Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
Uno de los grandes anuncios del presidente del Govern, Salvador Illa, en el Debate de Política General que se ha celebrado esta semana en el Parlament ha sido la compra de vivienda conjuntamente entre la Generalitat y particulares de más de 40 años con ingresos estables, pero que no cuentan con los recursos suficientes para adquirir un inmueble. Se trata de una fórmula inédita en España y que será posible aplicar en Cataluña gracias a que cuenta con un código civil propio que lo permite. En su comparecencia, el jefe del Ejecutivo catalán dio a conocer que esta medida contará con una dotación inicial de 100 millones de euros y ahora desde el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica se ha dado a conocer que está previsto que la primera convocatoria se encuentre activa a partir de enero de 2027, a través de la cual podrían comprarse alrededor de 2.000 viviendas.
Esta cifra es la estimación que fuentes del Govern hacen teniendo en cuenta el número de viviendas que se han podido adquirir mediante la última convocatoria anual del plan de préstamos para la emancipación de jóvenes del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), la cual también disponía de un presupuesto de 100 millones anual. Sin embargo, desde el Ejecutivo catalán se apunta que la cantidad real de inmuebles que se podrán obtener con los primeros 100 millones de euros de la nueva estrategia de adquisición conjunta entre Administración y particulares dependerá del precio de las viviendas. “Asimilamos que pueden ser alrededor de 2.000”, señala el Departamento, aunque indica que todavía tiene que fijarse “un mínimo de restricción”.
Un mínimo de restricción que, según el Govern, no se tratará de fijar una cantidad exacta como precio máximo de las viviendas que se adquieran a través de este plan, como sí ocurre en el caso de los préstamos de emancipación, pero que es necesario que haya para evitar el incremento de los precios en el mercado habitacional catalán. En este sentido, explican que, si no se establecen unos límites, “podría pasar que los promotores subiesen los precios porque haya más gente capaz de comprar”.
Por el contrario, sí que se establecerá un límite fijo respecto a los ingresos brutos anuales máximos de las personas que vayan a participar en la convocatoria, el cual previsiblemente se situará en 6,5 veces el Indicador de la Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), el mismo que se pide a las personas que quieren acceder a los préstamos de emancipación. En estos momentos, esto significa tener unas ganancias de como máximo 62.544,17 euros al año.
Funcionamiento de la compra conjunta entre Generalitat y particulares
La compra conjunta de inmuebles entre la Generalitat y particulares tendrá algunas características que variarán dependiendo de la edad. En el caso de las personas de entre 40 y 55 años, el Govern comprará el 50% de la vivienda y podrán disfrutar de la vivienda durante 50 años, mientras que en el de los ciudadanos de 56 años o más, adquirirá el 60% y podrán residir sin pagar más a lo largo de 40 años.
Una vez finalicen los 40 o 50 años, los particulares podrán decidir si compran también la parte de Generalitat o, por el contrario, el Govern se queda la vivienda -de protección permanente desde el momento de la adquisición- para incorporarla al parque de vivienda de protección oficial. Durante el tiempo en el que la titularidad del inmueble sea compartida, el ciudadano que lo haya adquirido podrá venderlo o dejarlo en herencia.
En ambos supuestos, la persona que se quede con la vivienda podrá vivir en ella durante el tiempo restante hasta el cumplimiento del plazo y, cuando finalice, también contará con la oportunidad de hacerse con la parte de la Generalitat. En el caso de la venta, el Govern siempre tendrá preferencia para comprar la parte del particular y, al tratarse de un piso protegido, no podrá venderse por un importe superior al precio de compra sumado al Índice de Precios de Consumo (IPC) acumulado durante los años que hayan pasado desde la operación y al coste de cualquier reforma que se haya podido realizar.
