El Tribunal Supremo ha revisado la sentencia del Procés y ha desbaratado cualquier especulación sobre una eventual “operación Junqueras”, hipótesis que estaba en el trasfondo del pacto entre republicanos y PSOE para aprobar los presupuestos del estado y reformar el delito de sedición. La reafirmación del TS de la condena por malversación grave contra el presidente de ERC, que seguirá inhabilitado hasta 2031, certifica que a ERC le ha salido el tiro por la culata, a la vez que avala las tesis del juez Pablo Llerena frente a la fiscalía general del Estado al negar la posibilidad de substituir el delito eliminado de sedición por el de desórdenes públicos agravados en el caso de los dirigentes instalados en Bélgica. El gobierno de Pedro Sánchez salva los muebles frente a las acusaciones del PP de haber despenalizado el Procés, al mantener el tribunal las penas por malversación, pero advirtiendo que la reclamación y movilización independentista sin violencia queda despenalizada.

Tras la desaparición del delito de sedición el TS ha sentenciado que los acusados por desobediencia y malversación (Junqueras, Turull, Romeva y Bassa) mantienen sus inhabilitaciones intactas mientras que los acusados por desobediencia (Forcadell, Rull, Forn, Sánchez y Cuixart) quedan liberados de cualquier consecuencia. El caso de Jordi Sánchez, entonces presidente de la ANC, y de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, permite al TS precisar las diferencias entre unos y otros acusados. Los dos presidentes de las entidades son los únicos a los que se les aplica el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, al atribuirse a la manifestación ante la consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017 la violencia que no se habría dado en ninguno de los otros actos juzgados en 2019.

La interlocutoria de revisión de penas entierra definitivamente las tesis de ERC de haber conseguido (gracias a su apoyo al gobierno de PSOE y Unidas Podemos) una reforma del Código Penal con efectos parecidos a una amnistía. De hecho, el TS viene a dar la razón a Junts, partido que siempre ha mantenido que el pacto de los republicanos con los socialistas en el Congreso de los Diputados no les arreglaría la vida a los condenados. Aunque algo si habrá beneficiado a Rull, Forn y Sánchez, todos ellos dirigentes de Junts, que ya están en condiciones de participar en las próximas elecciones, a pesar de no estar ninguno de ellos en la cúspide dirigente del partido de Jordi Turull, que, como Junqueras, seguirá inhabilitado.

ERC no ha disimulado su disgusto por el desenlace de la revisión de condenas que se aleja mucho de las previsiones que utilizó como justificación de sus votos a los presupuestos generales del Estado. Junqueras sigue en dique seco y su eventual candidatura a la presidencia de la Generalitat queda aparcada hasta después del año 2031. Un par de legislaturas son una eternidad y esta evidencia podría inducir a algunos cambios en la actual estrategia republicana, comenzando por el calendario electoral de la legislatura en curso.

La actual legislatura está prácticamente asegurada después del acuerdo con el PSC para la aprobación de los presupuestos autonómicos. Sin embargo, la nueva sentencia del TS permitirá a sus rivales de Junts acentuar sus criticas mordaces por la inoperancia de sus acuerdos con el gobierno de Madrid, lo que siempre pone de los nervios a ERC. Paralelamente, las dificultades por concretar el alcance de los pactos con el PSC, especialmente la ampliación del aeropuerto, sumada con el desengaño cosechado con el resultado del apoyo a Pedro Sánchez, podría desembocar en la reorientación de la actual estrategia republicana que parecía asentada hasta ahora.

La tormenta acecha de nuevo la política catalana, aunque tal vez todo quede para después de las elecciones municipales. ERC vera debilitado su discurso pragmático, Junts y Puigdemont tocarán a somatén independentista alegando que la justicia española siempre boicoteará pactos políticos beneficiosos para el independentismo, los socialistas simplemente abrirán el paraguas advirtiendo que siempre adujeron que la reforma penal no implicaba la impunidad del Procés (siempre que se dé la malversación, claro) y el ala derecha del Parlament deberá compaginar su disgusto por la suerte de la mitad de los acusados con el aplauso a la condena a la otra mitad.