La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona compran un bloque de Sant Andreu para frenar su desahucio

La Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona han conseguido que se suspenda este miércoles sobre las 19.45 horas el desahucio de un bloque en el que viven al menos una treintena de vecinos, entre ellos personas en situación de vulnerabilidad y menores de edad, tras alcanzar un principio de acuerdo con la propiedad del edificio para su compra. La adquisición del edificio situado en el número 74  de la calle Llenguadoc del distrito de Sant Andreu se financiará mediante los recursos del Fondo de Emergencia Habitacional anunciado por el presidente del Govern, Salvador Illa, en el Debate de Política General celebrado la semana pasada en el Parlament. 

El acuerdo ha sido anunciado este miércoles por la tarde por el teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, y la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Lídia Guillén, en la que Valls ha señalado que la compra también ha sido posible gracias a la presión social realizada por los vecinos y activistas concentrados en frente del bloque desde la mañana con el objetivo de frenar el desahucio. Asimismo, ha apuntado que se trata de una “operación compleja que todavía está en curso”. 

Unos minutos después del anuncio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado de la paralización del desahucio “a petición de la parte propietaria después de que se haya llegado a un acuerdo con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para la compra del inmueble”. Previamente, el Consistorio había pedido ya al TSJC la suspensión del lanzamiento a causa de la vulnerabilidad de sus residentes. 

En concreto, el desahucio afectaba, según el Ayuntamiento de Barcelona, a 18 viviendas de las 20 con las que cuenta el bloque, en las que viven 32 personas, 6 de ellas menores. Sin embargo, la Confederació Sindical de l’Habitatge de Catalunya (COSHAC) ha asegurado que en el edificio residen más de 50 vecinos, de los cuales 10 no han alcanzado la mayoría de edad. 

Los procedimientos para el desalojo iniciaron en 2019

Los procedimientos para expulsar a los residentes del bloque de la calle Llenguadoc se pusieron en marcha en 2019, cuando la empresa entonces propietaria, Reale Seguros, no quiso renovar los contratos de alquiler. Así lo sostiene el Sindicato de Vivienda de Sant Andreu, que en ese entonces decidió ocupar varias de las viviendas para destinarlas a personas en situación de vulnerabilidad. En el año 2021, se ejecutó un primer desahucio de los pisos, pero volvieron a ser ocupados.

Las personas que viven en el edificio no disponen de alternativa habitacional, como explica Maria Serra, portavoz de la COSHAC, que ha remarcado también que el desalojo afecta tanto a mayores, como a niños, migrantes, refugiados y personas en riesgo social. Además, ha afirmado que los vecinos reclaman desde hace años que se regularice su situación con un alquiler al que puedan hacer frente.

El nuevo desalojo del bloque estaba previsto para este miércoles a las 8.00 horas y, con el fin de detenerlo, varios sindicatos habían convocado una hora antes una concentración frente al edificio que ha contado con más de 300 personas entre activistas y vecinos que se manifestaban para que no se produjera el lanzamiento. Fue poco antes de las 15.00 horas cuando los primeros efectivos de la unidad antidisturbios de los Mossos d’Esquadra se presentaron en la calle Llenguadoc, donde los protestantes impedían el acceso al inmueble. 

El Fondo de Emergencia Habitacional: 25 millones ampliables para detener desahucios

El Fondo de Emergencia Habitacional, aprobado este mismo martes por el Govern en la reunión del Consell Executiu, a través del cual se realizará la compra del bloque del número 74 de la calle Llenguadoc, cuenta con 25 millones de euros ampliables por parte de la Generalitat, a los que también se pueden suma la financiación que quieran aportar otras administraciones, como los ayuntamientos, así como empresas y sociedad civil. Estos recursos están destinados a la adquisición de viviendas con inquilinos vulnerables en riesgo de desahucio una vez se agotan todas las vías alternativas: la mediación, el alquiler social y la mesa de emergencia. 

Tras conocerse el acuerdo del Govern y el Ayuntamiento de Barcelona con la propiedad del bloque, el president de la Generalitat, Salvador Illa ha indicado en un mensaje en la red social X que “el Fondo de Emergencia Habitacional ha sido clave para detener un desahucio” y ha subrayado que “las políticas de vivienda funcionan a pesar de los intentos de las derechas de pararlas”. “En Cataluña plantamos cara a la especulación”, ha sostenido. 

Por su parte, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha defendido que “las medidas de protección funcionan” y ha abogado por “continuar reforzándolas”. Igualmente, ha reivindicado que “la vivienda es un derecho y garantizarlo es una prioridad de país”.