente a una deuda con la entidad semipública Avalmadrid. Este piso, además, sirve como sede social de una sociedad durmiente vinculada a Ayuso y su hermano. 

¿Por qué se ocultaron las obras en la Puerta del Sol?

Sobre la justificación dada en un inicio para la compra, las obras en la Real Casa de Correos, tampoco se supo nada hasta que se publicó en los medios. No ha sido hasta este 7 de agosto, en pleno escándalo y casi cuatro meses después de adquirirlo, cuando se han hecho públicos la memoria justificativa, informe de insuficiencia de medios, justificación del procedimiento, inicio y aprobación del expediente, pliegos, actas y adjudicación de la reforma de la sede de la Presidencia autonómica.

El primer expediente, que tiene como objetivo el "diseño, redacción del proyecto y dirección facultativa de obras de adecuación de espacios en la Real Casa de Correos", se ha adjudicado a dedo por unos 60.000 euros a Pombo Estudio, propiedad de una familiar de la influencer María Pombo, sin que tampoco se den más explicaciones al respecto.

Pero volviendo al ático, tampoco es público ningún documento anterior a la compra que justifique que las obras obligaban a desalojar el despacho de Presidencia, que era imprescindible una sede externa, que esa sede tuviera que ser una vivienda y, sobre todo, que hubiese que comprarla. Todo se ha conocido con posterioridad, y ha adquirido una nueva dimensión de opacidad al ponerse a la venta el ático, dando a entender que el uso que justificó su compra ya no es necesario.

¿Cómo se va a destinar la venta a los incendios?

Siguiendo por ese anuncio, hecho un día después de saltar el escándalo, tampoco se sabe exactamente cómo se va a llevar a cabo. García Martín dijo que el dinero obtenido "con el reparto de dividendos" de la agencia autonómica se destinará a los afectados por los incendios, pero olvidó varias cosas. Primero, que Planifica lleva una década sin repartir dividendos; y segundo, que todo depende de por cuánto se cierre la venta y de si, a final de año, la agencia reporta beneficios.

La Comunidad de Madrid ha sacado el piso a la venta por 6,7 millones de euros. La cifra si está disponible en un portal oficial, pero no se sabe qué tasación independiente se ha realizado para cifrarla así. Tan solo que son unos 400.000 euros más que lo que se abonó por el ático, pero aproximadamente lo mismo si se suman los impuestos abonados.

El precio mínimo de salida apenas supera al de compra. Por ello, sin conocer el resto de costes asociados, no se puede saber si reportará beneficio a las cuentas de Planifica, de las que también salió el dinero por el que se compró hace solo cuatro meses. Es decir, que aunque se terminaran vendiendo este y los otros cuatro inmuebles que la agencia ha sacado al mercado, por un total de unos 18 millones de euros, no se van a incrementar por esta vía los resultados de los que saldrían esos dividendos de los que hablaba el consejero, que son los que aseguran que destinarán a los incendios. Tampoco hay una explicación sobre de dónde saldrá el dinero si, por la razón que sea, la operación da pérdidas o, directamente, no se lleva a cabo.

¿Cumplió Planifica Madrid con sus estatutos?

Otra de las incógnitas más importantes está en los estatutos de Planifica Madrid. Se conoce que la agencia puede comprar y vender inmuebles por decisión de su Consejo de Administración -que preside el propio García Martín-, que puede fijar el precio y las condiciones. No hay constancia de ningún acta de reunión de los directivos sobre el ático, por lo que no hay registro oficial de cómo se tomó la decisión, que según los estatutos requiere el voto a favor de dos tercios de los consejeros.

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