La Fiscalía ha acusado al Ayuntamiento de Badalona de incumplir la orden de desalojo del instituto B9 por no ofrecer “ningún tipo de ayuda” a las cerca de 170 personas expulsadas del macro asentamiento el pasado 17 de diciembre. En el escrito del 10 de marzo se indica que el Consistorio gobernado por Xavier García Albiol no respetó la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona, que autorizó el desahucio del equipamiento que llegó a acoger a más de 400 migrantes en situación de vulnerabilidad.
Según la Fiscalía, el Ayuntamiento del Partido Popular no dio ninguna alternativa habitacional a los desalojados, incumpliendo lo ordenado por la jueza y la mayoría de las personas expulsadas “se quedaron en situación de calle a pesar de las inclemencias del tiempo”. Cabe recordar que, tras el desahucio del instituto B9, decenas de personas se vieron a la intemperie en unas fechas en las que la ciudad afrontó fuertes lluvias y una ola de frío. Muchas de ellas bajo el puente de la carretera C-31, las cuales fueron realojadas por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat y diversas entidades sociales ante la inacción del Gobierno municipal.
El escrito recogido este miércoles por El País lo deja claro: una vez desalojados, los antiguos habitantes del que fuera el mayor asentamiento de personas sin techo de toda Cataluña no recibieron “ningún tipo de soporte o ayuda efectiva por parte del Consistorio”. Razón por la que defiende que la acción del Ayuntamiento de Albiol incumple el auto judicial que ordenó el desahucio. Ahora la pelota está en el tejado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona, que será el que decida si el Gobierno municipal respetó su resolución.
El Ayuntamiento de Albiol incumple su propia metodología frente al sinhogarismo
Asimismo, la Fiscalía achaca al Ayuntamiento de Badalona no contar con ningún protocolo de atención a las personas sin hogar, como el propio Consistorio reconoció en el informe que realizó a petición de la jueza que ha llevado el caso. En el documento enviado hace alrededor de un mes, el Gobierno de Albiol afirma que, a pesar de no disponer de un protocolo, cuenta con una metodología para actuar frente a casos de sinhogarismo.
Esta estaría basada en cuatro fases: la detección y primera intervención, la valoración para identificar el grado de vulnerabilidad, la derivación a recursos que atiendan o proporcionen alternativas habitacionales y el seguimiento de los casos. Sin embargo, el escrito de la Fiscalía señala que el Ayuntamiento tampoco siguió las indicaciones de su propia metodología.
Badalona no dispone de ningún albergue municipal
El desentendimiento del Ayuntamiento de Badalona respecto a las personas sin hogar no solo se ha podido comprobar con el caso del instituto B9. De hecho, desde el inicio de 2026, cinco personas sin techo han fallecido en las calles de la ciudad, mientras el municipio sigue sin contar con ningún albergue municipal. El único que había en la localidad, el de Can Bofí Vell, fue cerrado en abril de 2024. Desde entonces, tanto entidades sociales como la oposición e incluso, con motivo del desalojo del B9, la conselleria de Derechos Sociales han reclamado su reapertura.
Una de las entidades que ha exigido con mayor insistencia la apertura de un albergue municipal en la ciudad ha sido la plataforma Badalona Acull, que ha pedido al Ayuntamiento que abra “un espacio a disposición de las personas que no tienen donde refugiarse o pasar la noche en días de frío”. Asimismo, la oposición ha pedido que el Consistorio amplíe los recursos para ofrecer atención y alojamiento de emergencia, así como la elaboración de una estrategia local integral para hacer frente al sinhogarismo.
