El anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha encendido las alarmas entre los ecologistas, que denuncian que la norma convierte el suelo público en moneda de cambio para el negocio inmobiliario, debilitando la protección territorial y el control democrático en la Comunidad de Madrid. Bajo el argumento de la urgencia para aumentar la oferta de vivienda protegida, las organizaciones alertan de que el texto abre la puerta a una profunda desregulación urbanística que beneficia a los promotores privados sin garantizar el derecho efectivo a la vivienda.
La Plataforma Ecologista Madrileña —integrada por ARBA, la Asociación Ecologista Madrileña, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura— ha presentado un extenso escrito de alegaciones al Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública, promovido por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. En él, las entidades sostienen que la norma no responde al interés general y que utiliza la emergencia habitacional como coartada para modificar de forma estructural el marco urbanístico, territorial y ambiental de la región.
Según denuncian, el texto legal altera hasta seis leyes autonómicas mediante un procedimiento de urgencia que reduce al mínimo la participación pública y el debate social. Esta forma de legislar, advierten, no es excepcional, sino que se ha convertido en una práctica habitual del Ejecutivo madrileño para introducir cambios de gran calado en la ordenación del territorio. “La urgencia se ha convertido en la regla y no en la excepción, vaciando de contenido la planificación urbanística y el control democrático”, señalan en sus alegaciones.
Urbanismo de urgencia al servicio de los promotores
Uno de los ejes centrales de la crítica es que el anteproyecto prioriza de forma sistemática la rentabilidad del promotor privado. Para ello, facilita cambios de uso del suelo, incrementos de edificabilidad y de densidad de viviendas y reduce estándares urbanísticos como los vinculados al aparcamiento o a las dotaciones públicas. Todo ello, subrayan los ecologistas, sin reforzar el parque público de vivienda ni garantizar el acceso a los colectivos más vulnerables, que son precisamente los más afectados por la crisis habitacional.
En este sentido, recuerdan que la Comunidad de Madrid sigue sin desarrollar una política pública de vivienda estructural, ha rechazado aplicar los mecanismos previstos en la Ley estatal de Vivienda y ha apostado por modelos como el Plan Vive, que califican de elitistas, opacos y alejados del interés general. “Bajo el discurso de la urgencia social se consolida un urbanismo de excepción que traslada los beneficios al sector inmobiliario sin resolver el problema de fondo”, denuncian.
La Plataforma también pone el foco en la consolidación de regímenes urbanísticos excepcionales que, pese a presentarse inicialmente como temporales, acaban integrándose de forma permanente en el ordenamiento. En 2024, la Comunidad aprobó una ley que permitía de manera extraordinaria el cambio de uso de suelos terciarios de oficinas a residencial durante dos años. El nuevo anteproyecto no solo prorroga este régimen, sino que lo amplía a suelos de hospedaje y dotacionales privados, incorporando además incrementos de edificabilidad y densidad al margen del planeamiento municipal.
Estas modificaciones, advierten, se introducen sin evaluar el impacto sobre los servicios públicos, las infraestructuras o las dotaciones necesarias, lo que puede generar situaciones de saturación y deterioro de la calidad de vida urbana. A ello se suma el refuerzo del papel de los Planes Territoriales de competencia autonómica, que pasan a tener capacidad directa para impulsar desarrollos residenciales, desplazando al planeamiento municipal, que es el instrumento clave para definir el modelo de ciudad y garantizar la participación ciudadana.
Vías pecuarias y suelo público, en riesgo de urbanización
Desde el punto de vista ambiental y territorial, uno de los aspectos más graves del anteproyecto es la desprotección del suelo público, especialmente de las vías pecuarias. Las alegaciones alertan de que la reforma introduce el silencio administrativo positivo en ámbitos sensibles como carreteras y vías pecuarias, permitiendo que la falta de informes sectoriales se interprete como favorable. Para los ecologistas, esta medida elimina controles esenciales vinculados a la seguridad vial, la viabilidad de los desarrollos urbanísticos y la protección de bienes de dominio público.
Especial preocupación genera la modificación de la Ley de Vías Pecuarias, que sustituye la obligación de clasificar estos trazados como suelo no urbanizable de protección por formulaciones ambiguas que no garantizan su preservación efectiva. Con este cambio, más de 4.000 kilómetros de vías pecuarias y alrededor de 23.000 hectáreas de suelo público quedan expuestos a procesos urbanizadores y a una pérdida irreversible de su valor ambiental, territorial y cultural.
La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia además una vulneración sistemática de la autonomía local. El anteproyecto impone normas autonómicas de aplicación directa que obligan a los ayuntamientos a pronunciarse expresamente para evitar su entrada en vigor automática, invirtiendo la lógica competencial y convirtiendo a las entidades locales en meros ejecutores de decisiones adoptadas desde el Gobierno regional.
“Las personas necesitan vivienda, pero también barrios equilibrados, servicios públicos suficientes, dotaciones cercanas y entornos no segregados. La ciudad no puede reducirse a un simple contenedor de viviendas”, subrayan las organizaciones. Por todo ello, reclaman la retirada íntegra del anteproyecto y la apertura de un proceso participativo real para diseñar una política de vivienda basada en la planificación, la sostenibilidad, la justicia social y la protección del territorio, en lugar de seguir utilizando el suelo público como moneda de cambio del negocio inmobiliario.