La administración de Isabel Díaz Ayuso mantiene la reclamación a miles de familias -400.000 concretamente- cuyos familiares murieron en residencias de mayores, muchos de ellos durante la pandemia del Covid 19.
Haciendo oídos sordos a la polémica, el equipo regional sigue pidiendo el pago del mes en el que fallecieron estos ancianos, muchos de ellos sin medicalizar de manera adecuada, con plantillas de personal reducidas casi a la mitad por bajas y sin medidas sanitarias; o después de que se aprobasen los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidieron la derivación de algunos pacientes a hospitales.
Amenaza de embargo
Entre los familiares de aquellas personas hay quienes pagaron en el momento y otros que no lo hicieron, bien por indignación, desacuerdo o, sencillamente, olvido. Ahora, después de años, la administración pública les sigue reclamando el montante, encontrando la amenaza del equipo regional con llegar a ser embargados.
En concreto, el periodo cuyo dinero pide la administración pública madrileña va desde el año 2021 hasta los primeros meses de 2024, sin contar 2023. En total, la Consejería de Familias y Asuntos Sociales ha formalizado 390 requerimientos a familiares de mayores fallecidos para pedirles el dinero que adeudan para pedir cerca de 400.000 euros.
Los datos recopilados cuentan un mínimo de 187 personas fallecidas entre marzo y abril de 2020 a cuyos familiares todavía se les solicita el pago a día de hoy. A ese número hay que sumar los que ya han pagado, un dato que la mencionada Consejería no está contando de este modo, sino que “en el caso de deudas de residentes fallecidos, el proceso se dilata en el tiempo al tener que requerirse a los herederos”, según expone eldiario.es de fuentes conocedores.
El grito en alto de los familiares viene de lejos y encuentra nombres concretos como el de María, a la que el gobierno de Sol reclamó una factura superior a los 600 euros derivados de una deuda correspondiente a una factura de 2020. La Consejería sugiere que quien esté en desacuerdo haga un recurso, tal y como hizo la propia María, quien deja claro que no va a pagar, le apremian o incluso le embarguen.
También los hay que prefieren pagar, sobre todo para que el recuerdo de aquellos días no les coma. Es el caso de Elena, cuya madre falleció el mismo año y que ha abonado la cantidad que le pedían desde el equipo del Ejecutivo de 589,44 euros.
La Consejería, entretanto, defiende que no cobrar lo adeudado puede derivar en “exigencias de responsabilidad” y habla incluso de “delito de prevaricación”. En la misma línea ampara que “la legislación estatal no estableció ninguna excepcionalidad con as deudas pendientes durante la pandemia” toda vez que no recuerda que el Ejecutivo autonómico tenía plena competencia para proponer la suspensión o la revisión de pagos a sus contratistas para aliviar la situación, ya no tanto económica, como personal de las familias.
No solo reclaman el dinero a las personas fallecidas
El gobierno de Madrid reclama el dinero tanto a los familiares de personas fallecidas en residencias como a los que se marcharon de estos centros por miedo, evitando así hacer uso de la plaza durante meses.
7.291 mayores murieron en estos centros
La cifra de 7.291 se corresponde con los mayores que no fueron trasladados a hospitales por los mencionados protocolos de la vergüenza durante la pandemia del coronavirus. Se trata de una cifra que persigue a la presidenta madrileña desde la pandemia entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020. La cifra de muertes en estos centros asciende hasta los 9.470.
Durante estas semanas, tal y como se recuerda en este artículo y como se denunció en la Comisión por la Verdad por las Residencias en la Cámara Baja madrileña, la Comunidad envió circulares para limitar los traslados de mayores dependientes, dependientes cognitivos y con otras enfermedades previas a los hospitales de referencia.
Los datos oficiales son muy claros y no dejan lugar a dudas: se dio traslado a 6.308 mayores desde las residencias a hospitales públicos; de ellos se salvaron más de 4.000, lo que se corresponde con un 65% del total. Por lo tanto, los expertos coinciden en que de haberse producido todos los traslados sin atender a los protocolos establecidos por el gobierno madrileño podrían haber sobrevivido otras 4.000 personas.
Con este escenario, la gestión en las residencias de mayores durante el Covid sigue siendo uno de los temas candentes que los principales partidos de la oposición siguen llevando al Pleno de la Asamblea de Madrid para tratar de que el gobierno de Ayuso depure responsabilidades.
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