El Gobierno de la Xunta de Galicia, entre las quejas en torno a los varapalos judiciales por la paralización de parques eólicos, el chalé de la mujer de Alberto Núñez Feijóo y los problemas que arrastran las residencias de mayores, también trata de buscar buenas noticias, para lo cual apuesta por la industria.

En realidad, también este apartado está salpicado de polémica. Las autorizaciones para la implantación de la macrocelulosa de la multinacional portuguesa Altri en el concello lucense de Palas de Rei siguen su proceso, si bien desde la propia empresa ya se dio por hecho hace unos días que iban a tener el visto bueno de los técnicos.

En medio de todo esto, esta misma semana, el presidente gallego, Alfonso Rueda puso el acento sobre tres sectores industriales concretos al concederles la consideración de “estratégicos”. Se trata de las industrias de la alimentación, construcción y textil (curiosamente, aunque luego ha habido discrepancias sobre esto, la planta de Altri se autodefine como fabricante de fibras textiles), y esa designación abre la puerta al inicio de la preparación de los correspondientes planes directores.

Estos tres ámbitos (que suponen alrededor del 35% del empleo industrial en la región), se unen a los otros seis a los que hace ahora un año la Xunta otorgó la misma consideración (corresponden al otro 85% de la ocupación laboral industrial).

Sin embargo, las formaciones de la oposición piden más y, en concreto, el Bloque Nacionalista Galego apuesta por regular lo que califica como “medidas para la consolidación, afianzamiento y radicación empresarial y contra la deslocalización", que tiene forma de proyecto de ley.

Para su presentación, su líder, Ana Pontón, eligió la ciudad de Vigo, la más poblada de Galicia, la que cuenta con mayor número de empresas y, a su vez, la que ha soportado un golpe mayor en algunos sectores.

Según explicó la portavoz nacionalista, este proyecto de ley tiene como principal objetivo "promover la permanencia de las empresas en Galicia", aunque poniendo el acento en las que reciben ayudas públicas. Para Pontón es preciso garantizar que ese dinero procedente de las administraciones que reciben industrias y compañías "tengan un retorno económico y social en el país".

Ante delegados sindicales pertenecientes a compañías ubicadas en la ciudad olívica, insistió en que esta propuesta legislativa tiene como propósito “evitar que las empresas o las industrias se deslocalicen y destruyan puestos de trabajo después de haber recibido ayudas públicas millonarias que salen de los impuestos que pagan los gallegos".

Sectores marcados

En este sentido, advirtió de las deslocalizaciones que afectan a "sectores clave" de la economía gallega como son lo de la automoción, el tecnológico o el conservero, que en las últimas décadas están perdiendo empresas y empleo que se acaban localizando en Portugal, Marruecos, Argelia o China”.

En Vigo, el sector del automóvil es muy importante y genera mucha riqueza por la fábrica de Stellantis, de ahí que, en este caso concreto, citó que este fenómeno no solo incide en la empresa matriz sino también en las auxiliares, que “aplican recortes de personal mientras abren centros de producción fuera de Galicia”.

Ana Pontón aprovechó la presentación de este proyecto de ley para criticar la “pasividad” del Gobierno de Alfonso Rueda que, a su juicio, “carece de una política industrial de futuro". Ante esto propuso su “ley anti deslocalizaciones” que, en breve, se elevará al Parlamento autonómico para iniciar su tramitación.

Sobre la justificación de esta regulación la líder nacionalista abogó por la necesidad de que la región disponga de instrumentos legales frente a los abusos. Como ejemplo, de nuevo, recurrió al sector de la automoción, recordando que el Ejecutivo del PP anunció ayudas por importe de 230 millones de euros hasta 2027 centrado en el vehículo eléctrico o de 50 milllones para las auxiliares. Son cantidades “muy importantes y tenemos que velar para que esos recursos redunden en el bien común".

Por ello, entre otras cosas, el BNG en este proyecto de ley propone que las empresas que reciban ayudas tienen que firmar un compromiso de permanencia que, en caso de incumplir, conllevará la devolución de todas las subvenciones públicas recibidas en la última década, con una penalización de un 25 por ciento más.