El regreso de Carles Puigdemont a Cataluña podría producirse antes de que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso de amparo. Según fuentes jurídicas, el juez del Supremo Pablo Llarena tendría pensado aplicar la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat una vez el tribunal de garantías dicte su primera sentencia respecto a los líderes del procés a los que el Alto Tribunal se negó a aplicar la norma al considerar que se habían enriquecido personalmente con los fondos que malversaron. El primer recurso sobre el que se pronunciará el Constitucional será el del secretario general de Junts, Jordi Turull, el cual abordará a partir del próximo 22 de septiembre y servirá para establecer una doctrina que Llarena prevé seguir para todos los casos.
Por lo tanto, una vez el Constitucional termine de deliberar sobre el recurso de amparo de Turull y se publique la sentencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que se prevé que ocurra a finales de octubre, Llarena aplicaría la amnistía también a los otros seis dirigentes, entre quienes se encuentra también el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Siempre y cuando el tribunal de garantías se pronuncie a favor de los acusados por el procés. Que Llarena haga efectiva la ley para Puigdemont conllevará la suspensión de la orden de detención que el mismo magistrado impuso y, en consecuencia, dará vía libre al líder de Junts para volver a Cataluña.
El resto de líderes del procés que presentaron recurso de amparo ante el Constitucional son el exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva, la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, el exconseller de Salud Toni Comín y el exconseller de Cultura Lluís Puig. Sobre los dos últimos también pesa una orden de detención del Supremo que también se revocará si la doctrina del tribunal de garantías es favorable a ello.
Los plazos del Constitucional respecto al recurso de amparo de Turull
En cuanto a los plazos del pronunciamiento respecto al recurso de amparo de Turull, está previsto que el Constitucional dicte sentencia en el pleno del 6 de octubre, debido a que la ponencia del pleno del 22 de agosto correrá a cargo del magistrado José María Macías. Macías es de corte conservado, por lo que se espera que haga una propuesta de resolución en contra de la aplicación de la amnistía y que esta sea rechazada por la mayoría del tribunal.
Si así ocurre, Macías podrá ceder la ponencia o mantenerla para añadir el texto que haya propuesto como voto particular. En ambos casos, en el próximo pleno, el del 6 de octubre, se dictará la sentencia. No será entonces cuando el Supremo actúe según la doctrina que marque. Esto ocurrirá una vez la sentencia ya se encuentre publicada en el BOE, lo que se prevé que ocurra alrededor del 26 de octubre.
El Tribunal de Cuentas ultima la aplicación de la amnistía a 35 exaltos cargos de la Generalitat
Por otro lado, este jueves Catalunya Ràdio ha avanzado que el Tribunal de Cuentas se reunió el miércoles para ultimar la aplicación de la ley de amnistía a los 35 antiguos altos cargos de la Generalitat encausados por los gastos relacionados con el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la promoción internacional del independentismo desde 2011 hasta 2017, a los que se les pedía 3,1 millones de euros, entre quienes se incluyen Puigdemont, Junqueras y el expresidente de la Generalitat Artur Mas. Desde el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y la gestión económica del sector público se detalla que tan solo queda que resuelvan un recurso y que con ello ya podrían hacer efectiva la norma para los 35 exdirigentes del procés.
En concreto, está previsto que la sentencia del Tribunal de Cuentas se conozca este mes de septiembre o, como tarde, a principios de octubre. Entonces, la consejera del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, ya habrá resuelto formalmente los recursos de reposición presentados por Junqueras y otros encausados.
De esta forma, el Tribunal de Cuentas actuará de acuerdo con la sentencia dictada el pasado 16 de julio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la cuestión prejudicial planteada por el órgano fiscalizador, la cual avaló la ley de amnistía al determinar que no va en contra de los intereses financieros de la Unión Europea (UE). En este sentido, los magistrados europeos concluyeron que la norma "no ha podido ocasionar una reducción de los recursos propios de la Unión".
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