Junto a políticos y periodistas, hay otro colectivo en vela en Cataluña: los carteros. Los emisarios de Correos recorren estos días sin cesar los 947 ayuntamientos catalanes llevando cartas oficiales. Primero, las que enviaron ayer presidente y vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, para pedir a los alcaldes que en 48 horas confirmen los locales para la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Puigdemont y Junqueras, que firman juntos la carta, recuerdan que la ley aprobada ayer con los votos a favor de las fuerzas independentistas para dar cobertura legal al 1-O establece un "régimen jurídico excepcional" dirigido a regular y garantizar el referéndum. De acuerdo con la ley, añaden, "los ayuntamientos ponen a disposición de la administración electoral" del Govern los "locales de su titularidad que se utilizan habitualmente como centros de votación", si bien la Generalitat "puede determinar locales alternativos para hacer efectivo el derecho de voto de los electores".

De momento, las capitales de provincia están divididas. La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, ha firmado el decreto de apoyo al 1-O, mientras que el de Lleida, Àngel Ros (PSC), ha enviado la petición de Puigdemont a los servicios jurídicos. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha pedido al secretario municipal que revise si hay locales disponibles para el referéndum. Y el socialista Josep Félix Ballesteros, alcalde de Tarragona, ha dicho que no contestará a la carta mientras no haya “claridad jurídica”. Sobre el resto de alcaldes, las cuentas del PDeCAT y de la CUP en redes sociales se están encargando de difundir las imágenes de los alcaldes que sí han accedido y están firmando el decreto:

Por otra parte, el Gobierno de España ha enviado cartas a los secretarios de los 947 ayuntamientos catalanes para poner en su conocimiento todas las medidas legales que ha tomado el Ejecutivo para desactivar legalmente el referéndum y para comunicarles que han solicitado al Tribunal Constitucional la impugnación de los decretos que ayer firmó Carles Puigdemont. Además, aprovechan la misiva para recordarles que tienen el apoyo del Gobierno central para cumplir y hacer cumplir la ley.

La carta, que lleva la firma del secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, les pide que no pongan sus locales a disposición del referéndum del 1 de octubre. "Me veo en la obligación de recordarles que la convocatoria del referéndum atenta contra los artículos 1.2, 2, 9.1, 81, 92 y 168 de la Constitución Española", añade la misiva.

Por último, el Gobierno ha pedido también al Tribunal Constitucional que notifique todas las decisiones que tome sobre sus recursos e impugnaciones a todos los miembros del Govern, los altos cargos de la Generalitat y a también a los 947 alcaldes, para que esta vez nadie pueda argüir que no se habían enterado.