El resultado del plan de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, para evitar que el diputado de la CUP inhabilitado por el Tribnunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deba abandonar su escaño será idéntico al plan de su predecesor en el cargo, Roger Torrent. La diferencia estará en el grado de desgaste infligido a la cámara catalana por parte de quien dice defenderla más que nadie. Junts y la CUP se ensañaron con Torrent por no desobedecer, sin embargo, tampoco desobedecerán en cuanto el Tribunal Supremo rechace el recurso contra la exigencia de la Junta Electoral Central (JEC). Eso sí, Borràs habrá exhibido toda su pasión por la épica verbal.

El diputado Pau Juvillà  dejó de figurar en la nómina del Parlament, según ha dicho la secretaria general de la cámara, en cuanto la JEC apremió para que se cumpliera la sentencia de inhabilitación. Una condena dictada por un episodio sucedido cuando era concejal en el Ayuntamiento de Lleida y confundió su despacho oficial con un escenario electoral. Una historia casi calcada a la protagonizada por Quim Torra que tendrá el mismo desenlace que tuvo para el entonces presidente de la Generalitat.

Las múltiples declaraciones previas de Borràs anunciando un cambio de actitud respecto a Torrent, acusado habitualmente de timorato por hacer lo que acabará haciendo la actual presidenta de la cámara catalana, quedarán en nada. El peligro que correrían los funcionarios encargados de tramitar la pérdida del escaño de no hacerlo es la razón formal para rehuir la desobediencia institucional que hace unos días era presentada como irrenunciable, a pesar de ser el factor funcionarial perfectamente conocido de antemano.  

A pesar de todo, es muy probable que los seguidores más entusiastas de Borràs hagan un alarde de fidelidad y expresen en cascada su satisfacción por la firmeza dialéctica empleada, sin otras decisiones firmes que entretener a la clientela mientras espera el momento de ceder ante el TS. El cierre patronal a medio gas presentado como el no va más de la resistencia al Estado solo ha servido para que la oposición renueve sus argumentos sobre el desprecio independentista por las instituciones autonómicas aunque sean indiscutiblemente históricas.

La participación de los comunes

El Govern de la Generalitat y su presidente se han mantenido ostentosamente al margen de esta exaltación de la derrota protagonizada por Junts y la CUP. Los Comunes, en cambio, han participado de la maniobra de Borràs, seguramente dolidos todavía por la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de dar curso al requerimiento de la JEC que dejó sin escaño al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. La gesticulación sobre eventuales desobediencias patrióticas ha acabado por ahogar el verdadero debate de fondo sobre el inicio del periodo de inhabilitación de los diputados cuando sus sentencias no son todavía firmes. Pero concentrarse en este aspecto substancial habría sido tanto como españolizar el debate y esta opción queda fuera de los intereses inmediatos del independentismo catalán.

Esta prevención, de todas maneras, difícilmente se mantendrá tras la decisión del PDeCat de apoyar la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez y la negativa de ERC a secundarla. Junts, que no hace tanto compartía grupo en el Congreso con el PDeCat, estallará en contra de sus antiguos colegas a los que señalará como cómplices del estado por no haber propiciado la preceptiva inestabilidad en el Congreso. ERC, cuya deserción de la mayoría de la investidura habrá sido en vano, deberá enfrentar el distanciamiento de los Comunes. Éstos, desengañados con los republicanos por haber abandonado a su ministra fetiche, Yolanda Díaz, cuando más los necesitaba para presionar al PSOE, dejarán por un tiempo de facilitar la vida parlamentaria a Pere Aragonés; hasta que se tercie una nueva ocasión de obtener unos minutos de gloria en TV3.