Los trabajadores de las Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid retoman este lunes la huelga indefinida que suspendieron hace diez días ante la ola de incendios registrada en el país. El parón, que comenzó el 15 de julio, tiene como objetivo denunciar la precariedad y temporalidad en la que desempeñan su labor y exigir mejoras laborales que permitan garantizar un servicio esencial para la protección de los montes madrileños.
La decisión ha llegado a escasos días de la reunión a tres bandas convocada para el próximo jueves 28 de agosto, en la que participarán la empresa pública Tragsa, responsable de la contratación de los efectivos; el comité de empresa, formado por los sindicatos UGT, Firet y CGT; y la Comunidad de Madrid. El encuentro busca desbloquear un conflicto que se arrastra desde hace años y que los sindicatos advierten no se cerrará mientras no haya “avances claros y certezas”. "Hasta que no tengamos avances claros y certezas no desconvocaremos la huelga, que recordamos es con carácter indefinido", han señalado los representantes sindicales, recordando además el “plantón” de Tragsa y del Ministerio de Hacienda a la reunión convocada el pasado 18 de agosto.
La huelga cuenta con unos servicios mínimos del 80% debido a la importancia de la labor de los brigadistas, encargados de tareas de prevención, vigilancia, detección y apoyo en la extinción de incendios forestales. En la Comunidad de Madrid trabajan alrededor de 500 bomberos forestales —unos 350 en temporada baja—, contratados por Tragsa, cuyo accionista mayoritario es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda.
Demandas de los trabajadores
Entre las principales reclamaciones del colectivo han destacado la actualización de los salarios, congelados desde 2010, y la negociación de un nuevo convenio colectivo, pendiente desde 2008. También han exigido que se reconozcan la peligrosidad, penosidad y toxicidad de su trabajo, ya que no están protegidos frente a la exposición a agentes cancerígenos, así como el fin de la temporalidad: actualmente, un 40% de la plantilla solo trabaja cuatro meses al año.
Asimismo, los sindicatos han denunciado el abandono de las bases, muchas de ellas con más de 20 años sin mejoras, y han reclamado la aplicación de la Ley 5/2024, aprobada en noviembre del pasado año, que según han afirmado no se está cumpliendo en la Comunidad de Madrid.
El nuevo encargo de la Comunidad
En paralelo, la Comunidad de Madrid confirmaba este pasado viernes a Tragsa que renovará el encargo de estas funciones a partir de 2026, incorporando una subida de 4 millones de euros en la partida presupuestaria, lo que elevará el gasto por encima de los 32 millones anuales. El nuevo encargo también contempla la contratación del personal durante los 12 meses del año, una reivindicación histórica de los brigadistas.
El presidente de Tragsa, Jesús Casas, ha asegurado que la empresa pública implantará las mejoras que se recojan en el acuerdo, mientras que la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) trasladó su intención de entregar un plan de mejora de las bases e infraestructuras a los representantes de los trabajadores.
Discrepancias sobre el convenio
Desde el Gobierno regional también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que estos efectivos de las Brigadas Forestales que trabajan en la región puedan acogerse al convenio de la empresa pública Tragsa para las Brigadas de Refuerzo por Incendios Forestales (BRIF) que prestan servicio al Ministerio de Transición Ecológica, publicado en el BOE la pasada semana.
Una propuesta que el comité de empresa ha rechazado de plano. "Claramente no es una opción", han zanjado. En este sentido, han recalcado que se trata de "servicios totalmente diferentes" y han remarcado esta adhesión "solo crearía más inseguridad jurídica a la plantilla". Por su parte, desde la Consejería de Medio Ambiente han subrayado que este acuerdo ha recibido "muy buena valoración por parte de varios ministros del Gobierno de España" y han apuntado que se trata de una opción "perfectamente legal", previo acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
Actualmente, los brigadistas se rigen por el Convenio Sectorial de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, sobre el que Tragsa asegura no estar legitimada para negociar. El Gobierno regional, por su parte, ha sostido que tampoco puede abordar estas mejoras al no ser competente en un convenio sectorial autonómico, aunque un informe de la Dirección General de Trabajo sí ha apuntado a la posibilidad de que Tragsa acuerde un convenio propio de empresa.
En concreto, en el mismo, se recoge que, aunque Tragsa "no está legitimada para negociar" este convenio colectivo sectorial, sí puede negociar "su propio convenio de empresa". En cualquier caso, ha determinado que la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) "no tiene legitimación para negociar el convenio colectivo de los trabajadores que no son empleados públicos suyos, sino personal laboral de empresas concesionarias".
En cualquier caso, desde el departamento que dirige Carlos Novillo han considerado que con esta adhesión se podría incluir a todo el personal que realice labores de prevención y extinción de incendios forestales, "permitiendo una homogeneidad en las condiciones de trabajo de los profesionales que realizan las mismas funciones".
