Este martes 21 de julio el Consejo de Ministros daba luz verde al proyecto de ley de regulación del tabaco promovido por el Ministerio de Sanidad de Mónica García y cuyo principal objetivo es ampliar los espacios libres de humo a las playas, sumándose a los que ya estaban incluidos como las terrazas de los bares y restaurantes. Sin embargo, dos días después de conocerse el anteproyecto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha elevado el tono contra el Gobierno al que acusa de “aparentar que se gobierna”.

En declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos por el incendio de Almorox que ha llegado al municipio madrileño de Villa del Prado, la lideresa madrileña ha tildado la ley de “furibunda y ridícula” y que busca “aparentar que se gobierna”, mientras que, a su juicio, el Gobierno central no atiende "los problemas reales de los españoles". "En un momento en el que España envejece, va a haber una jubilación masiva de médicos, faltan médicos y pediatras y hay un problema estructural sanitario, ponerse con esta ley lo único que hace es aparentar que se gobierna", ha espetado la presidenta autonómica.

Con ello, Ayuso ha tratado de restar importancia al alcance de esta norma contraponiéndola a otras cuestiones como los incendios forestales. "Los problemas reales de los españoles aquí los tenemos", ha señalado, haciendo referencia al incendio forestal de Villa del Prado, que ha consumido ya 600 hectáreas de territorio madrileño y otras casi 300 en Toledo. "Incendios, carreteras abandonadas, presas que están a punto de caducar y un verdadero problema de limpieza de montes", ha insistido la presidenta madrileña.

Unas palabras que han encontrado ya respuesta por parte de la ministra de Sanidad quien ha defendido que España “vuelva a estar a la vanguardia”. “Es una ley furibunda contra el cáncer, es una ley furibunda contra el daño a la salud que ha producido durante tantos años el tabaco, es furibunda contra las 50.000 muertes al año que tenemos de compatriotas. Es furibunda contra el gasto sanitario que produce el tabaco en nuestro sistema sanitario. Así que sí, estamos muy orgullosos de que España vuelva a estar a la vanguardia, que sea un país que se ha anticipado al resto de países europeos en tener esta ley y esperamos que los grupos parlamentarios comprendan y sean unos verdaderos representantes de sus ciudadanos y les quieran tener sanos”, ha señalado García en una intervención en ‘Al Rojo Vivo’.

¿Qué recoge el anteproyecto de ley?

El Consejo de Ministros aprobaba este martes el proyecto de ley de regulación del tabaco, que modifica la Ley 28/2005. Su principal novedad es la ampliación de los espacios libres de humo a las playas marítimas y fluviales, sumándose a los que ya estaban incluidos, como las terrazas de bares y restaurantes.

Este texto, que será ahora remitido a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado, busca "dar el siguiente paso para ampliar el derecho a respirar aire limpio", así como "responder a los nuevos productos y especialmente proteger a las nuevas generaciones", según apuntó la ministra de Sanidad.

Además de los espacios donde directamente se prohíbe fumar, el proyecto crea una segunda categoría con entornos de protección reforzada. No se podrá fumar en un radio inferior a 15 metros de los accesos a las siguientes instalaciones: edificios públicos y centros de la administración, centros sanitarios, públicos y privados, sociales, educativos (desde guarderías a universidades) y de investigación; museos, bibliotecas y centros culturales; y parques y recintos infantiles.

Asimismo, para proteger a los menores, se prohíbe la venta de dispositivos de vapeo o similares y, por primera vez, su consumo. Las infracciones cometidas por menores conllevarán multas a cargo de sus padres o tutores quienes podrían pagar sanciones de hasta 600 euros.

El texto deberá pasar por el Congreso para su aprobación definitiva y posterior publicación en el BOE. Hasta entonces, sigue vigente el marco de la Ley de 2005 y su reforma de 2010. Una vez publicada, la ley entrará en vigor a los 20 días, con un plazo adicional de dos meses para adaptar la señalización en los espacios donde exista prohibición de consumo.

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