Tres de cada cuatro españoles no creen en la imparcialidad de los jueces: la crisis de credibilidad que acorrala las reformas del TSXG

Las encuestas publicadas esta semana confirman el divorcio entre la sociedad y los tribunales, justo cuando el alto tribunal gallego reduce al mínimo el éxito de las demandas ciudadanas frente a la Xunta. La demoledora estadística retrata el giro interno del TSXG.

Desde hace unos años, pero para ser más precisos, desde aquel verano de 2023 tras unas elecciones generales cuyos resultados el Partido Popular en genérico y Alberto Núñez Feijóo en particular siguen sin ser capaces de digerir, España vive instalada en tiempos convulsos. Asistimos a diario a un escenario judicial y político difícil de asimilar, fruto de una alarmante ausencia en la separación de poderes.

Y es que la separación de poderes en Galicia no se quiebra mediante llamadas telefónicas nocturnas ni presiones explícitas sobre la mesa de un despacho; se ejecuta con la precisión quirúrgica del diseño institucional. A través de una estudiada política de nombramientos estratégicos pilotada desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mayoría conservadora, el Partido Popular ha logrado erigir una auténtica fortaleza jurídica en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El epicentro de este blindaje es la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y su intérprete principal tiene nombre propio: la magistrada Azucena Recio.

El ciudadano gana... hasta que llega la apelación

Desde su ascensión a la presidencia de la Sala, frente a la candidatura del magistrado de corte progresista y exlíder de la oposición Luis Villares, la fisonomía del alto tribunal gallego ha sufrido una mutación profunda. La reestructuración interna de las secciones, el trasvase de magistrados incómodos y la consolidación de la Sección Segunda que, por los datos, parece operar como un órgano de validación sistemática de los actos de la Xunta, han edificado un escenario donde ganar un pleito a la administración autonómica se ha convertido, por estricta definición estadística, en una misión imposible.

Ya sea por la vía ordinaria o a través del recurso de apelación, el final casi siempre es el mismo, el ciudadano sale perdiendo, con los costes de tiempo y dinero que eso supone.

El ajedrez de San Caetano: el asalto al poder judicial gallego

Para comprender el estado actual de la justicia contenciosa en Galicia, es obligatorio remontarse al proceso de renovación de la cúpula de la Sala de lo Contencioso del TSXG. Las salas de lo contencioso-administrativo son, por su propia naturaleza, los campos de batalla más sensibles para un gobierno autonómico: allí es donde se dirimen las macroconcesiones eólicas, las autorizaciones mineras, los planes urbanísticos, las sanciones multimillonarias, la gestión del personal público y los grandes contratos de infraestructuras.

Para la Xunta de Galicia, mantener el control o, al menos, la sintonía con este órgano no es una cuestión de prestigio, sino de supervivencia operativa y económica.

El punto de inflexión definitivo se produjo cuando el CGPJ otorgó la presidencia de la Sala a Azucena Recio González. Su rival en la terna era Luis Villares, un magistrado con un gran conocimiento del derecho administrativo gallego pero marcado a fuego por el PP debido a su etapa en la política activa al frente de En Marea. La elección de Recio no fue una sorpresa, sino la culminación de una estrategia de ocupación de espacios de poder judicial.

Una vez instalada en el despacho principal, Recio no tardó en hacer uso de las prerrogativas organizativas que ostenta la presidencia, coordinadas con la Sala de Gobierno del tribunal. Comenzó entonces lo que fuentes internas de la judicatura gallega califican de "purga silenciosa pero implacable". El objetivo principal era neutralizar la Sección Tercera de la Sala, un órgano que históricamente se había convertido en el gran dolor de cabeza del Ejecutivo del PP.

La Sección Tercera venía dictando sentencias demoledoras que paralizaban parques eólicos autorizados de forma exprés por la Consellería de Industria y que tumbaban proyectos mineros por flagrantes deficiencias en las declaraciones de impacto ambiental. La llegada de la nueva presidencia desmanteló el equilibrio de fuerzas: se modificaron las normas de reparto de asuntos, se ejecutaron trasvases de magistrados de una sección a otra y se aisló el criterio de Villares y otros jueces desafiantes, apartándolos del control de las áreas energéticas y medioambientales más críticas.

En su lugar, desembarcaron tres magistrados de perfil conservador para tomar el control: J. Antonio Parada López y Enrique García Llovet —procedentes de los números 1 y 2 de lo contencioso de A Coruña— junto a Antonio Martínez Quintanar, que hasta entonces ocupaba el número 2 de Vigo.

A partir de ese momento, la presidencia asumió el control de facto del diseño de las secciones, determinando quién, cómo y cuándo juzgaba las decisiones del Gobierno gallego.

