La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a un total de siete distribuidoras de alimentos, entre las que se encuentra la empresa Plataforma Femar S.L., que ha contratado Isabel Díaz Ayuso en diferentes ocasiones para repartir comida en hospitales y residencias de ancianos pese a que ha sido denunciada por distribuir comida podrida. Ante esta multa de la CNMC, y al tener en cuenta que son contrataciones públicas, desde Más Madrid han registrado en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para exigir al Gobierno de Ayuso mayor control en la contratación y, así, evitar que resulten beneficiarias de contratos públicos empresas que han sido sancionadas en firme por infracciones graves.
Desde Más Madrid, en la iniciativa del diputado Alberto Oliver, señalan que el “objetivo fundamental de las políticas de competencia es garantizar el buen funcionamiento del mercado, asegurando igualdad de condiciones entre las diferentes empresas al tiempo que impulsa la mejora permanente de los productos y los procesos, incentiva mayores niveles de inversión y reduce los precios a los consumidores”.
Del mismo modo, recuerdan que “el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea aborda de forma explícita una de las acciones más habituales contra la competencia y prohíbe, sin género de dudas, los acuerdos que sean contrarios a la misma”. Y, tras ello, y atendiendo a los datos ofrecidos por la CNMC, remarcan que “tan solo las actuaciones en el ámbito de colusión entre 2013 y 2017 han supuesto evitar unos sobreprecios por valor de 2.000 millones de euros, lo que pone de manifiesto la importancia de la lucha contra estas conductas que lastran la competitividad y permiten que empresas que no cumplen con criterios de precio o de calidad se hagan con servicios públicos”.
Además, desde la formación líder de la oposición en Madrid subrayan que dentro de las competencias autonómicas “existen instrumentos que permiten un mejor control y el aseguramiento de una verdadera competencia”: “La Junta Consultiva de Contratación Administrativa puede emitir recomendaciones o informes estableciendo criterios de participación en la contrataciones públicas y adicionalmente las comunidades autónomas tienen, de acuerdo a la Ley 1/2002 de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia, la posibilidad de reforzar los mecanismos existentes y dotarlos de los instrumentos y la estructura institucional óptima para proteger la competencia efectiva en los mercados”.
Mayor control en la contratación
Por todo ello, Más Madrid quiere con su proposición no de ley que la Asamblea de Madrid inste al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a, primero, solicitar a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa las recomendaciones que permitan incorporar en los procesos de compra de la Comunidad de Madrid para la mejora de la Contratación Pública y evitar, en la medida que habilite la normativa vigente la concurrencia de empresas condenadas en firme por infracciones graves.
Y, en segundo lugar, a iniciar en el ámbito de sus competencias la creación de una Autoridad de promoción y defensa de la competencia, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid, como organismo independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para ejercer sus funciones con autonomía orgánica, financiera y funcional con el fin de garantizar, mejorar y promover las condiciones de libre competencia y transparencia en los mercados respecto de las actividades económicas que se ejercen en la región.
La multa a Plataforma Femar, ‘premiada’ por Ayuso
La CNMC ha sancionado a la Plataforma Femar, S. L. (Femar) con 2.448.000 euros por tres infracciones tras una investigación que se inició gracias a las consultas sobre ciertos contratos que realizaron funcionarios de otras administraciones del organismo y ha terminado desmantelando tres cárteles que se repartían el suministro de alimentos a hospitales, residencias de mayores, centros penitenciarios e instalaciones del Ejército.
Femar ha sido multada por tres infracciones, lo que eleva la multa hasta los 2.448.000 euros (2.041.000 euros por la primera infracción, 244.000 euros por la segunda infracción y 163.000 euros por la tercera infracción).