La investigación de la juez que investiga la gestión de la DANA el 29 de octubre recoge una novedad acerca de la información con la que contaba la Generalitat Valenciana. Según se desprende de un informe remitido por el Gobierno de Carlos Mazón al juzgado de Catarroja, señala que a las 13:00 horas de aquel fatídico día se cuantificaron “más de 85 avisos de incomunicados, rescates y acumulaciones de agua” a causa del fuerte temporal en la zona de Requena-Utiel.
Al mediodía del 29 de octubre, ya había hasta 33 carreteras cortadas por el temporal, además de incidencias por inundaciones o desprendimientos, según recogió a su vez la Agencia de Seguridad y Emergencias; además, por la mañana ya se llegaron a realizar rescates en la comarca de la Ribera Alta, con coches atrapados y personas que solicitaban salir de sus domicilios por la acumulación de agua.
El Consorcio Provincial de Bomberos, por su parte, movilizó en aquellas horas un helicóptero de rescate para auxiliar a un camionero en la localidad de Alzira, además de que ya realizaron entonces un achique de agua en una residencia de Carlet.
En cuanto a los daños e incidencias en el ámbito ferrocarril, el mismo informe apunta que a las 12:00 horas del 29 de octubre ya estaba cortada la línea Alginet-Castelló y se registraron problemas eléctricos en las líneas 1 (València-Llíria) y 2 (València-Bétera).
Misma hora a la que Emergencias informó de que hasta 65 municipios de la Comunidad Valenciana, 60 de ellos de la provincia de Valencia, la más afectada por la DANA, habían suspendido las clases del día.
Salomé Pradas, exconsellera de Emergencias, imputada
Con el avance de las investigaciones judiciales, este lunes la magistrada instructora de Catarroja ha señalado que hubo anuncios de “gravedad” durante toda la jornada de la DANA, los cuales se emitieron desde “diversos ámbitos” -teniendo en cuenta organismos como AEMET, medios de comunicación, el servicio de emergencias 112 y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)- y con “antelación suficiente” para actuar, en un escenario en el que la jueza, según ha dicho en un auto, la Conselleria competente en materia de protección civil le corresponde ejercer el "mando único de la emergencia" dirigiendo esos planes de actuación.
Este lunes se ha conocido que la jueza ha citado a declarar en calidad de investigados a la exconsellera de Justicia e Interior, competente de Emergencias, Salomé Pradas; así como a su número dos, Emilio Argüeso. Bajo este escenario, la jueza ha señalado que el problema reside "no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real, al alcance de los responsables, ni si la información venía de órganos dependientes de la administración central (CHJ o AEMT) o autonómica (el 112 Comunitat Valenciana), sino en el hecho de que ante dicha información o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance (lo que resultaría igualmente grave), no se supieran por dónde discurría el barranco del Poyo, la situación del resto de poblaciones no relacionadas con dicho barranco, o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión".
Mantiene a su vez que las circunstancias del retraso en los avisos deben ser esclarecidas. Por el momento, ha rechazado citar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aunque ha dejado la puerta abierta a que él lo pueda solicitar de manera voluntaria.
Bajo el marco de la toma de decisiones en los momentos críticos del día de la DANA, la jueza también ha puntualizado que no era preciso “la movilización de recursos materiales y humanos, solicitar la declaración de emergencia nacional” o “contar con el asentimiento o conformidad de hasta 29 personas del CECOPI” para “tomar la decisión de avisar a los ciudadanos que podían verse afectados”. Por estas razones, ha garantizado que la instrucción determinará “las causas, que hasta el momento no resultan explicables, no solo para los familiares de los fallecidos, sino de por qué no se indicó a la población que se resguardara subiendo a zonas altas, más allá del doloroso, por su tardanza, e incompleto, por su contenido, mensaje que se ceñía a evitar desplazamientos”.
Debido a esta consecución de “actuaciones erróneas en el contenido” de aquel mensaje enviado por el sistema Es-Alert, la magistrada ha venido a cuenta a citar en calidad de investigados a los principales responsables de la emergencia.
En esencia conforme al curso de la investigación judicial, la instructora ha elevado a 225 el número de víctimas mortales, junto a tres personas desaparecidas, tras incorporar a la causa el fallecimiento de una mujer que padecía leucemia, requería transfusiones periódicas y asistencia respiratoria con oxígeno y, después de quedar sin esa asistencia, falleció en el Hospital de La Fe el 12 de noviembre. Asimismo, en el auto, contra el que cabe recurso, la magistrada estima las querellas de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud y FETAP-CGT con respecto a la declaración de Pradas y Agüeso, y rechaza la de HazteOír contra el presidente de la CHJ, Miguel Polo, y otros técnicos del organismo estatal.