Jueces para la Democracia denuncia que "desmantelan" la sección tercera con el traslado forzoso de dos de cuatro jueces en un "ataque a la independencia judicial"

Una maniobra de ingeniería institucional que un magistrado del propio tribunal resume de forma tajante: "El auténtico escándalo estructural no es que un juez interprete la ley a favor de la Administración; la verdadera perversión democrática llega cuando se manipulan las normas de reparto y se altera la composición interna de un tribunal con un único objetivo: garantizar que el ciudadano pierda el pleito antes incluso de que su abogado se haya enfundado la toga". Son las palabras cruzadas al teléfono con un magistrado del propio tribunal que exige un anonimato absoluto para evitar "problemas". Ante la repregunta de este medio ("¿A qué problemas se refiere exactamente, Señoría?"), el entrevistado zanja la conversación con una sola y demoledora palabra que lo dice todo: "Represalias".

La Sección Segunda: las cifras brutales de la asimetría

La consecuencia directa de esta reconfiguración institucional es la fisonomía actual de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del TSXG. Los datos estadísticos analizados en las memorias del propio tribunal revelan una asimetría que desborda cualquier lógica de distribución jurídica normal en un Estado de derecho.

En términos generales del derecho administrativo en España, la Administración pública cuenta con una tasa de victoria que oscila entre el 60% y el 70%. Esto se justifica técnicamente bajo el principio de la "presunción de legalidad" de los actos administrativos y la potestad de autotutela.

El ciudadano común parte con desventaja porque la Administración se presume que actúa conforme a la ley y con objetividad. Sin embargo, los márgenes de la Sección Segunda del TSXG han roto completamente ese baremo de equilibrio legal, elevando las victorias de la Xunta de Galicia a porcentajes que alcanzan entre el 85% y el 90% de los casos dictaminados. Es el muro estadístico.

Esta asimetría estadística adquiere especial relevancia en la vía de apelación. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo unipersonales, repartidos por las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, están dirigidos por jueces de carrera que operan de forma mucho más aislada a los movimientos políticos de las cúpulas.

En estos juzgados de primera instancia, los ciudadanos, los funcionarios públicos en lucha por sus derechos laborales o las pequeñas empresas locales logran ganar pleitos de manera regular contra las distintas consellerías de la Xunta.

El verdadero drama institucional comienza cuando los servicios jurídicos de la Xunta, con recursos ilimitados pagados por el erario público, apelan las sentencias que han perdido en primera instancia.

Cuando estos expedientes recaen en la Sección Segunda —especializada en temas tributarios y fiscales—, se aprecia un giro radical: sentencias bien fundamentadas por los jueces de base terminan revocadas mediante interpretaciones muy estrictas y formalistas de la ley.

En la práctica, esto anula las condenas previas a la Administración autonómica y evidencia una clara desconexión de criterios entre los juzgados inferiores y el alto tribunal.

El efecto disuasorio y la indefensión ciudadana

La consecuencia más perversa de este control estadístico absoluto no se mide solo en las sentencias publicadas, sino en los pleitos que nunca llegan a iniciarse. En los bufetes de abogados especializados en derecho público de Santiago de Compostela, Vigo o A Coruña, la sensación de impotencia se ha vuelto unánime. El diseño de la Sección Segunda ha provocado un pavoroso efecto disuasorio en la sociedad civil.

Cuando un ciudadano sufre una expropiación forzosa injusta, cuando un funcionario es depurado de su puesto mediante un sistema de libre designación arbitrario, o cuando una pequeña empresa es excluida de un concurso público con pliegos de condiciones redactados a la medida de los sospechosos habituales, lo normal es emprender acciones legales, pero la respuesta de los letrados es desalentadora: "Llevas razón, la ley te ampara, podríamos ganar en el juzgado de tu provincia... pero en cuanto la Xunta apele al TSXG, caiga en la Sección Segunda… estamos muertos. No gastes dinero en tasas ni en peritos".

El control judicial sobre el Gobierno gallego se ha debilitado

Actualmente, las resoluciones de la Xunta apenas encuentran oposición en los tribunales. Voces internas críticas sostienen que las decisiones del Gobierno gallego cuentan con un respaldo casi automático en los tribunales, y en parte esto se debe a la organización de la estructura judicial encargada de fiscalizarlas.

"El ciudadano de a pie no es consciente de la gravedad de la situación. Si te roban en la calle, te agreden, te atracan, tienes protección. Si la Xunta vulnera tus derechos económicos o profesionales de forma flagrante, la probabilidad de que encuentres amparo en el TSXG es inferior al 10%. Eso no es Justicia, es administración corporativa del poder", señala, con cara de resignación, un letrado con más de 25 años en la profesión y buena parte de ellos batallando en esta institución.

