La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, habría intentado investigar las polémicas obras realizadas en centros educativos de la Comunidad de Madrid, en las que constan contratos troceados y que la administración de Sol no sacó a concurso. De los al menos siete centros educativos que se mueven en este escenario, hay uno en el que el departamento central intentó intervenir, sin éxito.
Se trata del Instituto de Secundaria (IES) Príncipe Felipe, ubicado en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Según ha adelantado en las últimas elDiario.es, la Agencia Tributaria se puso en contacto por escrito con la Consejería de Educación el 9 de enero de 2023 a cuenta de las obras ilegales que se habían acometido un año anterior en este lugar, que imparte tanto clases de Bachillerato como de Formación Profesional (FP).
Hacienda solicitó de manera formal a la Comunidad el proyecto y la licencia de obra de las acciones acometidas en el edificio. La reforma que se llevó a cabo costó 233.613,17 euros, una cantidad que se encuentra por encima de lo que la Ley de Contratación del Sector Público considera contrato menor -la que se localiza, como mucho, en los 40.000 euros más IVA- razón por la que la región procedió al fraccionamiento de las facturas y no sacó a obras unas reformas que sí lo requerían debido a la cantidad económica.
Además, se encargó la obra -de gran magnitud- a una empresa de la forma que coloquialmente se conoce como ‘a dedo’; es decir, sin someterse a concurso público y sin que existan pliegos técnicos ni una mesa de contratación que pudiera valorar diferentes ofertas. En la práctica, se reformó la planta baja, así como la biblioteca, a la vez que se hizo un aula emprendimiento y se renovaron los despachos de Dirección.
Se reformaron (al menos) siete centros con este modus operandi y uno de ellos lo está investigando la Fiscalía
El gobierno con sede en la Puerta del Sol hizo reformas en al menos siete centros educativos sin someterlos a concurso y con facturas troceadas. Los problemas para la dirección de Isabel Díaz Ayuso comenzaban a principios de mes de julio, cuando saltaba a la luz que el Ejecutivo bajo su mandato había construido al menos dos centros educativos de FP sin contrato, fuera del presupuesto, sin expediente oficial y sin ningún control económico, siendo uno de ellos el relativo al complejo educativo Ciudad Escolar.
La Consejería de Educación que en la actualidad dirige Emilio Viciana habría hecho obras en dos centros sin contrato, fuera del presupuesto y sin expediente público, saltándose con ello la Ley 9/2017 de contratos del sector público.
Con el objetivo, presuntamente, de no levantar sospechas, se trocearon los costes totales de las obras en varias facturas de un precio inferior a los 40.000 euros, haciéndolos pasar así por documentos independientes que, de esta manera, podrían perfectamente obedecer a procesos distintos que llegasen desde distintos institutos de los que saliera dinero a diferentes filiales de una misma compañía.
El primer caso que se conoció y que se encuentra ahora en manos de la Fiscalía es el que tiene que ver con el complejo escolar de Ciudad Escolar, donde se levantó un hospital escuela para que los estudiantes de la vertiente de FP sanitaria hicieran prácticas con un presupuesto de 2,4 millones de euros. Dicha operación se realizó en 2021 con la finalidad de que en caso de pandemia pudiera servir de hospital. En concreto, tanto el director de los institutos que dan forma a este complejo -el de Ciudad Escolar y el instituto Hotel Escuela- depositaron más de 700.000 euros de sus cuentas y dejaron una deuda superior a los 1,6 millones de euros.
El proyecto que se realizó en uno de estos centros se encargó al empresario Gabriel Navarro, a su vez dueño del grupo Virelec. Con todo, en el portal de contratación de la autonomía no aparecía absolutamente nada de la obrar al haberse empleado la vía del contrato menor a pesar de que el presupuesto inicial aumentara hasta los 2,46 millones de euros.
Ya en 2022, la controversia se cernía sobre la Escuela de Arte Alcalá para pagar 1,2 millones de euros. Aquí se levantó un centro, también de FP, de diseño y arte. Los pagos en este caso se realizaron, también de manera fraccionada, desde el Instituto Antonio Machado, el Conservatorio Profesional de Música y la propia Escuela de Arte.