Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid lamentan la gestión de la región liderada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso respecto de los incendios de los últimos días, que están siendo tremendamente virulentos.

Un grupo de trabajadores se grababa un vídeo en la presente semana que subía a sus redes sociales en el que denunciaban que habían pedido acudir al fuego de Almorox (Toledo), pero no disponen de material para poder enfrentarse a las llamas.  

“No tenemos vehículos, no tenemos camiones, no tenemos herramientas”, desgranaba la persona que ponía voz a la reclamación de varios compañeros. “Nos tienen paralizados durante nuestra jornada de trabajo”, reprochaba, manteniendo que, si bien “están en conflicto” con la administración, no se encuentran realizando huelga, ya que acuden a trabajar.

Pese a lo que a ellos, aseguran, les gustaría, “no se les dan los medios para poder desplazarse a los incendios”. “A las 22:00 horas termina nuestra jornada sin que hayamos sido activados”, refrendaban el pasado miércoles, cuando la situación, por ejemplo, en Toledo, era desesperada.

Situación de los bomberos en Madrid

En la Comunidad de Madrid hay 1.680 bomberos oficiales, mientras que de los bomberos forestales un servicio está privatizado a través de otra empresa, que cuenta con 419 efectivos todo el año, y 220 personas adicionales contratadas durante medio años, que se dividen en extinción (61 profesionales), los de vigilancia y los de coordinación operativa.

La huelga de los bomberos forestales ha favorecido que las unidades de cuerpos de bomberos disponen de menos efectivos. Si antes había una unidad con cambión y dos o tres bomberos forestales en 19 parques, ahora no hay ninguno.

Los 61 bomberos forestales han estado en las últimas horas inoperativos en la dirección general de emergencias, ubicada en Las Rozas, y no han podido salir a los incendios activos estos días porque la región, afean, no les da el material necesario.

Esta misma semana, ante lo crítico de la situación, el jefe de guardia de los bomberos tuvo que pedir al servicio operativo, que gestiona los recursos humanos del citado cuerpo, a una veintena de personas de refuerzo.

Rifirrafe político

Mientras tanto, y ante el avance de las llamas en varios puntos y dado que la situación meteorológica no ayuda, la presidenta de la región capital pedía al gobierno de Pedro Sánchez declarar el nivel tres de emergencia, como finalmente hizo el Ejecutivo central.

Así las cosas, Moncloa asumía la emergencia nacional tanto en Madrid como en Ávila como consecuencia del escenario en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila), que obligó a desalojar a 10.000 personas.

La decisión de Moncloa parte de una carta enviada por el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidiéndole el mencionado nivel tres. El responsable del departamento se desplazó al lugar a examinar la situación el pasado jueves a última hora y aceptó tomar el control de la gestión.

En un primer momento, la solicitud de Díaz Ayuso provocó la respuesta del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien en los micrófonos de la Cadena Ser afeaba que dicha petición se hubiera realizado a través de una “escueta carta con la que -la presidenta-ha sacado un tuit”. “Para solicitar algo así es muy importante explicar bien los fundamentos de una solicitud de esta naturaleza”, expresaba.

En estos términos, Martín dejaba claro que lo que estaba ocurriendo en los puntos más candentes era algo “muy serio como para resolverlo en una carta de tres párrafos para poder poner un tuit”. “Esto no funciona así, estamos hablando de muchas vidas, estamos hablando de mucho patrimonio, estamos hablando de muchos recursos, y por lo tanto, creo que hay que trabajar con seriedad y eso exige explicar adecuadamente qué es lo que justifica”, refrendaba a la vez que emplazaba al equipo conservador a actuar con “responsabilidad” y “explicar” bien las cosas.

La declaración de emergencia de interés nacional se ha producido según lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece que, declarada la emergencia nacional, el ministro del Interior asume su dirección, por lo que le corresponde ordenar y coordinar las actuaciones necesarias para paliar los efectos del apagón, así como la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.

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