Los Mossos d’Esquadra han puesto en marcha este jueves el desalojo de 58 pisos ocupados desde 2017 en el barrio de la Mina de la localidad barcelonesa de Sant Adrià del Besòs. La polícia catalana ha desplegado desde primera hora de la mañana un amplio dispositivo formado por agentes del Área de Recursos Operativos (ARRO) para llevar a cabo los tres primeros desahucios del conjunto de viviendas conocido como Bloques de la Rambla promovidos por el Consorcio de la Mina -la entidad propietaria- para cumplir con su objetivo inicial, el de realojar en dichos inmuebles a los vecinos del bloque Venus, un edificio del mismo barrio que está previsto que se derribe en 2028 debido al estado de deterioro en el que se encuentra.
El más de medio centenar de viviendas fue ocupado en 2017 cuando todavía no vivía nadie en ellas y desde entonces se han convertido en un conflicto entre el Consorcio de la Mina y las familias que las han habitado durante este tiempo, que dejaba claro que el desalojo no iba a ser sencillo. Por esta razón, los agentes de los Mossos se han encargado de blindar los accesos a los bloques con el fin de asegurar que la comitiva judicial pudiera entrar en ellos para realizar la ejecución de los primeros desahucios tras haber retirado las vallas de obras colocadas por alrededor de 40 personas concentradas en el lugar con el fin de evitar el desalojo.
El Sindicat de l'Habitatge y las familias piden que se detengan los desalojos y se estudien todos los casos
Tanto las familias residentes en los Bloques de la Rambla como el Sindicat de l’Habitatge de Catalunya exigen que se paralicen los desalojos y se abran las negociaciones para llegar a un acuerdo, así como que “se estudien los casos familia por familia para garantizar una solución real”. Los siguientes desahucios en el conjunto de viviendas ocupadas están previstos para los próximos 22, 25 y 29 de junio.
Desde el sindicato defienden que “hay muchísimas alternativas” debido a que existen “millares de pisos vacíos” y señalan que la solución a “un conflicto que lleva 25 años” (el del bloque Venus) no puede suponer desahuciar a sesenta familias. “Es mucho más fácil desalojar a familias pobres que obligar a los grandes tenedores a perder dinero”, apuntan.
“Las vidas de la gente de la Mina no pueden ser moneda de cambio de los cálculos políticos y electorales, y la administración debe dar marcha atrás en este conflicto”, manifiestan desde la asociación, remarcando que el desalojo “puede abrir una herida en el barrio que será difícilmente reparable”. Asimismo, sostienen que las viviendas ocupadas quedaron vacías porque muchos vecinos del bloque Venus no pudieron pagar la entrada, la cual oscilaba en función del piso entre los 34.000 y los 40.000 euros.
Sin embargo, desde el Consorcio del barrio de la Mina, una entidad formada por los ayuntamientos de Sant Adrià del Besòs y Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Diputación de Barcelona, afirman que la mayoría de familias que han ocupado los Bloques de la Rambla “no son casos en seguimiento” por parte de servicios sociales y, por lo tanto, no son consideradas familias vulnerables a las que deba ofrecerse una alternativa habitacional. En este sentido, las administraciones apuntan que si detectan situaciones de vulnerabilidad en las que se deba actuar, estas serán atendidas por la mesa de emergencias de Sant Adrià.
Los vecinos desalojados reclaman alquileres sociales para quienes los necesiten
Una de las afectadas por los tres primeros desalojos se llama Samira, una joven con dos hijos que entró en la vivienda que ocupaba en 2019, con tan solo 14 años, que ha explicado que lo que quieren las familias es que les concedan alquileres sociales a quienes los necesiten. “Lo que queremos es llegar a un acuerdo para que nos puedan poner un alquiler social. Que estudien los casos y que les den alquileres a quienes sí se lo merecen”, ha indicado.
Además, Samira sostiene que ha intentado recurrir al soporte de los servicios sociales de Sant Adrià del Besòs, pero que no la han querido ayudar. “He ido muchísimas veces al Ayuntamiento en busca de asistencia social, pero no me han tendido la mano”, ha detallado.
Por su parte, Jéssica, otra vecina afectada, ha reafirmado que lo que quieren es que “se revise piso por piso y al que se lo merezca y reúna los requisitos se le haga un alquiler social”. Igualmente, ha asegurado que con el desalojo 78 menores de edad se van a quedar “en la calle sin alternativa habitacional” y ha subrayado que los residentes del bloque Venus no quieren ir a vivir en las viviendas ocupadas porque si no ya se hubiesen trasladado hace nueve años. La mujer también ha reivindicado que las familias que residen en los Bloques de la Rambla son vulnerables.
El conflicto del bloque Venus, un problema que se remonta a más de dos décadas atrás
Con el desalojo de los pisos ocupados de los Bloques de la Rambla y el realojo de los vecinos del bloque Venus en estas viviendas, el Consorcio de la Mina pretende resolver un conflicto que lleva enquistado más de dos décadas. Desde el año 2002 está previsto el derribo del edificio en el marco de la transformación del barrio de la Mina, uno de los más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social de Cataluña. A pesar de ello, el edificio todavía sigue en pie.
En 2010 se contruyó el conjunto de viviendas ocupadas para poder ofrecer una alternativa habitacional al millar de residentes de los 244 pisos del bloque Venus. Sin embargo, las familias que iban a ser realojadas no accedieron a los inmuebles debido a que no estaban conformes con las condiciones, entre ellas el pago de la entrada.
Diez años más tarde, en 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó una sentencia que obligaba al Consorcio de la Mina a reactivar el proyecto de derribo del bloque Venus y determinó que se habían vulnerado los derechos de los vecinos, apoyándose en un informe del Síndic de Greuges que calificaba las condiciones de vida en el edificio de “inhumanas”. Actualmente, la previsión es que el desalojo de las familias esté finalizado en 2027 y en 2028 se produzca el derribo, como explicó el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat a finales del año pasado.
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