Las aguas bajan turbias en el mundo independentista. A estas alturas hay dos posturas: quienes pretenden la investidura de Carles Puigdemont, cueste el que cueste, y los que proponen una presidencia virtual en Bélgica por Puigdemont, pero un presidente con todos los poderes que gobierne desde Barcelona.
Aunque los más cercanos a Puigdemont proponen dos alternativas, vía skype o por persona interpuesta, todo parece indicar que los informes jurídicos tanto de los letrados del Parlamento como los pedidos por ERC serán definitivos: el candidato a presidente de la Generalitat tiene que hacer el discurso in situ, o sea presente en la Cámara, pues el candidato tiene que someter en debate del Parlament su programa de gobierno y lo tiene que hacer "delante" de los diputados. Esto es el que dispone tanto el Estatuto como la Ley del Presidente de la Generalitat, esta última aprobada en 2008, que en su artículo 4.3 dice: "El candidato o candidata propuesto presenta ante el Pleno su programa de gobierno y solicita la confianza de la cámara".
Incluso Oriol Junqueras, en su petición de traslado a una prisión catalana para ir al Parlament el día 17 y sucesivos, argumenta que el artículo 4.1 del reglamento del Parlamento dice que los diputados tienen que asistir a la Cámara pues son insustituibles y su voto no es delegable. Exactamente, este artículo dice que "los diputados tienen el derecho de asistir a todas las sesiones del Parlamento y el deber de asistir en los debates y a las votaciones del Pleno". Esta posición de Junqueras es contradictoria a la voluntad de Puigdemont de hacerse elegir a distancia.
Esquerra Republicana y el PDCat están de acuerdo en que ahora hay que trabajar desde la Generalitat "gobernando" en una legislatura de cuatro años, sin sacudidas continuas. El nuevo Gobierno de la Generalitat, que cuando se constituya dejará sin efecto el artículo 155, legislará cumpliendo la normativa del Estatuto y la Constitución, abandonado la vía unilateral de confrontación con el Estado. Este propósito está claro para ensanchar el voto independentista, que ahora está en el 43%. La opción es tener cuatro años de tranquilidad y no volver a la vía independentista hasta que en unas elecciones no se superen, como mínimo, la mitad de los sufragios. "Tenemos la mayoría absoluta de diputados, pero no de votos", afirman ahora las diversas fuentes independentistas.
Tanto desde ERC como desde el PDCat se ha llegado a la conclusión de que la vía unilateral, que hoy por hoy sólo defiende la CUP (que pretende implementar ya la república votada el octubre pasado) y Puigdemont y sus más fieles seguidores, no es conveniente para Cataluña. Artur Mas, en su despedida como presidente del PDCat soltó que él siempre ha puesto primero Cataluña, en segundo lugar, su partido y ha dejado por el final sus aspiraciones personales. Aunque dijo que no era un consejo por Puigdemont, indirectamente estaba señalando que Puigdemont tendría que dar un paso al lado como hizo él hace dos años y abrir la puerta a nuevas personas.
Precisamente hoy, Quim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart declaran ante el Supremo que abandonan la vía unilateral y reconocen el Estado de derecho. Estas declaraciones serían un aspecto más de los cambios dentro del movimiento independentista. Con Jordi Sànchez libre, podría ser uno de los candidatos a asumir la presidencia de la Generalitat en ninguna parte de Puigdemont.
Por otra parte, Carme Forcadell ha comunicado públicamente una cosa que hacía días que se sabía: no continuará como presidenta del Parlament, lo cual abre la negociación dentro de ERC, su partido. De momento, Ernest Maragall, que será el presidente de la mesa de edad en la constitución de la Cámara, parece que se habría ofrecido, pero su perfil no está demasiado muy bien visto por diferentes sectores internos. Eso sí, habría asegurado que si fuera presidente del Parlamento seguiría las indicaciones de los letrados y no forzaría las interpretaciones del reglamento.
Sigue la instrucción judicial
Mientras la acción política va, por un lado, la acción judicial trabaja de forma paralela. Hoy mismo se ha sabido que el juez del Tribunal Pablo Llarena ha citado como testigos al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, encargado de la coordinación policial ante el 1 de octubre, así como de los ex consejeros Jordi Jané, Neus Munté, Meritxell Ruiz y Jordi Baiget, así como la del exdirector general de la Policía Albert Batlle. Todos ellos dimitieron antes del 1 de octubre disconformes con la forma de hacer la consulta.
Así mismo, el magistrado Llarena quiere saber dónde han ido a parar el dinero de unas transferencias de la Generalitat a una cuenta del BBVA en Bruselas y una transferencia a la delegación de la Generalitat en Croacia. Finalmente, Llarena ha pedido al juzgado 13 de Barcelona una copia de la agenda incautada a Josep Maria Jové.
