La insistencia del Partido Popular (PP) en boicotear las políticas climáticas puede costar cientos de millones de euros a los ciudadanos de aquellas ciudades donde los gobernantes se niegan a aplicar lo acordado en Europa. El peso de la ultraderecha en determinados municipios, donde los de Alberto Núñez Feijóo necesitan de sus votos para gobernar, está consiguiendo tumbar normativas que ya habían sido autorizadas y que traían aparejadas importantes subvenciones, como es el caso de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que han decaído en Valencia.
La ciudad dominada por María José Catalá rechazaba este lunes la última intentona de la oposición para alcanzar un acuerdo y deja a la capital valenciana en una situación complicada, que podría derivar en la pérdida de 150 millones de euros, entre subvenciones decaídas de los fondos europeos y sanciones por el incumplimiento de compromisos ya certificados. Los socialistas (PSPV) y Compromís lo han intentado, proponiendo un proyecto más laxo y de implantación flexible, pero el tándem de PP y Vox ha mantenido su negativa.
El Ayuntamiento llegará al 31 de diciembre, fecha límite contemplada, sin tener la ordenanza correspondiente, pese a que cuenta con centenares de cámaras instaladas con dinero europeo para la implementación de las ZBE. Estas tecnologías se usarán únicamente para controlar el paso de vehículos, naturaleza insuficiente en relación con lo que exigía la financiación recibida. Con todo, el Gobierno municipal podría quedarse fuera también las bonificaciones nacionales en materia de movilidad (abonos de transporte público) y recibir una sanción del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Valencia “puede llegar a perder alrededor de 150 millones de euros procedentes de programas europeos vinculados a la movilidad sostenible”, advertía la moción urgente de PSPV y Compromís, que aludía también a los descuentos nacionales y a las sanciones, lo que en conjunto podría suponer “un grave perjuicio para el presupuesto municipal, para el desarrollo de proyectos estratégicos para la ciudad y para el conjunto de la ciudadanía”. Con todo, Valencia será la única entre las grandes ciudades españolas que no contará con una Zona de Bajas Emisiones.
“La falta de acuerdo del gobierno municipal formado por el Partido Popular y los negacionistas del cambio climático de Vox aboca a la ciudad a un futuro incierto”, añadía el texto, poniendo el foco personal en la alcaldesa: “está poniendo en riesgo tanto la seguridad jurídica como la credibilidad institucional de Valencia”. Sin embargo, el concejal valenciano de Movilidad, Jesús Carbonell, niega la mayor y asegura que no habrá responsabilidades jurídicas, pese a que tanto instituciones internacionales como nacionales han advertido a otros municipios de las represalias.
Propuesta de PSPV y Compromís
La propuesta conjunta de ambas formaciones era la misma que la del anterior pleno extraordinario, pero se había retirado los puntos referidos a la restricción del tráfico en la calle Colón y a la apuesta por un Corredor Verde sin carriles para el tráfico, tal y como había reclamado Catalá. Pero ni por esas el PP ha transigido con una moción que la oposición considera “totalmente asumible”.
En detalle, la propuesta planteaba una ZBE de ámbito municipal con un calendario de implantación progresivo para los vehículos más contaminantes, comenzando por los procedentes de fuera de la provincia y finalizando por los residentes. El texto incorporaba ayudas para las familias más vulnerables, exenciones para personas con movilidad reducida y servicios esenciales, así como un régimen transitorio para que los comercios y las actividades económicas puedan adaptarse sin impactos negativos.
También incluía la implantación en 2027 de un modelo de zonas de estacionamiento para residentes en todos los barrios, reservando al menos el 55% de las plazas para vecinos y vecinas y eliminando el pago para los hogares con menos recursos. “Los valencianos y valencianas tendrán que saber que cada vez que cargue en el bonobús van a pagar más de tres euros adicionales solamente porque María José Catalá no puede contrariar y contradecir los pactos secretos que tiene con Vox”, afean desde el PSPV una de las consecuencias.
