La ONU ha admitido a trámite la demanda del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont para proteger sus derechos políticos. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede a Ginebra, ha aceptado la petición presentada por la abogada internacional de Puigdemont, Rachel Lindon, que denunciaba la vulneración de sus derechos a presentarse a cargos públicos (artículo 25 del Convenio de Derechos Civiles y Políticos), su derecho a la asociación política (artículo 22) y su derecho a la expresión política pacífica (artículo 19).
La demanda, similar a la presentada por los abogados de Jordi Sànchez, ha sido admitida, pero a diferencia del que hizo en el caso del expresidente del ANC, el Comité de Derechos Humanos no ha aplicado por ahora medidas cautelares en España. Ahora, la ONU ha escrito al Gobierno para que responda sobre el caso de Puigdemont en un plazo máximo de seis meses. Además, el Comité de Derechos Humanos ha pedido a la abogada del presidente destituido que indique "qué tipo de remedios" quiere exigir al Sido en caso de que se concluya que ha habido una violación de los derechos de Puigdemont.
Con respecto a la admisión a trámite de la querella de Sánchez, fuentes del Ejecutivo han subrayado que "esta comunicación no prejuzga la actuación del Gobierno ni del Poder Judicial, ni determina la adopción de medidas concretas", al tiempo que aseguran que "será debidamente respondida" en el plazo establecido de seis meses.
El Ejecutivo ha respondido así a las afirmaciones vertidas ayer por el abogado de Sánchez en las que daba a entender que el Consejo de Derechos Humanos respaldaba su denuncia y daba instrucciones al Gobierno para que tome las medidas necesarias para que Sánchez pueda ejercer sus derechos políticos.
En respuesta, las fuentes han explicado que el requerimiento del órgano de la ONU se limita a detallar los argumentos planteados por el también expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), en prisión preventiva desde el pasado mes de octubre, y concede al Gobierno español seis meses para responder.
El propio Comité de Derechos Humanos ha explicado que el requerimiento y la petición de que el Gobierno español garantice los derechos políticos de Sánchez "no implica que se haya tomado una decisión sobre la sustancia". Además, "la indicación de la adopción de medidas que formula el Comité no es vinculante, ni puede afectar a resoluciones judiciales", han subrayado las fuentes.
Asimismo recuerdan que la restricción de los derechos políticos de Sánchez, ha sido adoptada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y que el Gobierno "no puede, en modo alguno, interferir en las resoluciones judiciales dictadas".
