La jueza que instruye la causa de la DANA ha decidido este lunes prorrogar durante seis meses más la instrucción en la que investiga la muerte de 232 personas en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre de 2024. En el auto, la magistrada justifica esta decisión por la “gran complejidad” de la causa y por el objeto de “extrema gravedad”.
De esta forma, la magistrada subraya que esta causa ha exigido un gran número de pruebas y que, posiblemente, será necesario ordenar otras más allá del 30 de octubre de 2026, que es cuando vence el plazo de la instrucción marcado por la ley. Además, esta decisión llega tras el informe del ministerio fiscal, que se muestra favorable a la prolongación del plazo de instrucción, así como de otras 17 acusaciones más, como ACPV, FETAP-CGT, PSPV, Compromís, Ciudadanos, Valores, Vox, Mai Més València o la Associació Víctimes DANA 29 octubre de 2024.
En línea con todo ello, la jueza sostiene que las declaraciones testificales que todavía quedan pendientes pueden aportar datos de otros testigos y hacer necesaria la práctica de nuevas diligencias. Asimismo, subraya que tanto los informes como los oficios derivan tanto en la solicitud de nuevas pruebas como en nuevas declaraciones testificales y que el estudio de inclusión de fallecimientos como objeto de investigación exige igualmente la prórroga de la instrucción para, en caso de que sean considerados parte del procedimiento, determinar las circunstancias de su muerte, lo que puede derivar en que se haya de acordar nuevas testificales o extender la condición de perjudicados a otras personas diferentes de aquellas que instaron la solicitud.
En otro orden de cosas, la jueza ha puesto de relieve que ha acordado recuperar los mensajes de WhatsApp y Telegram de José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete del expresidente valenciano Carlos Mazón, respecto a los contactos que autorizó. Con todo ello, la magistrada defiende que podría producirse que una eventual aportación de la información solicitada al procedimiento, "que ineludiblemente se producirá con posterioridad al vencimiento del plazo de instrucción, pueda fundar la necesaria práctica de algún tipo de prueba relacionada con la investigación de la causa".
Así, remarca que la finalización de la causa “no es factible que tenga lugar en el tiempo que resta para el vencimiento del plazo de instrucción" por lo que la prórroga "se convierte en una medida absolutamente inevitable al objeto de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las partes".
Al margen de todo ello, en otro auto, la jueza de la DANA ha rechazado también incluir como víctima a una anciana de 93 años al considerar que no existe relación de causalidad entre los hechos que se investigan y su fallecimiento.
Piden el archivo de las quejas a la juez
También este mismo lunes, el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha solicitado el archivo de las tres quejas presentadas contra la magistrada de la DANA.
La primera de ellas fue presentada por el abogado de la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas. En mayo de 2025, la defensa de Pradas presentó una queja en relación con instrucción de la juez y denunciaba que el derecho de defensa de la exconsellera había sido “gravemente afectado”.
Tras ello, pidió incluir en esta queja la denegación de la transcripción íntegra de la declaración que hizo el 11 de abril sosteniendo “que se prolongó durante casi tres horas y en la que respondió a aproximadamente 140 preguntas”. Tal y como sostuvo la defensa en el comunicado, "la transcripción oficial se ha limitado a una versión resumida de 10 folios, sin incluir las preguntas formuladas, ni determinadas citas legales y matices presentes en las respuestas, aspectos que consideramos relevantes para la defensa".
La tercera queja fue presentada por el agitador ultra, Rubén Gisbert, quien presentó una querella -archivada por el TSJCV- como una queja por presunta “injerencia” del marido de la jueza.
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