El cerco judicial sobre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se estrecha, pero no se cierra. El Tribunal de Justicia de la Unión Europa da formalmente la razón al juez Pablo Llarena en la respuesta sobre la idoneidad (negada por Bélgica) del Tribunal Supremo para juzgar al exconseller Lluís Puig y por tanto también a Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí; sin embargo, introduce dos matices que explican la persistencia durante estos años de los dirigentes independentistas de acusar a España de estado represor y perseguidor de una minoría política. Por eso, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha celebrado la sentencia del TJUE.

Puigdemont cree que el TJUE “blinda nuestra lucha contra un Estado que nos persigue por razones políticas”. Esta creencia descansa en el matiz introducido por el alto tribunal europeo al afirmar que el estado al que se reclama el cumplimiento de una euroorden solamente puede negarse de existir “una vulneración sistémica de derechos” en el estado reclamante. Añadiendo además que esta situación puede interpretarse de forma “individualizada” o respecto de “grupos objetivamente identificables”. La sentencia no da por hecho que España vulnere ningún derecho, pero el solo hecho de incluir estas referencias ha paliado para el independentismo el efecto desmoralizador de la victoria formal de Llarena al salvar el escollo aducido por la justicia belga sobre la falta de competencia del Tribunal Supremo sobre el caso.

La iniciativa se supone que recae ahora en el juez Llarena. Puigdemont está pendiente de la sentencia del tribunal General de la Unión Europea sobre la vigencia o no de su inmunidad parlamentaria como miembro de la Eurocámara. La nueva euroorden recogerá las acusaciones de malversación grave y desobediencia y habrá que ver si la justicia europea entra o no en la consideración del independentismo como grupo perseguido al que se les vulneran los derechos sistemáticamente, como aducen permanentemente los huidos y también los indultados por el Procés.

De por sí, esta sentencia no parece ser definitiva para conocer el desenlace judicial del viaje emprendido por Puigdemont, Comín, Puig y Ponsatí tras el 1-O. Tampoco le allana a Puigdemont la idea de tomar la iniciativa, a pesar de su valoración positiva de la sentencia del TJUE, al menos hasta saber si goza de inmunidad. Aclarada la materia prejudicial impulsada por Llarena, todo indica que la próxima cuestión a resolver, al menos por la justicia europea, es la naturaleza del Estado español. Fuentes del TS ya han expresado que difícilmente las acusaciones de los independentistas casarán a ojos europeos con la existencia de un Estado Autonómico. La paradoja política pendiente es singular y es esta: ¿la represión denunciada por el independentismo es compatible con la normalidad institucional de la existencia de un gobierno independentista en la Generalitat y de la colaboración parlamentaria de ERC con el gobierno del estado denunciado?