Otra explotación minera vuelve a poner en entredicho la gestión de la Xunta de Galicia en esta materia. En esta ocasión, el varapalo judicial le llega en relación con la mina de San Acisclo, ubicada en el término municipal de Murás, en la provincia de Lugo. Esta explotación, cuyo objetivo era la extracción de feldespato, había sido impulsada por la empresa Materiales Cerámicos Materias Primas SL y contaba con la autorización correspondiente del Gobierno presidido por Alfonso Rueda.

Sin embargo, frente a esa visto bueno se situaba un importante rechazo social, que recibió una alegría hace poco más de un año cuando en septiembre de 2024 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia hizo pública una sentencia en la que anulaba la concesión de la citada autorización de la administración autonómica.

Ante esa resolución, tanto la Xunta como la compañía solicitante del permiso decidieron recurrir en casación ante órganos judiciales superiores y ahora, el Sindicato Labrego Galego – Comisións Labregas acaba de anunciar que dicha impugnación “no ha sido admitida, lo que supone la paralización definitiva del proyecto minero contra el que desde la Asociación Petón do Lobo, el SLG-CCLL y demás colectivos ecologistas llevamos luchando desde hace años”.

En palabras de Margarida Prieto, coordinadora de la lucha contra el acaparamiento de tierras en la organización sindical, “una vez más tienen que ser los vecinos y los colectivos quienes luchen y haan cumplir la legalidad para que este tipo de proyectos no se implanten”.

Cabe recordar, como ha hecho el Sindicato Labrego Galego, que esta concesión minera es de 1969 y como se ha denunciado “en varias ocasiones” ha acumulado irregularidades en aspectos como “su tramitación o en la transmisión de derechos que tenían que ser declarados caducados por inactividad constatada por lo menos desde 2008”, ha detallado Prieto.

Curiosamente, la explotación está situada en una superficie que forma parte de la propuesta de ampliación de la Rede Natura 2000, “vulnerando la Directiva 92/43/CEE relativa a la Conservación de Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres”, además de la propia Directiva Marco del Agua.

La acusación de los denunciantes apunta directamente al Ejecutivo gallego ya que, a juicio de la dirigente del Sindicato Labrego Galego – Comisións Labregas, de nuevo tiene que ser “la ciudadanía la que haga valer la defensa del medio ambiente mientras la Xunta mira para otro lado”, o directamente si sitúa de parte de la empresa “incluso recurriendo en casación en Madrid, como en este caso”.

La Xunta, con la empresa

No es la primera vez que el Gobierno presidido por Alfonso Rueda muestra un respaldo directo a proyectos que, por el contrario, acumulan un rechazo social muy evidente, siendo últimamente ejemplos de esto la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei, la mira de Touro o la de San Finx, ambas en la provincia de A Coruña. Alguno de estos casos, a pesar de decisiones judiciales en contra, para buscar su protección ha sido declarado Proyecto Industrial Estratégico.

Cabe subrayar, y así lo hacen desde el Sindicato Labrego Galego a través de un comunicado, esta última lucha judicial contra la reapertura de la mina la iniciaron a finales de 2020, cuanto presentó “las primeras solicitudes de información de la concesión que se pretendía explotar”. Esos datos fueron facilitados más de seis meses después. A juicio de esta organización fue clave, ante el silencio de la Xunta, la queja presentada en la Valedora do Pobo.

Ya en 2023, a la petición del Sindicato siguió un informe de la Diputación de Lugo en cuyas conclusiones sobre el proyecto de ampliación de la explotación de la mina en el que expresaba “una preocupación por el estado de conservación de las zonas húmedas de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño, en especial por las de la Serra do Xistral”.

A pesar del proceso abierto, la empresa, sin las correspondientes autorizaciones, decidió tratar de llevar a cabo trabajos minero, algo que denunció el Sindicato al que siguió el concello de Muras que el 16 de marzo de 2023 emitió una orden de paralización.

Apenas tres meses después se produjo la primera de las resoluciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que decidió suspender la autorización de la Xunta por la proximidad a espacios protegidos, dando la razón a la asociación Petón do Lobo.

Finalmente, ahora, tras esta última resolución judicial, la mina de San Acisclo pasa a la historia a pesar de que, según Margarida Prieto, “siempre tuvimos la sensación de que la administración estaba tomando parte claramente por la empresa”.