Son varios los gritos que recorren las calles de Valencia y, en última instancia, del Estado español. Uno de ellos va más allá de la petición de dimisión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y es el que solicita prisión para el responsable del PP por su gestión tras el paso de la peor DANA del siglo. Pero, ¿es posible que el político termine en la cárcel?

ElPlural.com lleva días refiriéndose a una posibilidad poco menos que hipotética, a menos en la práctica. Es decir, en el resultado final. Otra cosa es lo que el órgano jurídico del momento, en caso de que Mazón se sentara ante un tribunal, fallase. Siempre que se ha referido a este extremo se da por hecho que el líder primero de la Comunitat Valenciana es condenado por homicidio imprudente, algo que tampoco es seguro.

Es decir, no es tan fácil responder qué persona es la responsable última de las dimensiones de la catástrofe ni qué delitos cabe atribuir a quienes podrían haber hecho más para que el temporal no se cobrara más de 200 vidas ni dejara tantos daños sobre todo personales, pero también materiales, a causa de las lluvias torrenciales.

Lo que sí existe sobre la mesa son antecedentes que guardan cierta similitud. Evidentemente, ni se les acerca a la reciente gota fría en lo que a dimensión de la catástrofe de refiere, pero sí tienen nexos común como las edificaciones en zonas inundables u otras negligencias políticas en la gestión propiamente dicha.

El mercadillo de Finestrat

El precedente más cercano se mantiene en la autonomía mediterránea, aunque en este caso en una localidad de Alicante cercana a Benidorm: Finestrat. Aquí, en 2011, un matrimonio británico -Kenneth y Mary Hall- murió a causa de un intenso aguacero que inundó y se llevó por delante un mercadillo que llevaba años levantándose sobre una zona inundable.

Las consecuencias penales de aquello derivaron en la condena del exalcalde socialista José Miguel Llorca; de su sucesor del PP, Honorato Algado, y del exconcejal de Seguridad, también de la formación conservadora, Tomás Gaspar Sellés Llorca. La sentencia recoge que los ediles, todos ellos, “conocían el riesgo en caso de lluvia”, mientras que fuentes jurídicas consultadas por ElPlural.com arrojan más luz a este hecho.

Quico Miralles, abogado, activista político e impulsor de la plataforma ciudadana Mai Més relata en declaraciones para este periódico que la pena recae tanto sobre quien gobierna en ese momento como sobre quien tenía el poder previamente, al ser el primer dirigente político que dio luz verde al evento. La resolución -seguramente lo más llamativo y la que, de algún modo podría dar una respuesta jurídica hacia un futurible sobre Mazón, alguien de su equipo o, por qué no, ayuntamientos- es sólida y en aquella la Fiscalía pidió cuatro años de prisión para los implicados. Sin embargo, ninguno de ellos pisó prisión- “Al final pactan aceptar multa y demás para que la pena sea menor. Pero la Fiscalía les pide cuatro años”, emite el jurista.

El camping de Biescas (Huesca)

Anterior a esta tragedia se encuentra otra que podría sentar precedente, aunque en su caso hay que apelar a la vía de lo contencioso. Además, hay que tener en cuenta que todavía no había entrado en vigor muchas leyes tanto a nivel nacional como a otros autonómicos y/o incluso locales que van en la línea de no construir sobre áreas que se pueden inundar.

Aquella catástrofe, cuyo trámite fue por lo contencioso, data de 1996. En agosto de aquel año una fuerte riada arrasó con el camping Las Nieves, cerca de la mencionada localidad, se cobró 87 vidas, además de dejar más de 180 heridos. Fue considerada la mayor catástrofe natural de los últimos 25 años en nuestro país.

Lo más trascendente es que también se pudo haber evitado, en aquella ocasión de haberse atendido a un informe técnico que advertía del riesgo años antes de la construcción del camping; una lujosa instalación para turistas españoles y extranjeros.

Aquella fatídica tarde, alrededor de las 19:30 horas, la lluvia dejó hasta 500 litros de agua por metros cuadrado durante tan solo 8 minutos. Esto provocó una ola gigante que recorrió el barranco de Arrás, normalmente seco pero que en aquel momento fue incapaz de contener el enorme tusnami. A su paso, otra vez el agua, arrasó con todo lo que se encontró. De entre los 600 veraneantes que se encontraban entonces en Las Nieves, muchos se salvaron por una cuestión puramente de suerte, ya que quedaron, por ejemplo, atrapados en las ramas y no terminaron en el barranco.

Sobre quienes pudieron haber evitado la tragedia no recayeron penas de cárcel, aunque sí económicas. En esta línea, Miralles cuenta a ElPlural.com que el Tribunal Supremo (TS) condenó al ayuntamiento de la localidad, al Gobierno de Aragón y a varias administraciones por haber autorizado el camping en zona inundable y estableció un baremo de lo que se debe indemnizar a las familias de cada víctima, una cantidad que finalmente ronda en algo más de 200.000 euros por persona.