De nuevo el hermano de Isabel Díaz Ayuso vuelve a generar nerviosismo en el Partido Popular. Y de nuevo, se pone en cuestión la gestión que la Comunidad de Madrid realizó en la pandemia del coronavirus y el enriquecimiento que, mediante la comercialización de material sanitario de primera necesidad, consiguieron inmoralmente determinados comisionistas.
La justicia madrileña investiga ahora si el gobierno de Isabel Díaz Ayuso dejó en la estacada a un empresario, al que ha llevado a la ruina, porque asumió un encargo millonario de mascarillas que nunca llegaron a pagarle. No es un empresario cualquiera, ya que es un viejo conocido de la familia de Isabel Díaz Ayuso. Se trata del dueño de la empresa Care Quality Service (CQS) S.L, que trabajó hace años con el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, en MC Infortecnica – empresa familiar de Ayuso que debe más de 544.000 euros a Avalmadrid por el préstamo que recibió-.
Según desveló recientemente el periodista Javier Bañuelos en la Cadena SER, el gobierno de Ayuso recibió el material de protección sanitaria que encargó procedente de China, lo usó, pero nunca lo abonó, según figura en la demanda que han puesto en manos de los tribunales. Por si fuera poco, este impago salpica además al exconsejero de Sanidad y senador del PP Enrique Ruiz Escudero, que supuestamente se implicó personalmente en esta operación.
Desde el mismo momento de la publicación de la noticia, los nervios han aflorado de nuevo en el Partido Popular de Madrid. Unos nervios que se remontan a noviembre de 2021 -meses antes de que se conociese la comisión que Tomás Díaz Ayuso había cobrado por la venta de mascarillas, y en base a la guerra abierta entre el PP nacional y el de Madrid-, cuando ElPlural.com publicó un artículo que con el paso de los meses cobraría todo el sentido: “No son cremas, son aviones”.
Aquí un extracto del mencionado artículo: “Fuentes cercanas a Génova, 13 explican que la “operación cremas” no tendrá nada que ver con la que tumbó a Cristina Cifuentes, puesto que reconocen que Isabel Díaz Ayuso no tiene muertos en el armario en su vida privada, pero explican que podría existir material suficiente (grabaciones, vídeos e incluso documentos) para tumbar a la presidenta regional por su gestión durante la peor etapa de la pandemia: ‘No son cremas, son aviones’, indican, en referencia a una presunta inflación de los costes y los precios del material sanitario proveniente desde China en las aeronaves fletadas por la Comunidad de Madrid, entre otros contratos realizados durante la lucha contra la Covid-19”.
Por aquel entonces, en el PP de Pablo Casado ya eran conocedores de investigaciones que después se han ido conociendo y que, en su opinión, "deslegitimaban a Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid":
- El hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, había obtenido una comisión de 234.000 euros por la venta de mascarillas a la región. Sus ingresos como autónomo en los años de la pandemia habían superado el millón de euros.
- Ayuso mantenía junto a su hermano una empresa dedicada al sector sanitario: Sismédica S.L., una sociedad limitada que había sido omitida por la dirigente popular en sus primeras declaraciones de bienes ante la Asamblea de Madrid.
- La empresa de la exmujer del hermano de Ayuso había recibido casi un millón de euros de dinero público. La adjudicación de la Comunidad de Madrid a Prhoinsa S.A. fue a dedo. Los padres de Isabel Díaz Ayuso habían mantenido relaciones societarias con los administradores de la mencionada sociedad.
- La vivienda 100% propiedad de Ayuso, en régimen de “nuda propiedad”, es sede social de una empresa que compra y vende material médico. Se trata de Ayuso Lahoz S.L., una “sociedad durmiente”. Es decir, que teóricamente está “inactiva” pero pueden volver a operar cuando sus titulares quieran. O, dicho de otro modo, pueden emerger de pronto si sus titulares la consideran útil para un negocio.
- De dicha sociedad, además de la madre de Isabel Díaz Ayuso forma parte su tío, el coronel del Ejército del Aire en la reserva Juan Ayuso Puente. En Génova 13 siempre “sospecharon” que, en aquellos días iniciales de la pandemia, “su conocimiento en la importación y exportación de material sanitario y especialmente de los aviones, pudo ser vital para asesorar a Tomás Díaz Ayuso y así fletar las mascarillas por las que obtendría aquella comisión de 234.000 euros”.
