Continúa el desarrollo de la comisión de investigación en el Parlamento de Galicia cuyo objetivo de arrojar luz sobre las sospechas que rodean algunas contrataciones del Gobierno autonómico en época de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta y la actual con Alfonso Rueda cada vez se aleja más de ese propósito inicial.

El motivo se encuentra en los vetos establecidos por la presidencia de la comisión, apoyada en la mayoría del PP en la misma. Esos movimientos han llevado a eliminar del turno de comparecencias a los familiares que, según la oposición del BNG y PSdeG, se beneficiaron de las contrataciones regionales, como la hermana de Feijóo, Micaela Núñez Feijóo, o el cuñado del ex presidente y hermano de su mujer, además de las sospechas surgidas -aunque ya denunciadas hace años- sobre el Hospital Álvaro Cunqueiro y el sobrecoste de su puesta en marcha desvelada en un informe del Consello de Contas.

Esta misma semana, desde el Bloque Nacionalista Galego se acusó a los 'populares' de “esconder un informe técnico de la Consellería de Sanidade del 20 de mayo de 2012”. En dicho documento “se constata la reducción de la superficie útil” del centro hospitalario vigués. Lo grave de la denuncia de los nacionalistas es que se cifra el valor de los metros cuadrados que “se dejaron de construir en 30 millones de euros”, una cantidad millonaria que, sin embargo, “la Xunta pagó igualmente”.

A esto, ayer mismo, el diputado del BNG Iago Tabarés sumó más datos en torno a los contratos que tratan de ser esclarecidos en la comisión. Para empezar lamentó los continuos votos en contra del partido que gobierna en la comunidad autónoma contra “el derechos que tienen los gallegos a conocer la verdad sobre los chanchullos del PP” en materia de contratación pública “para beneficiar a empresas amigas y familiares de altos cargos populares”.

Esta afirmación ha sido la respuesta de los nacionalistas al voto en contra frente a la moción presentada por esta formación en el Pleno de la cámara gallega que “tenía por objeto levantar los vetos del PP” en la propia comisión de investigación en lo relativo a comparecientes, pero también con la documentación remitida a los diputados que la componen.

Tal y como denunció Tabarés, “están haciendo todo lo posible para que no pueda lograr sus objetivos"; asimismo, apoyó su afirmación asegurando que en la documentación remitida no aparece expediente alguno “sobre contratos en la pandemia, o sobre los contratos menores o los adjudicados a los familiares y cargos del PP", es decir, que el partido de Rueda y Feijóo está imponiendo su mayoría para que no se esclarezca ninguno de los puntos por lo que se creó esta comisión.

"Opacidad y encubrimiento"

Lo que el PP hace en Galicia choca frontalmente con lo que que hace a nivel estatal, y así lo recordó el parlamentario del Bloque. Mientras en el Congreso y el Senado pide transparencia, en la comisión del Parlamento gallego “opta por la opacidad y el encubrimiento”.

Iago Tabarés mencionó las empresas que aparecen como adjudicatarias de contratos extraños con la Xunta, pero se centró en Eulen. En concreto, se refirió a los contratos menores que "curiosamente" benefician a esta compañía que tiene como directora en tierras gallegas a la hermana del líder nacional del PP, Micaela Núñez Feijóo, que no tendrá que comparecer gracias al PP.

El diputado nacionalista añadió cifró los contratos en más de 7 millones de euros en solo seis años en los que se incluyen “grandes licitaciones de seguridad o limpeza que no se ofertan en lotes, tal y como marca la Unión Europea”, una práctica que “impide” que “puedan concurrir pequeñas y medianas empresas”.

Las acusaciones del Bloque Nacionalista Galego va más allá y su representante indicó en la comisión que la información “remitida por el PP en la Xunta sobre Eulen ni es detallada ni veraz". Así, solo en 2019 aparecen únicamente 26 contratos con este grupo empresarial, cuando en realidad, en contratos menores, hubo “cuanto menos, 278”.

En esta manera de actuar, que la oposición gallega sitúa en la intención de esconder los datos reales, en el caso de las solicitudes sobre documentación remitida a la comisión, el Ejecutivo autonómico “solo firmó un contrato con Eulen sobre servicios sanitarios”. Sin embargo, la realidad es muy distinta puesto que “hubo más de 127 contratos menores por un importe superior al millón de euros".

Tabarés insistió en que en la documentación enviada no aparece contrato alguno con el Consorcio Galego da Igualdade, aunque existen más de 200 por valor de un millón de euros; algo similar ocurre en los datos relativos a la información de 2021, año en el que “solo reconocen 31 contratos del grupo Eulen”, pero únicamente en “contratos menores existen 328”.