Salomé Pradas, quien estuvo al frente de la consejería de Emergencias el trágico 29 de octubre en la Comunidad Valenciana cuando la DANA devastó la provincia de Valencia y se llevó la vida de 228 personas, ha admitido este viernes ante la juez de Catarroja que carecía de experiencia en este ámbito y que desconocía cómo se gestiona una emergencia de semejante calibre.

Las declaraciones de Pradas no solo han evidenciado, una vez más, la dejadez de toda la comitiva del Ejecutivo de Carlos Mazón en la gestión de la DANA, sino que han provocado la reacción de los familiares de las víctimas que se han personado ante la Ciudad de la Justicia de Valencia y han recibido a los citados con gritos de “asesinos”, “Mazón, dimisión” y haciendo sonar las alertas de los móviles que el 29 de octubre llegaron cuando ya había decenas de fallecidos. 

Al conocerse la declaración prestada por la exresponsable de Emergencias, las familias de las víctimas han reflejado su malestar en los exteriores de los juzgados ante lo que consideran un relato “denigrante”. “Nos hemos sentido burladas. Si no tienes experiencia ni conocimiento, ¿para qué aceptas el cargo? Primero, el que te nombra como responsable máximo, y, segundo, tú por aceptar un cargo de tal responsabilidad”, ha manifestado en declaraciones a ElPlural.com Rosa María Álvarez Gil, hija de un hombre fallecido en Catarroja el 29O.

En esta línea, ha sostenido que el hecho de reconocer que no tenía conocimiento sobre Emergencias responde a una cuestión de “salvarse el pellejo”. “No obstante, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Si aceptas un cargo, no tiene nada que ver con el hecho de desconocer la ley, estás aceptando unas competencias y, por lo tanto, tienes que ser competente”, ha reprochado Álvarez.

Desvío de responsabilidades

En este sentido, a lo largo de la declaración que ha prestado la exresponsable de Emergencias del Consell, otro de los aspectos que ha generado la reacción de los familiares afectados ha sido el constante desvío de responsabilidades. En ello, los técnicos de emergencias han sido los principales señalados por Pradas, quienes, según lo expuesto por la exconsellera, fueron los encargados de redactar el ES-Alert y que “la culpa de que se retrasara su envío” fue de estos. 

Sin embargo, este intento por eximir responsabilidades no es nuevo. “El desvío de responsabilidades se ha dado desde el primer momento, lo que pasa que hoy lo ha hecho con luz, taquígrafos y con la jueza y el fiscal delante, pero estaba claro que se iban a echar balones fuera”, ha lamentado Álvarez.

En este sentido, Pradas también ha argumentado que en el Cecopi no había pantallas, algo que resulta totalmente falso ya que en todas las imágenes de esos días que salieron en televisión se ven las pantallas con los avisos del 112 de fondo. Y respecto a esos avisos, según Pradas, nadie en el Cecopi les avisó de las miles de llamadas de los ciudadanos pidiendo auxilio.

Pradas solo contesta a su defensa

Por otra parte, quien estuvo al cargo de Emergencias el 29 de octubre ha prestado declaración este viernes pero lo ha hecho únicamente ante su defensa. “Eso era esperable, no ha sido ninguna sorpresa ni para los familiares ni para el resto de letrados”, añade Álvarez. “Siempre dicen querer colaborar con la justicia pero cuando llega la hora de la verdad solo contestan a su abogado”, ha reprochado. 

Además, sobre la otra declaración de la jornada, correspondiente a Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, Álvarez ha confesado que no había demasiada esperanza entre los familiares de que este acudiera a declarar ante los recientes intentos por evitar acudir a la cita judicial. “Pensábamos que Argüeso podría hasta no ir porque está de baja, pero la juez le dijo que si los familiares podían ir en cualquier circunstancia, medicados, con bajas médicas, en situaciones extremas, él también podía ir”.

Una instrucción “impecable”

Sin embargo, pese a todo el dolor y los constantes intentos por parte del Ejecutivo de Mazón de evitar asumir las responsabilidades correspondientes, la justicia sí que parece querer estar del lado de las víctimas. Así, se muestran satisfechos con el proceso que la juez de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, está llevando a cabo y lo definen como “impecable”.

No obstante, lamentan que las competencias de esta se limitan a la fase de instrucción y desconocen qué pueda pasar a posteriori. “Es una juez de instrucción y podrá llegar hasta donde pueda con los medios que tiene. Pero tenemos gran incertidumbre con lo que pase después de la instrucción”.