Una vez iniciada la senda del reencuentro con el gobierno de Pedro Sánchez tras el cese de la directora del CNI por el caso Pegasus (no es una ministra de Defensa, pero algo es algo), el gobierno de la Generalitat vuelve a tener como mayor problema el de siempre, la justicia. La reciente interlocutoria del TSJC que obliga al cumplimiento inmediato de la sentencia del 25% de castellano en las aulas ha propiciado la respuesta de siempre en un intento de frenar el golpe y ganar tiempo: el amago de desobediencia. Un recurso retórico actualmente porque nadie olvida los serios disgustos penales acarreados por esta actitud en el pasado. De paso, han incurrido en la crónica contradicción entre ERC y la Generalitat.

ERC cree que la mejor decisión para minimizar los efectos de la interlocutoria del TSJC es la aceleración de los trámites para modificar la ley de política lingüística, según el acuerdo alcanzado hace semanas entre los republicanos, PSC, Comunes y Junts. Sin embargo, Junts se desmarcó a las pocas horas de haberse firmado dicho acuerdo por la presión de Carles Puigdemont y Quim Torra. Marta Vilalta, secretaria general adjunta de ERC, aseguró al poco de conocerse la interlocutoria que “ahora es más urgente que nunca” el cambio de la ley. El consenso es posible, vino a decir Vilalta, aunque el tiempo apremia, concluyó en un mensaje explícito a sus renuentes socios.

El gobierno que comparten ERC y Junts ha reaccionado por boca de su portavoz, Patricia Plaja, en sentido contrario al sugerido por la dirigente republicana. Según Plaja, el titular de Educación, el republicano Josep González-Cambray, además de preparar el recurso de rigor, estaría redactando un plan para que durante el curso 2022-23 “se hable más catalán en las aulas”. Un objetivo que, de ser algo más que una declaración propagandística para salir del atolladero con un nuevo y alegre anuncio de desobediencia institucional, chocaría frontalmente con el acuerdo parlamentario que Vilalta quiere acelerar. Dicho pacto busca flexibilizar la interpretación monolingüe de la inmersión escolar en catalán para adecuar el peso de las lenguas centro a centro. El PSC, a través de su primer secretario, Salvador Illa, ha recordado de inmediato el sentido de la modificación a introducir: el catalán debe ser nuclear en la escuela, pero ésta no puede ser monolingüe.

La desobediencia escolar difícilmente va a producirse porque una vez dictada la sentencia hay miles de ojos en toda Cataluña pendientes de denunciar su incumplimiento y porque los actuales dirigentes independentistas saben perfectamente cual es la línea que no se puede cruzar, a pesar de sus frecuentes proclamas. Como siempre, Puigdemont y su Consell per la República han conminado al gobierno de Pere Aragonés a enfrentarse a la justicia. Y como siempre, el presidente Aragonés necesita ganar tiempo para que sus socios acompasen sus hechos a su discurso y, además, también, para que el escándalo Pegasus aterrice en tierra pragmática. Para que esto suceda, y de estar Oriol Junqueras en lo cierto, solo faltaría un “no lo volveremos a hacer más”, de espiar claro, por parte de Pedro Sánchez.

En esta ocasión, la inminencia del congreso de Junts exige una gran prudencia, seguramente incompatible con requerirles un retorno inmediato al pacto cuatripartito sobre política lingüística. Junts teme la reacción de los maestros y activistas más radicales, partidarios de la inmersión sin matices ni porcentajes favorables al castellano, de ahí que reivindique, de momento, que dichos sectores participen del pacto alcanzado en el Parlament. Después del congreso, que supondrá la salida de Puigdemont y Jordi Sánchez de la dirección del partido, ya se verá.

El congreso de Junts se celebrará el 4 de junio en Argelès-sur-Mer (Argelers de la Marenda, en catalán) y se presume una asamblea cómoda tras el acuerdo alcanzado in extremis por Laura Borràs y Jordi Turull para compartir el poder interno. La presidenta del Parlament será la presidenta del partido y el ex consejero de la Presidencia con Puigdemont será el secretario general, repartiéndose ambos al 50% las funciones ejecutivas. La distribución de estas funciones era el obstáculo que amenazaba con un congreso a cara o cruz.

Las reticencias entre ambos, representantes de los dos sectores mayoritarios que conviven en Junts, quedarán para más adelante. Turull se identifica con los procedentes de la vieja CDC, quienes a pesar de haber transmutado en independentistas radicales no han olvidado los mandamientos de la política institucional y sus pactos obligados. Borràs forma parte del grupo de los llegados a la política de partido en octubre de 2017 de la mano de Puigdemont, más atentos a cerrar el paso a ERC que a las obligaciones institucionales.