El desvío de mujeres gallegas a Madrid por parte del Servicio Gallego de Salud, para realizar interrupciones voluntarias del embarazo ha provocado que el Grupo Parlamentario Socialista presentase una moción en la Cámara autonómica para dar apoyo y garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, “teniendo en cuenta la dotación de medios materiales y humanos que son necesarios”. La sorpresa llegó cuando la bancada popular se abstuvo en la votación, que salió adelante con el apoyo del resto de fuerzas políticas del arco parlamentario.

Durante el debate el portavoz de Sanidad de los socialistas, Julio Torrado, acusó al Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo de incumplir con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), para dar cobertura “a los ultraderechismos” tanto “dentro de su partido, con Aznar o Casado, como fuera con Vox”. Asimismo, Torrado, aseguró que el gobierno gallego ponía todo tipo de impedimentos al cumplimiento de la normativa porque “no están de acuerdo con ella”, al tiempo que los desafió a “decidir si están con los derechos de las mujeres o con Vox”. El parlamentario criticó al partido de Feijóo que en los debates adopten una “posición política discreta y difusa” sobre el aborto, que a la hora de la verdad se convierte en su “incumplimiento desde la administración”.

El PP prioriza la objeción de los médicos sobre las mujeres

Al mismo tiempo, el socialista, reprochó al PP gallego hacer un “uso político de los derechos de la mujer”, al tratar de impedir ahora el debate, después de haber iniciado la precampaña electoral de los comicios generales “diciendo que abortar es hacer lo mismo que los neandertales”, o con la intención de derogar la Ley mostrada por Pablo Casado.

Para ejemplificar el incumplimiento del Servicio Gallego de Salud en esta materia, el responsable socialista recordó el caso de la mujer que en 2012 perdió su útero después de que la sanidad pública gallega la obligase a desplazarse a Madrid para realizar un aborto, cuando ya era demasiado tarde. Un caso por el que la sentencia “estableció negligencia médica y dilación de tres meses en la decisión para la realización del aborto, en una operación efectuada en Madrid y en la que la mujer perdió el útero como consecuencia atribuible al enorme retraso de la intervención, que pusieron en riesgo su vida”.  En este fallo judicial, categorizó el diputado, la justicia decretó que “la extensión innecesaria del embarazo muestra el fracaso estrepitoso del sistema”, ya que, enfatizó el socialista, el gobierno gallego “prioriza el derecho a la objeción de conciencia de los médicos sobre los derechos de las mujeres, en el sentido contrario que dicta la Ley, que consolida el derecho a la objeción de los profesionales sanitarios, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas”.

A pesar de la abstención del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento gallego, los socialistas no cesaron en su empeño de pedir más dotación de medios materiales y humanos, para garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo de una forma segura.