En los últimos años, con algunas y contadas excepciones circunscritas a meses concretos, Galicia ha sido epicentro de los incendios forestales ocurridos en España.

La incidencia de estos episodios ha sido tan importante que, en la actualidad, da la impresión de que la superficie destruida por el fuego empieza a ser importante cuando supera las 1.000 hectáreas, una tendencia mediática a la que se llega, de manera equivocada, por la gran cantidad que se registra a nivel estatal, lo que lleva a informar del último olvidando el anterior.

En la provincia de Ourense conocien bien este fenómeno que mezcla desastre natural y prensa, no en vano encadenan un incendio tras otro. La llegada desde la Meseta por el Padornelo pone de manifiesto las consecuencias de esto. Galicia sigue verde, pero sin altura. Muchas zonas de arboleda y bosques han desaparecido.

En cuanto a las causas, siempre se ponen en entredicho las políticas que la Xunta lleva a cabo en la materia. Lo hizo el propio Alberto Núñez Feijóo en 2006, en plena oleada de fuegos que arrasaron la región y que cerraron aquel año con más de 95.000 hectáreas quemadas, sobre todo en verano. De norte a sur y de este a oeste, Galicia ardía por los cuatro costados. Feijóo, entonces en la oposición, decidió tomar 'cartas en el asunto' y, manguera en ristre, hizo el ademán de ayudar en las labores de extinción. La foto forma parte ya de su álbum político particular.

Este año, las miles de hectáreas quemadas hasta el momento tienen un responsable, según diversas organizaciones. Todas ellas forman parte de la plataforma Por un Monte Galego con Futuro y apuntan directamente al Gobierno de Alfonso Rueda y, en concreto, a la Consellería de Medio Rural. Contra ella y sus responsables acaban de presentar una denuncia ante la fiscalía.

Les acusan de “inacción” ante la plaga de incendios que arrasó en las últimas semanas “ecosistemas de gran valor como el Parque Natural do Invernadeiro y el Macizo Central ourensano, Serra do Courel, bisbarra de Valdeorras, Val de Monterrei, Montes da Cañiza, Montes da bisbarra do Ribeiro y Arenteiro, etc.”, tal y como han explicado.

Falta de recursos humanos y técnicos

Las mismas entidades también han elevado una petición a la Valedora do Pobo (Defensora del Pueblo) con el fin de que actúe de oficie e “investigue en profundidad la actuación del gobierno gallego en la prevención y extinción de los incendios forestales para el esclarecemiento” de las posible “responsabilidades penales”.

La argumentación la plataforma pasa por indicar que el daño provocado por los episodios de fuego se agravó debido a que “la mayoría de los trabajos de prevención” previstos para este año “siguen sin hacerse a día de hoy”.

Otra de las cuestiones que critican tiene que ver con la no activación del operativo de Temporada de Máximo Riesgo de Incendios, como fija el plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, PLADIGA 2022. Según señalan, esta circunstancia ha provocado que la repercusión negativa de los incendios forestales haya sido mayor.

En palabras de Xosé Santos, portavoz de la plataforma, “los indicadores diarios permitían vaticina que, en caso de focos iniciales de incendio forestal, estos podían convertirse con facilidad en grandes incendios forestales, como así lamentablemente pasó después del 14 de julio”.

A lo anterior se une el hecho de que, una vez iniciados los primeros focos “no se actuó en tiempo y forma con los medios suficientes con el objetivo de intentar controlar su expansión y minimizar los efectos de los incendios, tanto en los ecosistemas como los daños económicos y sociales que se podían producir", ha agregado.

Por un Monte Galego con Futuro pone el foco en el período del 14 al 27 de julio. En esos 13 días se vivieron situaciones terribles en algunas aldeas, con vecinos desplazados y casas calcinadas debido, tal y como han denunciado, a que esos incendios estaban “descontrolados” por la “falta de medios”, en particular en ese período.

40.000 hectáreas quemadas solo en julio

En el escrito elevado a la fiscalía también indican que el operativo para extinguir los incendios “estuvo desbordado desde el principio por la falta de medios técnicos, materiales y humanos”. Entre otras cuestiones, también especifican que las brigadas que luchaban contra los fuegos estaban formadas por menos integrantes (“solo 1, 2 o 3 componentes”) de los 5 que establece la brigada forestal tipo de Galicia.

Además, las pocas autobombas disponibles no pudieron trabajar las 24 horas al día por “la falta de conductores”, a lo que suman vehículos guardados en garajes, brigadas de refuerzo de verano para las bases de helicópteros sin contratar, brigadas de concellos inactivas y sin cubrir las vacantes y bajas en el operativo de prevención y extinción de incendios.

Para la plataforma, las casi 40.000 hectáreas quemadas solo en julio es suficiente motivo para presentar esta denuncia. Ahora espera que la fiscalía abra una investigación ante lo que considera un desastre forestal, medioambiental y social que todavía no ha terminado.