Apenas una semana como presidenta de la Comunidad de Madrid y la nube de sospechas sigue sobrevolando sobre la popular Isabel Díaz Ayuso. Consiguió retener el gran feudo de los azules pactando, sobre la bocina y en cenáculos privados apartados de las cámaras, con Ciudadanos y Vox. Mientras sus dos socios marcaron la parrilla informativa con sus improperios recíprocos tiempo atrás, ahora es la dirigente quién, junto a Génova, sorprende a propios y extraños con sus nombramientos.
Una auténtica agencia de colocación. Los malos resultados del PP en los comicios generales han hecho de Madrid el emplazamiento fetiche de los de Casado. Y, a la hora de devolver favores, agradecer los servicios prestados y mantener a la primera plana otorgando despachos, siempre hay nombres propios. En este caso son, además de Pedro Balbín Seco (director General de Comunicación del Ejecutivo pese a su implicación en Púnica), Concepción Dancausa y Pedro Irigoyen Barja, viceconsejera de Vivienda y Administraciones Locales de la Comunidad y director general de Recursos Humanos.
Condenada por el Tribunal de Cuentas
Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso tuvo la ocurrencia de nombrar a Concepción Dancausa como nueva viceconsejera de Vivienda y Administraciones Locales de la Comunidad de Madrid. Un hecho que pasaría desapercibido de no ser por su implicación en la venta de viviendas sociales al fondo buitre Blackstone, junto a Ana Botella.
De hecho, ambas – junto a otros cinco altos cargos del Gobierno de Botella -, fueron condenadas en diciembre por el Tribunal de Cuentas a pagar 25,7 millones de euros por dicha venta, la cual se realizó a un precio más bajo del que exigía el mercado. No obstante, el tribunal revocó la condena en segunda instancia gracias a los votos favorables de dos afines al Partido Popular. "Es una decisión personal de Ayuso", alegan los naranjas, justificando su decisión en que su condena está revocada.
Investigado por el Banco de España
El tercero en discordia es Pedro Irigoyen Barja, un funcionario de carrera y exconsejero de Avalmadrid que también se ha sumado al Ejecutivo de PP y Ciudadanos como director general de Recursos Humanos.
Su estancia en Avalmadrid no fue del todo idónea. El Banco de España mantiene abierta una investigación sobre dicha empresa y en la que aparece su nombre. De hecho, la entidad le ha abierto un expediente y ha propuesto una multa de 10.000 euros por la concesión de avales a empresas saltándose la normativa de riesgos.
Fuentes internas de Ciudadanos consultadas vuelven a excluirse de culpa, justificando los nombramientos de los exconsejeros de Avalmadrid como "una decisión de Ayuso": "No vamos a entrar ahí", sentencian.
