El PP guarda silencio tras la imputación del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por fraude fiscal y falsedad documental. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido sin preguntas el marco de una visita a la empresa Teknia en Abantos-Zierbena en Vizcaya. 

Mientras el pasado jueves desde Europa el responsable de la formación conservadora defendía la actuación del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, este viernes ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente: "Que amenace a Adif es algo intolerable, es un enfrentamiento sin precedentes. Este ministro en un gobierno occidental estaría cesado a los quince minutos".

En paralelo y en respuesta emitida a este medio, desde Génova aseguran que no tienen “nada que decir” después de las informaciones que han salido a lo largo de la mañana. Por su parte el jefe de prensa de la líder regional, también en declaraciones a ElPlural.com, mantiene que la Comunidad de Madrid “no está involucrada en nada”.

El novio de Ayuso, imputado

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, está imputado por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un tercer presunto delito de falsedad en documento mercantil. Así lo ha remitido este viernes la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid, que ha incoado diligencias por estos hechos. De esta manera, deberá declarar como investigado con el resto de personas denunciadas: Maximiliano Eduardo N. G., David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S.

La investoigación se focalzia en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021, así como de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haber aportado, presuntamente la persona señalada, unas facturas que no se corresponden con los servicios realmente prestados y aportados con la intención de evadir el pago de impuestos.

El autoestima que “como consecuencia de estas conductas defraudatorias, al contribuyente ha dejado de ingresar la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros, delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el arttículo 390 del Código Penal”.

La juez relata que durante los ejercicios 2020 y 2021, de los que se acusa a González Amador de haber defraudado a Hacienda, su empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente “con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento de volumen de negocios que había experimentado en dichos ejercicios, llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados”.

Entre las presuntas facturas falsas, la magistrada se refiere, por ejemplo, a la de 2020 en torno a una mercantil mexicana “por importe de 620.000 euros” y en la que actuaba la representante Maximiliano Eduardo N. G., compañía que no realizó ningún servicio o trabajo en la mercantil Maxwell Cremona Ingenieria y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente. Un año después, la juez se refiere a una factura de más de 922.000 euros emitida por una sociedad de Costa Rica en la que también aparece la empresa de González Amador como socio representante Maximiliano Eduardo N.G.