Ayuso libra a los estudiantes de la exclusión del bono transporte y centra el castigo en los migrantes

La última medida asumida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en materia de transporte ha generado mucha polémica. La Comunidad de Madrid ha decidido que, a partir de este lunes, tan solo los ciudadanos empadronados en la región y en las poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León hasta donde llegan las conexiones podrán acceder al abono mensual de transporte. Una especie de prioridad madrileña que excluye a migrantes, tanto españoles como extranjeros, pero que finalmente contemplará una excepcionalidad para los miles de estudiantes que todos los años desembarcan en la autonomía.

La baronesa del Partido Popular (PP) ha anunciado que su administración buscará e incentivará acuerdos con el resto de regiones españolas para que los jóvenes universitarios que llegan a la autonomía para desarrollar sus estudios sigan pudiendo acceder a la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal). El resto de personas que diariamente utilizan Metro, Cercanías y los diferentes servicios de autobús para desplazarse, pero no están empadronadas, principalmente migrantes, tendrán que pagar otro tipo de billetes de mayor coste y de menor facilidad diaria.

Ayuso defiende que esta nueva medida, anunciada por el Consorcio Regional de Transporte Público Regular de Madrid (CRTM) y publicada, el pasado viernes, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), busca defender “los recursos públicos de los madrileños”. Asimismo, ha destacado que la norma del Consorcio establece, desde 2011 “que las tarifas que recogen los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños". Si bien esta discriminación no se ha aplicado en estos últimos 15 años y el Gobierno madrileño ha decidido aplicarla mientras se desarrolla la regularización y después de que el Papa haya abandonado la capital.

"Esto no afecta a los usuarios de provincias limítrofes con las que tenemos convenio (Castilla-La Mancha y Castilla y Leó). Y responde a otra realidad, el contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo utilice o no lo utilice", ha explicado en un desayuno informativo. Apoyándose en estos ejemplos, Ayuso ha detallado que del mismo modo que se mantienen convenios con otras regiones, se seguirán impulsando otros acuerdos para que los jóvenes estudiantes que vengan a la región puedan acogerse al abono joven y la subvención que conlleva.

“Teniendo ya un nuevo sistema tarifario plenamente consolidado, la Comunidad de Madrid va a aplicar la ley del Consorcio Regional de Transportes que desde 2011 nos dicta que las tarifas que recogen los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños”, ha sentenciado. Desde la oposición interpretan que no es casualidad que esto se haya producido en pleno proceso de regularización, con la “prioridad nacional” de Vox ganando peso discursivo y normativo y a las puertas de las elecciones autonómicas, pese a que la norma tiene una vida de 15 años.

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid niega la mayor y apunta a que el retraso responde a "la implantación progresiva de la tarjeta sin contacto, limitaciones tecnológicas e integración del sistema, la pandemia de COVID-19 y la alteración de la demanda”. Casualidad o no, la decisión ha generado mucha polémica y ya cuenta con una mínima rectificación en favor de los estudiantes que tendrán que esperar a que se suscriban los convenios con sus regiones de origen.