El grupo Ecologistas en Acción ha publicado su informe sobre Banderas Negras 2025, un distintivo de dudoso prestigio que la entidad concede a las playas que considera están “contaminadas” y cuya gestión ambiental es “mala”.
En la costa gallega, Ecologistas en Acción ha dado seis banderas negras, entre las que llama la atención la playa de O Con, en Moaña (Pontevedra), en cuyo arenal se localiza la vivienda -calificada por Pladesemapesga, entidad que denunció primero los hechos, como "mansión ilegal"- por la que la mujer de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, mantiene un litigio con el Estado al encontrarse en terreno público.
El grupo apunta directamente a la que fuera directiva de Zara Home, a quien acusa de una “ocupación del espacio público” a la vez que queja de que parte de la responsabilidad de que la situación se mantenga así, es de la Xunta de Galicia, históricamente gobernada por el Partido Popular, ahora con Alfonso Rueda al mando; anteriormente con el propio Feijóo.
“Aunque la superficie ocupada no representa una gran extensión como en otros casos, sí es muy relevante que el infractor consorte sea el expresidente de la región y actual presidente del Partido Popular de España”, refrenda quienes emiten la distinción.
El Estado da la razón a las informaciones periodísticas
El terreno, de 210 metros cuadrados y que denunció hace tiempo ElPlural.com -que también se desplazó a la zona para comprobar de primera mano la escasa distancia que separa al agua de la puerta- debería ser de disfrute para la ciudadanía, por lo que el Servicio Provincial de Costas -perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica- pidió a su propietaria su devolución.
Tras un intercambio de razones por las partes entremezcladas con informaciones periodísticas, la Dirección General de Costas rechazaba hace cosa de un mes el recurso de Cárdenas para seguir utilizando la parcela de terreno colindante con su chalet basándose en la parcela en cuestión, que se declaró de dominio público tras el deslinde de 2007. Así pues, queda refrendado que esta zona nunca formó parte de la finca que ahora disfruta Cárdenas, por lo que no puede mantener su concesión durante 30 años como quería.
Con ello, la mujer del político ‘popular’ solo podrá continuar luchando por la exclusividad de la finca mediante un recurso ante la propia ministra del departamento perteneciente al Gobierno Central, Sara Aagesen, o, por otra parte, ante la Audiencia Nacional
En relación con este apartado, Ecologistas en Acción recuerda que la Autonomía “acaba de recibir las competencias en la gestión de los usos del litoral, tras un polémico y judicializado traspaso de competencias del Gobierno central.
“Para Ecologistas en Acción, este ejemplo confirma que la oleada de reclamación de competencias en el litoral realizadas por las autonomías en los que gobierna el Partido Popular no tenían como fin hacer cumplir la Ley de Costas, sino perpetuar la ocupación y apropiación del espacio público realizada por una minoría acaudalada”, señala el grupo.
El informe Bandeiras Negras 2025
La publicación del informe se lleva después de un análisis por parte del grupo de cerca de 8.000 kilómetros de las costas del Estado Español. En concreto, contiene más de 48 banderas que la organización ecologista otorga a puntos concretos del litoral español, dos por provincia y otras dos por ciudad autónoma.
En concreto, este reconocimiento ‘premia’ casos de contaminación y mala gestión ambiental. Se otorga a los más palpables, aunque “por desgracia, podrían ser mucho más”, emite la asociación ecologista.
En esta ocasión, la organización ha centrado el foco en el problema de la apropiación y ocupación del espacio público marítimo-terrestre, siendo éste precisamente el tema que atañe a la vivienda de la esposa de Feijóo. Sin embargo, se trata de una práctica extendida a particulares adineradas y sociedades mercantiles.
“A pesar de tratarse de actuaciones ilegales, muchas veces algunas Administraciones no hacen cumplir la Ley de Costas”, indican en su página web sobre casos de esta índole. En otras ocasiones, explica la entidad, que es “el propio Estado quien privatiza encubiertamente un espacio público y otorga concesiones a empresas privadas para usos mercantiles que restringen el libre acceso a la población”. En todo caso, hablan también de la “presión urbanística” que sufren algunos puntos, los “resorts de lujo” o “instalaciones de ocio exclusivas”.