Fiscalía: el perfil plano y doctrina de no injerencia

Esta arquitectura se completa con la posición adoptada por la Fiscalía del alto tribunal gallego. El Ministerio Público mantiene un perfil técnico plano en estos procedimientos, evitando intervenir u oponerse a los decretos de organización de las salas.

Sectores doctrinales vinculan esta laxitud con la influencia histórica de corrientes conservadoras en el seno del órgano fiscal gallego, donde la impronta de dinastías judiciales de corte tradicional, como la de los Mariscal de Gante, favorece una doctrina de no injerencia en la actividad del Ejecutivo autonómico.

El Ministerio Público se limita a emitir dictámenes rutinarios, despachando los asuntos con una frialdad burocrática que jamás cuestiona las dinámicas de poder interno.

El resultado final es un notable efecto disuasorio en los despachos profesionales, donde se desaconseja el litigio ante la certeza estadística de que la estructura de la Sala ampara, de manera casi invariable, las decisiones del poder político.

La posición del Ministerio Público en la jurisdicción contencioso-administrativa gallega coincide con una composición mayoritariamente conservadora de la judicatura en la comunidad. Diversos analistas vinculan esta tendencia a la continuidad histórica de sagas familiares de arraigo conservador con una larga trayectoria en los tribunales de A Coruña, como es el caso de la familia Mariscal de Gante.

El impacto en las grandes áreas: el fin de la disidencia eólica y minera

Aunque la Sección Segunda concentra el control general y el tapón a las apelaciones del ciudadano común, el impacto de la llegada de Azucena Ponte a la presidencia de la Sala se percibe con especial virulencia en los sectores económicos estratégicos de Galicia. El desmantelamiento de la disidencia en la Sección Tercera ha abierto las puertas a una oleada de autorizaciones industriales que amenazan de manera irreversible el equilibrio medioambiental del territorio.

Durante años, la Sección Tercera del TSXG representó el último reducto de esperanza para las plataformas ecologistas, las comunidades de montes y los colectivos vecinales que luchaban contra la proliferación descontrolada de parques eólicos y proyectos mineros a cielo abierto.

Aquel tribunal aplicaba de manera rigurosa la normativa comunitaria europea en materia de impacto ambiental y participación pública. Sus sentencias, que paralizaron decenas de proyectos aprobados por la Xunta de forma atropellada para favorecer a las grandes multinacionales energéticas, provocaron la ira del Gobierno de San Caetano, que llegó a acusar públicamente a los jueces de causar un "daño patrimonial" a Galicia.

Con el nombramiento de Recio y el subsiguiente proceso de reestructuración de la Sala, ese foco de resistencia jurídica fue desactivado desde dentro. Al retirarle las competencias clave, alterar la composición de sus magistrados mediante decretos internos de reparto y diluir la presencia de voces expertas y críticas como la de Luis Villares, la presidencia de la Sala logró uniformizar el criterio del tribunal.

Vía libre a las energéticas en Galicia. La nueva doctrina de la Sala de lo Contencioso del TSXG ha levantado una barrera contra los recursos al sector eólico. Con los nuevos criterios organizativos, los errores de la Xunta pasan de causar la nulidad a ser meras faltas subsanables. El tribunal valida ahora en bloque los polémicos impactos ambientales, lo que reduce drásticamente las posibilidades de que los tribunales suspendan o anulen los permisos concedidos a las empresas del sector.

Un tribunal a la medida del poder

El análisis de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG bajo la presidencia de Azucena Recio ofrece una preocupante lección de cómo se puede erosionar la independencia judicial desde la más estricta legalidad orgánica. El Partido Popular de Galicia ha demostrado que no necesita vulnerar la ley para asegurarse el favor de los tribunales; le basta con dominar el órgano que define quién maneja las balanzas.

El giro organizativo observado en el alto tribunal gallego no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de creciente escepticismo social hacia las instituciones. Los datos demoscópicos recientes reflejan que la mayoría de los ciudadanos percibe con desconfianza la imparcialidad del sistema judicial y la asimetría en los tiempos de resolución.

Cuando los cambios en la estructura interna de los tribunales —como los acometidos en el TSXG— derivan en una barrera para las demandas ciudadanas, esa brecha entre la sociedad y la justicia se ensancha. El verdadero reto institucional ya no radica únicamente en dictar sentencias con arreglo a la norma, sino en recuperar la legitimidad y la confianza de una ciudadanía que observa con recelo el funcionamiento de sus propios contrapesos.