El Basurazo de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, es una historia de largo recorrido. Los tribunales han terminado tirando este recargo a la ciudadanía varios meses después de ser concebido, tras una larga batalla entre la administración de Cibeles, la justicia, la oposición y las asociaciones vecinales alrededor de un impuesto nacido de la normativa europea y rediseñado por la corporación municipal con una fórmula tan abusiva que ha tenido que ser prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Conviene echar la vista atrás y repasar la cronología de este tarifazo sobre la recogida de basuras que ha tenido a los ciudadanos madrileños en vilo durante meses.
Todo comenzaba en septiembre de 2025, cuando la administración de Cibeles imponía este tributo, con un valor medio de 142 euros por domicilio. Uno de los rasgos más polémicos de esta tarifa consiste en que su importe está asociado, además de al coste efectivo del servicio de residuos y de la cantidad de residuos que genera cada hogar, al valor catastral de la vivienda. De esta manera, a la tarifa básica también se le añade una parte variable con una segregación por barrios, por lo que ciertas zonas pagan un precio más alto que otras. El Consistorio, por su parte, se lavaba las manos y cargaba toda la responsabilidad al Gobierno central de Pedro Sánchez, argumentando que el impuesto nace de una normativa aprobada por el Ejecutivo en el ejercicio de 2022 para cumplir con las demandas de la Unión Europea en términos de reciclaje. Los grupos de izquierdas, así como Vox, denuncian que el alcalde no se ha movido en los márgenes que permitía la ley estatal para gravar la gestión de la basura en función de la renta de la población.
La llegada del caso a los tribunales
Fue la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la que estimó los recursos interpuestos por varias instituciones y organizaciones contra la tasa de basuras, conocida oficialmente como Ordenanza Fiscal 8/2024 del Ayuntamiento de Madrid, y declaró la nulidad de pleno derecho de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos. La justicia madrileña falló que se produjo una infracción sustancial de las normas que lo rigen, al haberse omitido durante el trámite de información pública parte esencial del informe técnico-económico (ITE) íntegro que servía de base para la determinación del recargo.
Según la sentencia, pese a reflejarse el resultado en el informe, con este no se da respuesta al cálculo de gestión de los residuos y que, por ende, estos trámites públicos se comprenden como "una garantía sustancial del procedimiento de elaboración de disposiciones generales" y, al no conocerse su actividad completa de residuos, el tribunal considera que el Ejecutivo de Almeida "ha hurtado al ciudadano un elemento esencial del expediente administrativo", según se podía leer en el texto avanzado en su momento por ElPaís. En otras palabras, el Ayuntamiento no tenía manera de demostrar que el tributo no estaba siendo aplicado de manera arbitraria, tanto en lo que respecta a la propia gestión de residuos como al precio a pagar por inmueble.
La sentencia judicial pone de relieve que la ordenanza municipal se aprobó en un contexto de "obligación legal impuesta por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados", por la cual se exigía a las administraciones locales contar con métodos de financiación que se rijan por que quien contamine, que pague. Cabe remarcar que, siguiendo las directrices marcadas por el Tribunal Supremo con respecto a esta materia, el informe del ITE no puede únicamente ofrecer cifras o resultados definitivos, sino que también ha de incluir una explicación justificada y razonada de la metodología llevada a cabo en aras de verificar la funcionalidad y eficacia de la tasa en los distintos barrios.
Lucha vecinal y modificación de la tasa
En el plano político, la tasa de basuras de Almeida generó la reclamación de en torno a 130.000 afectados ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid (TEAMM) y a la Agencia Tributaria, sumándose así a la oposición esgrimida por asociaciones vecinales con campañas que animaban a recurrir los pagos y que contaron con el apoyo de Más Madrid y la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), partido y entidad, respectivamente, que recurrieron la ordenanza ante la Justicia madrileña.
Desde Más Madrid, precisamente, se puso en marcha una campaña informativa para animar al vecindario a recurrir el pago de la nueva tasa implantada por el alcalde del PP. La formación defendió haberse opuesto a la medida cuando ésta se debatió en el Pleno del Ayuntamiento hace aproximadamente un año, y que recurrió a los tribunales por no ajustarse a la normativa.
El grupo municipal progresista no dudó en calificar de "chapuza" la tasa del regidor, tanto en términos jurídicos como en la práctica. Respecto de lo primero, Más Madrid sostiene que el Consistorio ha empleado de forma indebida este impuesto, que se encuentra regulado por ordenanza fiscal, cuando el servicio de recogida no se presta de forma directa, sino a través de compañías privadas. Además, el partido de Rita Maestre denuncia que la medida carece de criterio alguno, tanto social como de sostenibilidad.
Por otra parte, el Gobierno de Cibeles, un mes y medio después de impulsar la ordenanza, se vio obligado a modificarla para que la factura de este 2026 tuviera en cuenta el número de empadronados en la vivienda, todo ello en respuesta a las quejas de los vecinos afectados por las tasas y las quejas impulsadas por los partidos de la oposición. Debido a la diferenciación por barrios, para extraer el cálculo que afecta a cada vecino han de sumarse la tarifa básica –la cual es abonada por todos por disponer del servicio de recogida y limpieza de residuos, además de tenerse en cuenta el valor catastral del inmueble- con la tarifa por generación –que se remite al volumen de basura que se genera en cada barrio y que comprueba el nivel de reciclaje-. Con la última modificación de Cibeles, se añade un tercer factor: el empadronamiento, gestionado a través de tarifas distribuidas en diez tramos.
A lo que se enfrenta ahora el Ayuntamiento: ¿devolver los 300 millones recaudados?
Llegaba Almeida al último Pleno del Ayuntamiento ya con el impuesto a las basuras tumbado por la Justicia, y la oposición no dejó escapar la oportunidad de presionarle nuevamente con el asunto y exigirle que devuelva "cada euro" de los 300 millones de euros que el consistorio recaudó con esa tasa.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue asunto protagonista en el Pleno de Cibeles, donde tanto la oposición como Vox se la recordaron a Almeida. "Tiene que salir aquí y pedir perdón a los madrileños a los que les ha cobrado una tasa injusta e ilegal", exigía la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. "El tasazo de basuras de Almeida es ilegal". El alcalde, por su parte, volvía a atacar al Gobierno central, a quien responsabiliza del impuesto: "Vámonos juntos al Ministerio de Hacienda y le pedimos la derogación de la tasa de residuos", omitiendo en esta defensa, como se ha expuesto en líneas anteriores, que la tasa de basuras es una directriz de Europa, y que su aplicación, que en Madrid ha tumbado la Justicia, depende únicamente de cada Ayuntamiento.
Maestre le refrescaba la memoria al edil 'popular' en su posterior comparecencia ante los medios, en la que le recordaba que la cantidad de dinero que el Ayuntamiento ha recaudado con la tasa irregular se acerca a los 300 millones de euros. "Almeida tiene que aclarar cuándo va a devolver lo cobrado injustamente a los madrileños en ese tasazo de basuras que seguimos diciendo que era injusto y que además ahora los tribunales, gracias al recurso de Más Madrid, dicen que además es ilegal", reivindicaba.
