La jueza de Catarroja ya conoce los nombres de los escoltas que, el día de la DANA, acompañaron al ex president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, desde el Palau hasta el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), al que no llegó hasta las 20:28 horas. Los trabajadores también habían estado junto al que fuera máximo dirigente del Partido Popular (PP) valenciano hasta que entró en El Ventorro, donde se citó con Maribel Vilaplana, pero no accedieron al restaurante y se retiraron, por orden del todavía diputado, cuando ambos comensales salieron, sobre las 19:00 horas, en dirección al parking.
La instructora de la causa había solicitado a la Unidad Adscrita a la Generalitat de la Policía Nacional el informe relativo al 29 de octubre de 2024 y, según la última actualización, el coordinador de Seguridad Dinámica de Presidencia de la Generalitat, responsable de los escoltas del equipo de Gobierno, ya lo ha trasladado. Este paso era necesario para que Nuria Ruiz Tobarra pueda citar a declarar a los agentes para que aclaren si escucharon alguna conversación entre Mazón y Salomé Pradas, imputada como responsable de Emergencias, en el trayecto hasta el CECOPI.
El chófer del vehículo también está citado a declarar, el próximo 20 de febrero, igual que el asesor Josep Lanuza y la directora general, Maite Gómez, que también se encontraban con Mazón durante el trayecto y acudirán a testificar el 23 y 27 de febrero, respectivamente. Varios testimonios claves, dado que es justo esta hora y media, entre la salida de El Ventorro y la llegada al CECOPI, sobra la que menos luz se ha conseguido arrojar. El expresident ha dado decenas de versiones y la jueza espera encontrar la verdad entre tantas mentiras.
Intereses personales, llamadas manipuladas y negligencias
La causa continúa avanzando y despejando dudas sobre la gestión negligente del temporal, que terminó cobrándose 230 vidas. Este martes, el jefe de Explotación del 112 (centralita), Manuel Villalba, reconoció que a las 14:00 horas del fatídico día ya se conocían los riesgos del barranco de Poyo, cuyo desborde posterior acabó siendo una de las circunstancias más graves. “Preocupaba en ese momento el barranco del Poyo”, trasladó ante la jueza. Sin embargo, los bomberos se retiraron del lugar y no se emitió ninguna alerta dirigida a la ciudadanía.
Asimismo, la jueza también ha podido conocer a través del testimonio de técnicos que quien fuero secretario autonómico de Emergencias y ahora imputado, Emilio Argüeso, pidió a los empleados del 112, en los peores momentos de la catástrofe (en torno a las 19:30 horas), que gestionasen peticiones de auxilio de sus conocidos, que no podía contactar con el servicio, como el resto de los ciudadanos valencianos, porque se encontraba colapsado por la afluencia de llamadas.
Una actuación más que cuestionable que se suma a otras reveladas esta semana, como la de la manipulación y posterior filtración interesada de la llamada mantenida entre Emergencias y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Tanto el PP como Mazón no dudaron en hacerse eco del bulo, que ahora se investiga si pudo ser construido por el que fuera mano derecha de Mazón en la Diputación de Alicante y director general de Emergencias el día de la DANA, Alberto Martín Moratilla, y al subsecretario de la Consellería de Justicia, Ricardo García García.
El informe entregado por la Guardia Civil al juzgado apunta que las dos figuras clave de la cartera que pilotaba Salomé Pradas, consellera de Justicia, tuvieron acceso a la llamada y pudieron incurrir en el delito de manipularla y difundirla. “Existía un acceso y grabación de dicha llamada, la cual habría tenido lugar entre los días 30/10/2024 y 02/11/2024 por D. Ricardo García García, subsecretario de la Consellería de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana y D. Alberto Martín Moratilla, director general de Emergencias y Extinción de Incendios, quienes habrían obtenido copia de dicha llamada en un pendrive”, apunta la benemérita.
