Sigue ampliándose el escándalo por la adjudicación irregular de viviendas protegidas en Alicante. La Fiscalía investiga cinco delitos en el caso, en el que están señalados varios altos cargos del Ayuntamiento, que dirige el popular Luis Barcala, además del arquitecto municipal, Francisco Nieto, por presuntamente haber recibido las VPO de la urbanización Les Naus mediante adjudicaciones amañadas. El foco se pone ahora sobre este último -el arquitecto-, porque participa en el control del Plan Vive.
En medio del escándalo, Nieto figura en la comisión de seguimiento del plan de alquiler asequible de viviendas públicas de la Generalitat Valenciana como sustituto. El organismo supervisa el convenio entre el Ayuntamiento de Alicante y la administración autonómica, ambas del Partido Popular.
La Junta de Gobierno Local lo decidió el pasado 11 de noviembre, según el acta que recoge El Periódico. En aquella reunión, el Ejecutivo municipal aprobó delegar la gestión de la concesión de parcelas municipales, en las que se espera que se construyan las próximas promociones de viviendas protegidas. La última tirada de VPO en Alicante -esta de una promoción del Ayuntamiento- es la que está precisamente en el foco de la polémica en la que está involucrado Nieto.
La concesión de esos terrenos depende ahora de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVhA), organismo de la Generalitat. Allí se construirán las próximas promociones del Plan Vive. Para llevar a cabo y supervisar el acuerdo entre el consistorio y el Consell, se formaron la Mesa de Contratación Conjunta entre Ayuntamiento y EVhA, y la comisión de seguimiento del convenio. En ambas, Nieto figura como suplente.
El Ayuntamiento denunció al arquitecto ante Fiscalía
El Ayuntamiento, del Partido Popular, ha tratado de quitarse de encima toda responsabilidad desde que saltó el escándalo el pasado mes de enero, pese a que ya se ha llevado por delante a tres altos cargos de la Concejalía de Urbanismo. De hecho el propio Francisco Nieto apunta a ser la cabeza de turco del Ejecutivo de Luis Barcala. Los abogados del consistorio le señalaron en la denuncia ante Fiscalía, argumentando que, después de investigar internamente al arquitecto y otros implicados "subsisten incógnitas y aspectos fácticos no esclarecidos".
Según la querella, "preocupa la posibilidad de que pudieran haberse dado intervenciones materiales o influencias funcionales no documentadas oficialmente por parte de las personas implicadas" para, presuntamente, haber favorecido la adjudicación de VPO a su favor o al de su entorno. El escrito acusa a Nieto de esto, argumentando que mantuvo "reuniones con el personal del servicio de Patrimonio e incluso con representantes de la Cooperativa".
De hecho, el arquitecto fue propuesto como responsable municipal del contrato para las VPO en 2024, cargo al que finalmente no accedió, designándose a otro funcionario "por directriz de la Concejalía de Urbanismo". Esto no quita, argumenta el consistorio, que "este empleado intervino de facto en la gestión del contrato [...] sin que conste que advirtiera ni se apartara" pese a su "interés personal".