Vuelve el nerviosismo en el PP de Madrid
ElPlural.com ha tenido conocimiento que a raíz de esta investigación sobre Care Quality Service (CQS) S.L se ha generado nerviosismo en ciertos sectores del PP de la Comunidad de Madrid. En primer lugar, por la relación del empresario con Tomás Díaz Ayuso y su papel en la empresa familiar, MC Infortecnica. En segundo lugar, porque se teme que tenga información sobre las gestiones del hermano de la presidenta, posiblemente de algún otro familiar y de Ruíz Escudero en el negocio que se emprendió en China. Y en tercer lugar, porque este no es el único asunto judicial que en la actualidad estaría afrontando el hermano de Isabel Díaz Ayuso a raíz de su enriquecimiento en los años de pandemia.
En un primer momento, el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Madrid asumió el caso sobre Care Quality Service, pero se acabó inhibiendo a favor de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia Madrid, que está a la espera de dictar sentencia.
Conflicto en 4,5 millones de euros
En pleno caos sanitario por el estallido de la pandemia, el 23 de marzo de 2020, la Comunidad de Madrid ponía en marcha el hospital de campaña en IFEMA. Ese mismo día, la empresa CQS S.L. se ofrecía ante la Consejería de Sanidad para importar desde China material de protección contra la COVID-19. Solo 24 horas después, el Gobierno regional aceptaba la propuesta de esta compañía, encargando 350.000 mascarillas FFP2 a un precio unitario de 6,62 euros (sin IVA) y 100.000 trajes de protección individual a 30 euros cada uno, según documentos oficiales a los que ha accedido la Cadena SER.
Antes de iniciar el pedido, CQS solicitó un contrato formal para asegurar respaldo legal, algo que la administración madrileña accedió a conceder. El 26 de marzo, Susana Álvarez Gómez, subdirectora de contratación del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), firmó el contrato y certificó que existía una partida presupuestaria para cubrir el gasto. Incluso se pactó que la Comunidad de Madrid se encargaría del transporte del material desde China, según consta en una resolución de la Consejería de Sanidad.
No obstante, el proceso pronto se vio salpicado por problemas. El 4 de abril, con el pedido ya preparado en tiempo récord, los camiones de CQS llegaron al aeropuerto de Shanghái. Allí, el contratista de transporte de la Comunidad, identificado como Óscar Leyva, se negó a cargar la mercancía en los aviones, alegando falta de autorización.
En un intento desesperado por resolver la situación, los directivos de CQS escribieron directamente al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y posteriormente enviaron un burofax a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Solo obtuvieron una respuesta automática desde el Gabinete, indicando que su solicitud sería remitida a la Consejería correspondiente.
Ante el riesgo de no cumplir con los plazos y ser acusados de retrasos, los abogados de CQS recomendaron asumir el coste del transporte por su cuenta. Así fue como la empresa pagó más de un millón de euros para fletar cuatro aviones y traer el material a Madrid. El cargamento aterrizó el 30 de abril. Sin embargo, de los cinco millones de euros en productos, CQS tuvo que vender mercancía por valor de dos millones a Iberdrola y a la Fundación del Real Madrid para poder resistir económicamente, ya que la Comunidad de Madrid no había abonado ni un céntimo.
Los tres millones de euros restantes en mascarillas y trajes protectores se entregaron directamente en IFEMA, en el pabellón 10, tal como lo demuestran los albaranes aportados a la causa judicial. Pese a recibir el material, la Consejería de Sanidad se negó a pagar, alegando que la operación nunca se cerró formalmente y que se optó por proveedores más económicos y rápidos. No obstante, según documentación de la época, la Comunidad llegó a pagar hasta 10 euros por unidad de mascarillas FFP2, muy por encima del precio ofrecido por CQS.
El conflicto ha terminado en los tribunales. CQS ha demandado a la Consejería de Sanidad por estafa, reclamando más de 4,5 millones de euros: 2,8 millones en facturas impagadas, 1,3 millones en compensación por perjuicios como transporte o almacenamiento, y casi 290.000 euros en intereses de demora.
Consultada por la SER, la Consejería de Sanidad aseguró que todas las adquisiciones durante la pandemia se centralizaron en el SERMAS, y que la cancelación del pedido se debió a cambios en el mercado y a la aparición de ofertas más competitivas. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sin responder, mientras una empresa continúa luchando en los tribunales por una operación fallida en los días más oscuros de la pandemia.
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