El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, está viviendo un momento muy dulce. Más de un año de tensión, de críticas y de peticiones por su dimisión tienen ahora una contraparte de absoluta tranquilidad al haberse convertido en diputado raso tras dimitir de la presidencia y dejarle su cargo a Juan Francisco Pérez Llorca. Como parlamentario al uso, no se requiere que tenga presencia pública diaria, ni siquiera mucha actividad durante los primeros meses en el cargo, un cambio radical a cuando la oposición pedía diariamente su cabeza por la gestión de la catástrofe medioambiental del 29 de octubre. No obstante, la ausencia reiterada del diputado en la Cámara podría suponer la pérdida de algunos de sus complementos salariales, tal y como explicó el letrado de la Cámara en una consulta sobre un diputado de Compromís, además de la votación que se mantiene pendiente para decidir sobre su futuro como síndic.
Carlos Mazón dimitió el 3 de noviembre, y desde entonces, dejó de ocupar el asiento reservado al presidente, en la primera fila del Parlamento valenciano, al escaño 98, en la última grada de la Cámara. Desde esa distante posición, lejos del meollo, el exdirigente solamente ha asistido a tres plenos en las Corts desde su dimisión: la sesión de investidura de Juan Francisco Pérez Llorca (a la que solo acudió a la votación y no estuvo presente en el debate), a la toma de posesión de su sucesor en un breve pleno de menos de una hora, y al último del año, al que llegó con dos horas de retraso. Tres plenos en dos meses, y no tendrá que acudir a un cuarto al menos hasta la segunda semana de febrero, dado que PP y Vox acordaron que el inicio del periodo de sesiones arrancara el día 9 del segundo mes del año, con la oposición de PSPV y Compromís, que apostaban por reanudar el curso antes.
Numerosos privilegios a examen
El PP le dio al expresident, por un lado, la oportunidad de seguir aforado como representante en la Cámara, lo que le blinda ante el Juzgado de Catarroja que lleva el caso de la DANA, y por otro, de no tener mucha carga de trabajo y de desempeñarse como portavoz de la comisión de reglamento, un organismo fantasma sin actividad que incrementa en 8.000 euros al año las retribuciones del exdirigente. Según el buscador del diario de sesiones de la Cámara, la citada comisión lleva desde 2020 sin encuentros, y fuentes parlamentarias confirman que lleva años desierta porque sus labores han sido solucionadas desde otros frentes: por ejemplo, la reforma del reglamento aprobada el pasado diciembre se dio por el procedimiento de lectura única, sin pasar por comisión. Por otro lado, el expresident también disfruta de los privilegios de la oficina de expresidentes, que le da derecho a dos asesores, chófer y seguridad.
Por su parte, Compromís registró, tras su dimisión, una propuesta para que la Cámara manifestara si cree que Mazón debía dimitir también como diputado y no mantener el acta tras su gestión de la catástrofe, además de abogar por una modificación del Estatuto de Expresidentes para retirarle la consideración de Molt Honorable al mandatario. Ambas iniciativas cayeron en saco roto en el último pleno del año, y este 2026 lo vuelven a intentar con un nuevo texto que propone a Las Corts Valencianes "manifestar su voluntad de que el diputado Carlos Mazón Guixot deje el acta y abandone la institución con su dimisión como diputado de las Corts". La idea de los de Joan Baldoví es que todos los diputados se pronuncien sobre si el expresidente merece seguir siendo representante público, aunque lo previsible es que mantenga el cargo, dada la mayoría simple del Partido Popular y la acostumbrada abstención de Vox en cuestiones espinosas.
"Si quedara dignidad, le pedirían hoy mismo el acta"
Por su parte, fuentes socialistas consultadas por este periódico alegan que "la indignidad del Partido Popular es la que permite que Carlos Mazón continúe viviendo a todo trapo a costa de los valencianos y sin enfrentarse a la justicia por su negligente gestión de la DANA". "Su renuncia no es un paso atrás, es un paso al lado para protegerse", lamentan.
"Es inadmisible que el Partido Popular permita que una persona utilice un escaño como escudo y refugio personal, utilizando las instituciones para protegerse. Feijóo y Pérez Llorca son los responsables de que Mazón cobre un sueldo público, tenga asesores, chófer y un despacho privado en Alicante", afean en referencia a los citados privilegios del expresident.
Por último, las citadas fuentes valoran que Mazón, "si no está en condiciones de ser president, tampoco debería aferrarse a un acta para mantener su aforamiento". "Si al PP le queda algo de dignidad le pediría hoy mismo el acta y le exigiría ir a declarar ante la jueza de Catarroja", sentencian.