Mape Asesores, una de las empresas que localizó el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, para la venta de mascarillas por parte de FCS Selecto Product SL, monopolizó los contratos de este material de la Xunta de Galicia recibiendo más de 10 millones de euros en 2020 por un total de 16 contratos por el mecanismo de emergencia, según se desprende de un informe reciente del Consell de Contas.
De este modo, Mape monopolizó el negocio en el primer año del Covi, con el 12,4% de importe de adjudicación. A pesar de ello, formalizó muchos menos contratos que otras empresas.
Mediación de Alberto González Amador
El origen del presunto fraude del novio de la responsable de Sol tiene su origen en las comisiones que recibió por hacer de intermediario entre las dos empresas señaladas. Así figura en la contabilidad de Maxwel Cremona S.L., propiedad 100% de González Amador, que éste emitió a la Agencia Tributaria. Según el mencionado documento, de los 2,33 millones de euros que facturó el novio de Ayuso en 2020, 1.973.000 procedieron de una única operación por intermediar para FCS.
Así las cosas, la empresa de González se embolsó 834.320 euros bajo el concepto “comercialización de clientes”, el mismo que aparece tras el beneficio de otros 1.138.680 euros en agosto. Dicha contabilidad refleja que FCS pagó a la empresa de González Amador1.973.000 euros en dos comisiones por vender a Mape material por valor de 42 millones de euros entre mayo y agosto de 2020.
Vínculo Mape-Inditex
En el organigrama de Mape, dentro del apartado de consejeros aparece el nombre de otra empresa, Mitjaterra D’Inversiones SL, que a su vez tiene en estos momentos a uno de los cuñados de Amancio Ortega, Jorge Pérez Macote, como administrador solidario.
Se trata de hermano de la mujer de Ortega, Flora Pérez Marcote, quien está al frente de Massimo Dutti desde 1991, una década después de que se incorporara a Zara, donde asumió diferentes responsabilidades en Zara Home como comprador y director de diseño durante diez años hasta que fue nombrado Director General de la firma que ahora preside.
Documentos enfrentados
Entre 2020 y 2022, las contrataciones de la administración gallega se hicieron en su mayoría por el mecanismo de emergencia. En el caso de la Xunta, estas ascendieron a casi 118 millones de euros. Sin embargo, el Consell de Contas advierte de una serie de “incidencias” en los expedientes del Sergas, tal y como muestra el último informe de fiscalización respecto de la gestión económico-financiera durante la pandemia por parte de la administración pública gallega.
El texto habla de “deficiencias” en algunas memorias justificativas de estos contratos que se realizaron a dedo y critica la falta de “un mínimo de concurrencia” por parte de las compañías, así como que no se haya comprobado la “aptitud y capacidad” del adjudicatario. También habla de que en un 8% de los casos se incumplió el plazo máximo fijado para llevar a cabo las prestaciones.
La Xunta adjudicó un millar de contratos por la vía de emergencia durante los tres años de pandemia, siendo el primer año de pandemia en el que más porcentaje de estas contrataciones (hasta 863 procedimientos) se realizaron. En la misma línea, la mayor parte de la contratación de emergencia realizada en los ejercicios de 2020 y 2021 le corresponde al Sergas, con 669 procedimientos por un valor de adjudicación de cerca de 71 millones de euros.
El informe del Consell de Contas pone el acento en el “grado de concentración” de los contratos de la Xunta. De esta manera, en el primer año de pandemia fueron 11 las empresas que acumularon la mitad del volumen adjudicado y el 29% del total de número de contratos; pero si todo se reduce a un asunto monetario, solo MAPE acumula más de 10 millones de euros.
Ya en el segundo año de la pandemia el volumen de contratos adjudicados sin mediar concurso bajó considerablemente y su importe se redujo a 30 millones de euros, pero el 66% de este montante se repartió entre únicamente cuatro empresas.