Este miércoles ha desfilado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba Antonio Burgueño, alto cargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid durante el Covid, para hablar sobre la polémica gestión que hizo el Ejecutivo en los primeros días de la pandemia.
El eje central de su declaración era el plan de choque que elaboró en aquellos momentos, presumiblemente para contener el virus y evitar en la medida de lo posible la expansión en los geriátricos. La medida estrella de ese plan era la medicalización de estos espacios, pero nunca llegó a ejecutarse.
En sus palabras, Burgueño, que está siendo investigado por delitos de homicidio imprudente y denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria -recogido en el artículo 511.1 del Código Penal-, se ha referido directamente a Isabel Díaz Ayuso, asegurando que fue ella quien ordenó confeccionar la hoja de ruta que se quedó en la teoría. En este punto, cabe destacar que Burgueño no ha declarado en ninguna de las causas abiertas, sino que su paso por los juzgados de esta semana viene motivado por una denuncia que no parte de las organizaciones de familiares de las víctimas.
Por el contrario, obedece a una querella presentada a título individual por José Manuel Parceiro, abogado que acudió a los tribunales tras la muerte de su padre durante la primera ola de la emergencia, cuando residía en el centro Sanitas Torrelodones. Así las cosas, en declaraciones a los medios, tanto Parceiro como la defensa de las familias, Alejandra Jacinto, alegan un problema de notificación vinculado a cambios de personal del juzgado lo que conllevó a suspender las comparecencias de los ex altos cargos del Gobierno autonómico. En palabras de la abogada, "la Fiscalía ha emitido un informe sobre el caso concreto del padre de Parceiro que aún debe ser trasladado a las acusaciones para que formulen alegaciones". "Será a partir de ese trámite cuando el juzgado determine si prosigue la investigación por un delito de discriminación en la asistencia sanitaria o si, por el contrario, se encuadra en un posible delito de omisión del deber de socorro, como se planteó inicialmente", ha relatado Jacinto. Hasta entonces, el procedimiento queda pausado.
En otro orden de cosas, el abogado cuyo padre falleció en la primera ola del Covid ha asegurado que Burgueño le llegó a decir que "el principal responsable de la gestión de la pandemia fue el doctor Fernando Simón". Entre otras cosas, el exasesor ha negado que la Comunidad de Madrid tuviera responsabilidad en la gestión inicial y ha descargado las responsabilidades en el Ministerio de Sanidad. Sobre los protocolos de no derivación, Burgueño se ha desmarcado de su elaboración, asegrando que en ese momento no formaba parte siquiera del núcleo de personas que tomaban decisiones al respecto.
Por su parte, respecto a la no medicalización de los geriátricos, ha achacado la decisión a la carencia de profesionales disponibles, defendiendo que la pandemia sirvió como ejemplo para revisar el sistema residencial y la ley de dependencia para garantizar cuidados adecuados. Con todo ello, tras deslizar que el plan de choque no se le encargó formalmente, ha pasado a reconocer que fue Ayuso quien le dio la orden de llevarlo a cabo.
Sin embargo, unos argumentos -especialmente el de la falta de personal- que chocan con los datos. Según se desprende del reparto de la Consejería de Sanidad madrileña, de los 1.826 profesionales, 1.421 fueron destinados a Ifema, donde se instaló el hospital de campaña y donde únicamente se atendieron a 23 residentes con sintomatología leve. Por su parte, otros 351 sanitarios fueron asigandos a hoteles medicalizados, donde no llegó a haber ninguna persona que procediera de residencias; y, apenas 54 profesionales fueron derivados a las 475 residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, donde vivían en ese momento 48.000 personas.