La legislación que permite la compra temporal y compartida
La compra conjunta de vivienda entre la Generalitat y particulares se recoge en la ley 19/2025, la cual delimitó el estatuto jurídico propio de dos formas de propiedad, la temporal y la compartida, y las incorporó al Código Civil de Cataluña. En su preámbulo se indica que “la propiedad temporal otorga a su titular el dominio de un bien durante un plazo cierto y determinado, vencido el cual el dominio pasa a ser del titular sucesivo”, que en este caso sería el Govern si el ciudadano no quiere comprar su parte. Asimismo, se explica que “la propiedad compartida confiere a uno de los dos titulares, que recibe el nombre de propietario material, una cuota inicial del dominio, y la posesión, el uso y disfrute exclusivo del bien y el derecho a adquirir la cuota restante del otro titular, que recibe el nombre de propietario formal”.
Esta ley se incorpora al libro quinto del Código Civil catalán mediante la introducción del capítulo VII (referido a la temporalidad) en el título IV del derecho de propiedad y del capítulo VI (sobre la adquisición conjunta de un bien) en el título V de las situaciones de comunidad. En concreto, es en los artículos 547 y 556 en los que se reconocen las, hasta su introducción, figuras inéditas en España que permiten la propiedad temporal y la compartida, respectivamente. A pesar de aprobarse en 2015 la ley, la fórmula que ha anunciado la Generalitat se aplicará ahora por primera vez.
Los otros anuncios: el fondo para frenar desahucios y la ampliación de los préstamos de emancipación
Aparte de la compra conjunta de vivienda, Illa también hizo otros dos anuncios en materia de vivienda en su comparecencia. Por un lado, la creación de un fondo de emergencia habitacional de 25 millones de euros ampliables por parte de la Generalitat destinado a la adquisición de inmuebles en alquiler con inquilinos en riesgo de desahucio debido a una situación de vulnerabilidad una vez se hayan agotado todas las vías alternativas: la mediación, el arrendamiento social y la mesa de emergencia. De esta manera, se evitarán sus lanzamientos y se sumarán los pisos al parque público de protección permanente. Desde el Govern esperan que se sumen a esta iniciativa otras administraciones como las entidades municipales, empresas y sociedad civil.
Por el otro, el jefe del Ejecutivo catalán también avanzó que se ampliará el ya mencionado programa de préstamos de emancipación del ICF para personas de entre 18 y 40 años, los cuales hasta ahora aportaban el 20% del precio de la vivienda hasta un máximo de 50.000 euros al 0% de interés y sin comisiones. A partir de ahora se podrá incluir dentro del coste de compra las obras de rehabilitación necesarias para obtener la cédula de habitabilidad y se podrán utilizar los créditos para adquirir pisos de protección oficial. Todos los inmuebles comprados por esta vía pasarán a estar protegidos permanentemente.
Paneque señala que la compra conjunta de vivienda servirá para que los fondos se vayan
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, señala que las medidas anunciadas por Illa permitirán seguir adelante con el objetivo de ampliar el parque de vivienda pública protegida de manera permanente y, por lo tanto, asequible para los ciudadanos. En este sentido, la también portavoz del Govern subraya que la compra conjunta de vivienda es una medida que actuará “en diferentes frentes”, debido a que no solo servirá para que las personas de más de 40 años con dificultades para pagar la entrada puedan acceder a un inmueble, sino también para “activar a la clase media trabajadora” para ser propietaria y ayudar a la Generalitat a incrementar el parque público adquiriendo que ahora se encuentran en propiedad de fondos.
“Este era un objetivo que tenía el Govern, que todo lo que se ha construido y lo que construyamos esté destinado a vivir y a que las familias tengan una vivienda habitual”, apunta la consellera, que remarca que las políticas de regulación del mercado habitacional y en contra de la especulación aplicadas por la Generalitat están consiguiendo que los fondos buitre se vayan de Cataluña. “En el momento en que hemos aplicado políticas que desincentivan que se utilice la vivienda como un bien financiero, hay fondos que han anunciado que no les interesa (continuar en el territorio catalán) y, por lo tanto, ponen a la venta estos activos”, asegura.
Por otro lado, Paneque afirma que la intención del Govern es que, en caso de que funcione bien su convocatoria inicial, el plan de compra conjunta entre Generalitat y particulares se extienda en el futuro. “De momento, vamos con esta primera convocatoria, que esperamos que a partir de enero de 2027 pueda estar activa y, si funciona, igual que hemos hecho con el fondo de emancipación, iremos repitiendo”, avanza.
