El grupo parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas ha elevado unas propuestas de resolución en las que ha pedido "derogar todas las leyes de género e igualdad" y "eliminar todas las direcciones generales de marcado carácter ideológico de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda". Entre las normas que la ultraderecha pide derogar se encuentra la Ley por el derecho a la vivienda.

En el escrito, la ultraderecha solicita, textualmente:

  1. Derogar la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
  2. Incentivar la colaboración público-privada mediante la cesión gratuita de promociones privadas de vivienda adjudicadas mediante concurso, en pliego de licitación fijen un precio final de venta módico.
  3. Agravar las penas por los delitos de usurpación de inmuebles y que los responsables en este tipo de delitos tengan la consideración de bandas organizadas.
  4. Aumentar la protección legal de los legítimos titulares de derechos inmobiliarios de las conductas antijurídicas.
  5. Realizar las modificaciones legales pertinentes para que los delitos sean tramitados vía enjuiciamiento rápido.
  6. Promover la reducción del IVA de la compra de la primera vivienda para fomentar la compra de vivienda en propiedad.


No obstante, cabe recordar que el derecho a la vivienda no está recogido únicamente en la citada normativa legal, sino también en el artículo 47 de la Constitución Española. "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", dicta el mismo.  

La ultraderecha exige derogar esta norma y pide un plan donde "el español siempre tenga prioridad" en el acceso y se priorice que las ayudas se destinen a personas físicas que tengan "arraigo social y cultural en España", sin especificar exactamente a qué parámetros puede acogerse tal cosa.

En cuanto a otras ramas, como la educación y la cultura, la ultraderecha ha elevado que todos los centros educativos de titularidad pública se limiten a utilizar "los símbolos estatutarios, de manera habitual y conforme a la legislación vigente, blindar la libre elección por parte de las familias del modelo educativo que desean para sus hijos y promover todas las expresiones culturales como señas de nuestra identidad, entre otras, las Fallas, Hogueras, Gaiatas y la tauromaquia", en una propuesta que puede llevar, de forma velada, un veto para evitar que las instituciones públicas desplieguen banderas palestinas en señal de protesta por el genocidio en Gaza.

Respecto al valenciano, plantean llevar a cabo "los necesarios estudios técnicos, sociológicos e históricos que actualicen la situación sociolingüística actual" y permitan realizar "con garantías" la modificación de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, además, de modificar las líneas de fomento del valenciano para que sean diseñadas "de manera que reflejen la realidad lingüística de la región, con las que se identifiquen los hablantes del valenciano, respetando la libertad de elección de todos los ciudadanos y asegurando la garantía de la enseñanza del español".

Contra la inmigración y los servicios públicos

La ultraderecha también ha incluido en sus textos un apartado específico sobre la inmigración ilegal, pidiendo la retirada de subvenciones a asociaciones u ONG que trabajen con inmigrantes, no conceder ayudas a personas que hayan entrado ilegalmente a España y establecer la "prioridad nacional" en la concesión de ayudas públicas e implementar "el protocolo para la determinación de la edad de los ilegales bajo tutela de la Generalitat" con la realización de pruebas periciales y medidas "más exhaustivas". Del mismo modo, instan al Gobierno a impulsar "un bloqueo naval que proteja nuestras costas frente al aumento de la inmigración ilegal" y un plan de "repatriación de los menas en sus países de origen". La Armada ya contestó a la extrema derecha sobre la cuestión del bloqueo naval y dijo que no podían esperar eso de ellos, sino que el protocolo de actuación al ver un cayuco u otras embarcaciones es ayudar, no hacer que se den la vuelta.

En materia de política social, Vox pide agilizar trámites a la hora de conceder ayudas, impulsar una ley integral de protección a la familia, derogar "todas las leyes de género e igualdad" de la Comunitat Valenciana, impulsar políticas de apoyo a familia y vida "desde la concepción hasta la muerte natural", eliminar "todas las líneas presupuestarias de género" y suprimir las direcciones generales de "marcado carácter ideológico" de la Generalitat. Es decir, revertir toda política social puesta en marcha hasta ahora. 

En cuanto a la industria y el turismo, los ultraderechistas abogan por el impulso de un plan estratégico de protección y promoción del turismo, proteger la industria cerámica valenciana, reconocer la nuclear como una fuente de energía "imprescindible" y prorrogar la vida útil de las centrales actualmente activas e incluso estudiar la implantación de nuevas.

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